

Al acoso de que son objeto los defensores y defensoras de los derechos humanos, se añade el que sus abogados se arriesgan a perder la licencia, a ser perseguidos, o en ocasiones, a ser acusados de delitos como "filtrar secretos de Estado al exterior", o "atentar contra la seguridad del Estado". Ante esta situación, solo unos pocos de los más de 156.000 abogados y abogadas que ejercen en China, asumen el riesgo de representar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Fuentes de China han informado a Amnistía Internacional que las autoridades judiciales de Pekín han advertido severamente a varios abogados de derechos humanos, a través de los bufetes en los que trabajan, que no se ocupen de asuntos relacionados con los disturbios de Sin-Kiang. Los letrados que aceptaron, en su momento, casos relativos a los disturbios ocurridos en la Región Autónoma del Tíbet tuvieron que regresar a la capital e informar de su trabajo a las autoridades judiciales.
Desde la primavera de 2011, las detenciones y desapariciones de abogados van en aumento en un intento de intimidarles. Además, los juicios sin garantías, que no cumplen los estándares internacionales, son habituales. Las confesiones bajo tortura siguen siendo una práctica común aceptada en los tribunales, pese a que aseguran que se está trabajando para lograr su prohibición. Y la actuación de la abogacía se ve limitada hasta el punto en que, con frecuencia, no se le permite entrar en contacto con la personas a la que defienden hasta momentos antes del juicio.
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