China es el país donde se llevan a cabo casi el 65% de todas las ejecuciones del mundo: sólo en 2006 fueron ejecutadas al menos 1.010, aunque otras fuentes elevan la cifra entre 7.500 y 8.000.

Según las autoridades Chinas el número de personas condenadas a muerte y ejecutadas ha descendido tras el restablecimiento de la revisión de todas las sentencias de muerte por el Tribunal Supremo Popular. Amnistía Internacional considera que es una medida positiva, aunque no sirve por sí sola para resolver los problemas inherentes al sistema de pena de muerte en China, puesto que no garantiza que quienes puedan ser condenados a muerte en China sean sometidos a un juicio justo. Asimismo, es imprescindible para confirmar esas afirmaciones que se publiquen estadísticas nacionales completas sobre la aplicación de la pena de muerte en China puesto que la aparente reducción de las ejecuciones puede que se deba al creciente número de ellas que hay “atrasadas” por estar los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo Popular revise sus casos.

La única forma de proteger plenamente a los acusados de injusticias irreversibles y garantizarles el derecho a la vida consiste en abolir por completo la pena de muerte. Amnistía Internacional insta a las autoridades a tomar medidas para la consecución de este fin lo antes posible, incluida la reducción del número de delitos punibles con la muerte. Actualmente, la pena de muerte se sigue aplicando a unos 68 delitos tipificados en el Código Penal chino, entre los que se incluyen varios delitos violentos como el atraco, la violación y el asesinato. Se aplica también en el caso de algunos delitos no violentos como delitos económicos (por ejemplo, fraude fiscal y malversación) y delitos relacionados con drogas.

Se ejecuta a los condenados a muerte disparando contra ellos, habitualmente en la nuca y también con frecuencia creciente, por inyección letal. Desde 1996, año en que se introdujo la inyección letal junto con reformas de la Ley de Procedimiento Penal, se han fabricado decenas de camionetas itinerantes de ejecución.

Amnistía Internacional ha expresado el temor de que el uso de la inyección letal facilite la extracción de órganos para transplantes. La organización teme desde hace mucho tiempo que el comercio lucrativo de órganos haya sido un gran incentivo económico para continuar con las ejecuciones. Se corre así el riesgo de que los condenados a muerte se conviertan en una fuente reconocida de órganos, y que esta realidad  dificulte la adopción y aplicación de medidas para abolir la pena de muerte.

La pena de muerte supone una violación del derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes y es contraria a uno de los principios fundamentales del Olimpismo como es la preservación de la dignidad humana.