Por los derechos humanos en todo el mundo

Frente a la tragedia de derechos humanos que sufren millones de civiles en Colombia, algunas comunidades se han unido para pedir a todas las partes enfrentadas –paramilitares, fuerzas de seguridad y grupos de guerrilla– que respeten su derecho como civiles a no verse involucradas en el conflicto.

Una de ellas es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que se estableció en 1997.  Los miembros de la Comunidad de Paz se han comprometido a no participar en el conflicto y se niegan a empuñar armas o a proporcionar información o apoyo logístico a cualquiera de las partes enfrentadas. A cambio, les piden que no entren en sus comunidades y que respeten su decisión de no participar ni colaborar con ninguna de ellas.

El ejército, los paramilitares y los grupos de guerrilla han respondido con suspicacia y hostilidad. Las autoridades gubernamentales, las fuerzas de seguridad y los paramilitares han afirmado incesantemente que se trata de una comunidad subversiva, mientras que los grupos de guerrilla han acusado a la Comunidad de Paz de aliarse con sus enemigos.

La Comunidad de Paz ha pagado un alto precio por su postura de principios. Desde su creación, más de 170 personas, entre miembros de la Comunidad de Paz y otros civiles residentes en la zona, han sido víctimas de homicidio o desaparición forzada,  la inmensa mayoría a manos de paramilitares que, en ocasiones, actuaban en colaboración con las fuerzas de seguridad. Los abusos incluyeron violencia sexual contra las mujeres.

Amnistía Internacional lleva años haciendo campaña para exigir a los sucesivos Gobiernos de Colombia que tomen medidas dirigidas a garantizar la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz, lo que incluye poner fin a la impunidad de la que se beneficia la inmensa mayoría de los autores de abusos y desarticular las fuerzas paramilitares que actúan en la zona con el respaldo del ejército.

La presión y la solidaridad internacionales han proporcionado ciertas garantías de seguridad y han influido en la consecución de ciertos avances, aunque limitados, en algunas investigaciones criminales. Sin embargo, miembros de la Comunidad de Paz siguen siendo objeto de ataques, amenazas de muerte y otras violaciones de derechos humanos.

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