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El descubrimiento en 2008 de que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a decenas de hombres jóvenes de Soacha, una localidad pobre cercana a la capital, Bogotá, obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran responsables de ejecuciones extrajudiciales y a adoptar medidas para abordar el problema.
La cifra de desplazamientos en Colombia es una de las más elevadas del mundo: entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas y buscar refugio en otros puntos del país, y se cree que otras 500.000 han huido a los países vecinos.
En Colombia, algunas comunidades se han unido para pedir a todas las partes enfrentadas –paramilitares, fuerzas de seguridad y grupos de guerrilla– que respeten su derecho como civiles a no verse involucradas en el conflicto. Una de ellas es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó luchan por su derecho a la vida y a proteger sus tierras frente a la invasión de las plantaciones ilegales de palma. Pese a los ataques contra sus miembros y dirigentes, la valerosa resistencia de estas comunidades continúa.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) es una coalición de más de 200 organizaciones no gubernamentales sociales y de derechos humanos que se formó en 2004. Hace campaña por la verdad, la justicia y la reparación de decenas de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia.
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