China es el país donde se llevan a cabo casi el 65% de todas las ejecuciones del mundo: en 2007, AI documentó 470 ejecuciones basándose sólo en informes públicos. Puesto que las autoridades chinas siguen sin hacer público el número de personas ejecutadas, es imposible conocer su número exacto, aunque fuentes como la Fundación Dui Hua hablan de entre 5000 y 6000 ejecuciones sólo en 2007.

Los que se enfrentan a la pena capital no son juzgados según estándares internacionales, siendo habituales la falta de una asistencia letrada desde los primeros momentos de la detención, la falta de presunción de inocencia, las injerencias políticas durante el proceso o la aceptación de confesiones realizadas bajo tortura.

Según las autoridades Chinas el número de personas condenadas a muerte y ejecutadas ha descendido tras el restablecimiento de la revisión de todas las sentencias de muerte por el Tribunal Supremo Popular desde enero de 2007. Amnistía Internacional considera que esta medida es positiva. Sin embargo, es imprescindible para confirmar esas afirmaciones que se publiquen estadísticas nacionales completas sobre la aplicación de la pena de muerte en China puesto que la aparente reducción de las ejecuciones durante 2008 puede que se deba al creciente número de ellas que hay “atrasadas” por estar los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo Popular revise sus casos.

La única forma de proteger plenamente a los acusados de injusticias irreversibles y garantizarles el derecho a la vida consiste en abolir por completo la pena de muerte. Amnistía Internacional insta a las autoridades a tomar medidas para la consecución de este fin lo antes posible, incluida la reducción del número de delitos punibles con la muerte. Actualmente, la pena de muerte se sigue aplicando a unos 68 delitos tipificados en el Código Penal chino, entre los que se incluyen varios delitos violentos como el atraco, la violación y el asesinato. Se aplica también en el caso de algunos delitos no violentos como delitos económicos (por ejemplo, fraude fiscal y malversación) y delitos relacionados con drogas.

Se ejecuta a los condenados a muerte disparando contra ellos, habitualmente en la nuca y también con frecuencia creciente, por inyección letal. Desde 1996, año en que se introdujo la inyección letal junto con reformas de la Ley de Procedimiento Penal, se han fabricado decenas de camionetas itinerantes de ejecución.

Amnistía Internacional ha expresado el temor de que el uso de la inyección letal facilite la extracción de órganos para transplantes. La organización teme desde hace mucho tiempo que el comercio lucrativo de órganos haya sido un gran incentivo económico para continuar con las ejecuciones. Se corre así el riesgo de que los condenados a muerte se conviertan en una fuente reconocida de órganos, y que esta realidad  dificulte la adopción y aplicación de medidas para abolir la pena de muerte.

La pena de muerte supone una violación del derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes y es contraria a uno de los principios fundamentales del olimpismo como es la preservación de la dignidad humana.