Las ventas de armas de China y Rusia están avivando las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Darfur, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Estas transferencias subrayan la urgente necesidad de fortalecer el inefectivo embargo de armas impuesto por la ONU, y de que los gobiernos acuerden un Tratado sobre el Comercio de Armas que sea efectivo. 

Amnistía Internacional ha publicado un informe, Sudan: No end to the conflict in Darfur, que documenta como China, Rusia y Bielorrusia continúan suministrando armas y municiones a Sudán pese a las pruebas fehacientes de que las armas se utilizarán contra civiles en Darfur. Entre las exportaciones figuran importantes cantidades de munición, helicópteros artillados, aviones de ataque, cohetes aire-tierra y vehículos blindados.

Se calcula que 70.000 personas se vieron obligadas a desplazarse del este de Darfur en 2011 en una oleada de ataques de motivación étnica lanzados contra la comunidad zaghawa por las milicias y las fuerzas gubernamentales sudanesas.

“China y Rusia están vendiendo armas al gobierno de Sudán pese a tener pleno conocimiento de que es probable que muchas de ellas terminen utilizándose para cometer violaciones de derechos humanos en Darfur”, ha manifestado Brian Wood, experto en cuestiones militares y policiales de Amnistía Internacional. 

“El conflicto de Darfur se mantiene por el constante flujo de armas procedentes del extranjero. Para prevenir nuevas violaciones graves de derechos humanos, es preciso suspender de inmediato todas las transferencias internacionales de armas a Sudán, y ampliar a todo el país el embargo de armas de la ONU”.

La semana que viene, en la sede de la ONU en Nueva York, el Consejo de Seguridad examinará de nuevo las sanciones impuestas a Sudán. Los gobiernos reanudarán además las conversaciones cruciales sobre un futuro Tratado sobre el Comercio de Armas. Un tratado efectivo obligaría a los gobiernos a detener las transferencias cuando exista un riesgo sustancial de que las armas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos o crímenes de guerra.

“Hasta que los gobiernos no acuerden un tratado enérgico sobre el comercio de armas, con normas específicas sobre el respeto de los derechos humanos, los embargos de armas de la ONU seguirán burlándose, y millones de personas seguirán sufriendo las consecuencias de las transferencias de armas irresponsables, como sucede en Darfur”, ha manifestado Brian Wood. 

Las armas enviadas al gobierno de Sudán las utilizan en Darfur tanto directamente las Fuerzas Armadas de Sudán, como las milicias respaldadas por el gobierno, entre las que se encuentra la Fuerza de Defensa Popular. Esta última, equipada por las Fuerzas Armadas, opera bajo su mando y conjuntamente con ellas: entre otras cosas, se desplaza en vehículos de las Fuerzas Armadas. 

Las Fuerzas Armadas, otras agencias de seguridad sudanesas y las milicias respaldadas por las Fuerzas Armadas están utilizando en Darfur armas pequeñas y municiones fabricadas en China.

El 1 de diciembre de 2011 tuvo lugar un ataque en el campo de Zam Zam, que alberga a personas desplazadas por el conflicto, en el que las fuerzas de seguridad sudanesas llevaron a cabo un saqueo durante el cual un hombre murió por disparos y otras seis personas resultaron heridas de gravedad. Los testigos declararon haber encontrado, tras el asalto, munición con los códigos de fabricación chinos “41” y “71” y las fechas de fabricación (20)06 y (20)08, lo que indica que se transfirieron a Darfur después de la imposición del embargo de armas. 

Amnistía Internacional ha descubierto que en 2011 también se encontró en Kordofán del Sur munición fabricada en 2010 con códigos de fabricación chinos. 

Durante los combates de 2011 en el este de Darfur se observó un patrón reiterado de ataques aéreos, contra blancos tanto militares como civiles, con equipo de las Fuerzas Armadas de Sudán, como aviones Sujói-25 de ataque a tierra, helicópteros artillados Mi-24 y aviones de transporte Antonov utilizados como bombarderos rudimentarios pero efectivos.

Amnistía Internacional ha sabido que Sudán recibió 36 nuevos helicópteros artillados Mi-24 entre 2007 y 2009. La sustitución constante de los Mi-24 por parte de la Federación Rusa permite que los ataques contra Darfur continúen. 

Una fotografía tomada en el aeropuerto de San Petersburgo, en la Federación Rusa, en mayo de 2011 muestra un nuevo helicóptero artillado Mi-24P pintado con el emblema de las Fuerzas Armadas de Sudán que, al parecer, aguarda a ser exportado a Sudán.

Amnistía Internacional ha obtenido pruebas del uso de cohetes aire-tierra en varios ataques aéreos lanzados por las Fuerzas Armadas de Sudán en 2011 tanto en Darfur como en otros puntos de Sudán. Estos cohetes se han fabricado en varios países de la antigua Unión Soviética, y coinciden con las armas de los helicópteros artillados Mi-24 y los aviones de ataque a tierra Su-25. 

Sudán ha seguido importando un número significativo de vehículos blindados desde Bielorrusia y la Federación Rusa. Amnistía Internacional ha documentado el uso tanto de vehículos blindados BTR-80A como de lanzacohetes múltiples montados en vehículos tipo Land Cruiser en operaciones de las Fuerzas Armadas de Sudán y en operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas de Sudán y la Fuerza de Defensa Popular en el este de Darfur en la primera mitad de 2011.


Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que: 

• amplíe de inmediato el actual embargo de armas de la ONU para que abarque todo Sudán, con el fin de impedir la llegada de suministros militares y afines a todas las partes en el conflicto de Darfur. Este embargo debe seguir siendo supervisado por un grupo de expertos de la ONU dotado de recursos suficientes que informe regularmente al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad. El grupo de expertos debe llevar a cabo investigaciones internacionales y debe supervisar periódicamente los principales puertos de entrada a Sudán para garantizar que se respeta el embargo; 

• pida al gobierno de Sudán que cumpla el embargo existente de armas sobre Darfur impuesto por la ONU, lo cual incluye poner fin a todos los vuelos militares ofensivos y pedir al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU autorización previa para introducir equipo y suministros militares en Darfur.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que introduzcan un Tratado sobre el Comercio de Armas que sea efectivo y que incluya: 

• enérgicos parámetros de derechos humanos para impedir la transferencia de armas convencionales cuando exista un riesgo sustancial de que esas armas puedan utilizarse para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;

• un ámbito amplio que incluya todo el armamento, las municiones y otro tipo de equipos y materiales utilizados por el ejército y los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley;

• normas sólidas para su aplicación y su cumplimiento, incluidos sistemas nacionales de autorización y concesión de licencias. 

El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, debe cancelar los planes militares para desplazar forzosamente a unos 2.300 residentes beduinos de Cisjordania a una zona junto al vertedero municipal de Jerusalén. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, en un nuevo informe hecho público hoy.

En el informe, titulado Stop the Transfer: Israel about to expel Bedouin from homes to expand settlements, la organización pide al ejército israelí que ordene el cese inmediato de todas las demoliciones en las 20 comunidades afectadas por el plan.

Amnistía Internacional ha manifestado que las promesas verbales realizadas por las autoridades militares de Israel en las últimas semanas respecto a no ejecutar las órdenes pendientes de demolición en Khan al Ahmar, una de las comunidades beduinas designadas para ser desplazadas en el distrito de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, no son suficientes.

“Miles de beduinos que viven en algunas de las comunidades más vulnerables de Cisjordania se enfrentan a la destrucción de sus hogares y de sus medios de subsistencia a causa de este plan militar israelí. Muchos son refugiados reconocidos, y algunos se han visto obligados a desplazarse en múltiples ocasiones desde 1948”, ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades israelíes deben garantizar el derecho a una vivienda adecuada a los residentes de las 20 comunidades, al igual que a la población palestina de toda la Cisjordania ocupada. Esto significa que deben protegerlos de los desalojos forzosos y deben mantener consultas auténticas con todas las comunidades.”

En julio de 2011, las autoridades de la Administración Civil de Israel hablaron por primera vez a los organismos de la ONU de un plan para desalojar a unos 2.300 residentes de 20 comunidades beduinas en el distrito de Jerusalén y trasladarlos a un lugar situado a unos 300 metros del vertedero municipal de Jerusalén.

Las 20 comunidades están actualmente ubicadas cerca de asentamientos ilegales en el bloque de asentamientos de Ma’ale Adumim, muchos de ellos en zonas designadas para la expansión de los asentamientos.

El ejército israelí considera que la mayoría de las estructuras de estas comunidades –situadas en el Área C de la Cisjordania ocupada, en la que Israel mantiene la autoridad respecto a la planificación y la delimitación– están construidas ilegalmente, sin los permisos necesarios. Sin embargo, para las comunidades palestinas resulta prácticamente imposible obtener permisos de construcción en el Área C. Se han dictado órdenes de demolición para la mayoría de las estructuras de estas comunidades, incluidas casas, cocinas, retretes exteriores, cobertizos para animales y dos escuelas primarias.

Las autoridades militares israelíes no han consultado a los representantes de las comunidades beduinas sobre el plan de desplazamiento. Los representantes de las comunidades han dicho a Amnistía Internacional que rechazan el plan porque, si los trasladan a una zona restringida cerca del vertedero, les será imposible mantener su forma de vida tradicional.

Israel ya trasladó forzosamente a familias beduinas a esa misma zona a finales de la década de 1990, y situó casas a tan sólo 150 metros del vertedero. Los beduinos que viven allí han dicho a Amnistía Internacional que el lugar no era adecuado para su forma de vida, que tuvieron que vender su ganado porque no había zonas de pasto, y que sufrían elevados índices de desempleo. Algunos han regresado a las zonas de las que los desplazaron.

Según el Ministerio de Protección Medioambiental israelí, el vertedero recibe hasta 1.100 toneladas de basura al día, la mayoría procedente de Jerusalén. El Ministerio ha informado de que el vertedero provoca contaminación del aire, del suelo y posiblemente del agua, no está debidamente vallado y entraña “peligro de explosión e incendios” a causa del gas metano no tratado producido por la descomposición de la basura.

Aunque está previsto que este año deje de utilizarse el vertedero, no se ha acordado ningún plan de rehabilitación, lo que significa que el riesgo medioambiental seguirá existiendo, probablemente, durante años.

Las autoridades israelíes han subrayado que, dentro del plan de desplazamiento, está previsto conectar a las comunidades beduinas reasentadas a las redes de agua y electricidad. No han explicado por qué pueden proporcionar esos servicios a asentamientos ilegales y asentamientos no reconocidos de Cisjordania, pero no a las comunidades beduinas que llevan mucho tiempo allí instaladas.

Las 20 comunidades beduinas han creado un “comité de protección” para coordinar su respuesta al plan de desplazamiento. La preferencia expresa del comité sería regresar, de acuerdo con su derecho internacionalmente reconocido de retorno, a sus tierras en el desierto del Negev, en Israel, de donde fueron desplazadas por las autoridades israelíes en la década de 1950.

Las comunidades han manifestado que su segunda opción sería que las autoridades israelíes reconozcan su derecho a permanecer en sus hogares actuales, las conecten a las redes de agua, de electricidad y viarias, y levanten las restricciones arbitrarias a su libertad de circulación. A causa de estas restricciones, muchos beduinos deben comprar forraje para alimentar a sus ovejas y cabras, que antes podían pastar, y se ven obligados a vender su ganado.

Como última opción, los beduinos estarían dispuestos a negociar la posibilidad de reasentarse de nuevo, si la Administración Civil los trata como parte negociadora en condiciones de igualdad.

El general Eitan Dangot, coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, visitó la comunidad de Khan al Ahmar la semana pasada y, según los informes, prometió a los residentes que sus casas y su escuela comunitaria no se demolerían, y que no serían trasladados al emplazamiento junto al vertedero. Les dijo que la comunidad sería trasladada a un lugar diferente en la Cisjordania ocupada.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha afirmado que eso no basta.

“Las autoridades militares israelíes están disfrazando sus planes al presentarlos como una manera de proporcionar a los beduinos servicios básicos como agua y electricidad, pero lo cierto es que ese reasentamiento forzoso de los beduinos sólo servirá para perpetuar años de desposeimiento y discriminación, y constituiría un crimen de guerra”, ha manifestado Ann Harrison.

“Las promesas informales no bastan para estas comunidades. El ministro de Defensa israelí debe cancelar formalmente esta política.”

Información complementaria

La construcción en asentamientos ilegales israelíes aumentó en un 20 por ciento en 2011, según Peace Now, grupo de vigilancia de la situación en Israel, y las autoridades israelíes reconocieron 11 nuevos asentamientos, que albergan a unos 2.300 colonos, legalizando asentamientos construidos sin autorización gubernamental.

Las demoliciones israelíes de hogares palestinos en la Cisjordania ocupada desalojaron forzosamente a casi 1.100 personas en 2011, lo que supone un aumento del 80 por ciento respecto a 2010, es decir, superior al de cualquier otro año desde que la ONU empezó a mantener registros detallados en 2005. El 99 por ciento de las demoliciones tuvieron lugar en comunidades agrícolas y ganaderas vulnerables del Área C, e incluyeron demoliciones en varias comunidades beduinas de los Yahalin.

El gobierno de Netanyahu también está tratando de implementar el plan E1 para ampliar los asentamientos entre Jerusalén y Ma’ale Adumim. Más de la mitad de las comunidades beduinas designadas para desplazamiento viven en la zona designada por este plan que, de ponerse en práctica, dividiría de hecho las zonas norte y sur de Cisjordania. 

El gobierno cubano debe reformar su arbitrario programa de concesión de permisos de salida, que afecta a toda la población cubana y se utiliza para castigar la libertad de expresión; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras saber que se ha vuelto a denegar el permiso para viajar al extranjero a la autora de un conocido blog.

El viernes, las autoridades de migración cubanas denegaron la tarjeta blanca (permiso oficial de salida) a la bloguera y activista Yoani Sánchez; con ésta ya son 19 las veces que se la deniegan en cuatro años. Como en ocasiones anteriores, no se adujeron los motivos de la decisión.

La célebre autora del blog Generación Y había sido invitada a participar en el estreno de un documental sobre la libertad de expresión en Cuba y Honduras el 10 de febrero en el estado brasileño de Bahía. Brasil ya le había concedido el visado de entrada en el país.

“La reiterada denegación del permiso de salida a personas críticas como Yoani Sánchez por parte del gobierno cubano sólo puede interpretarse como medida de represalia por su activismo y la expresión de sus legítimas opiniones” ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“Las personas que defienden la libertad de expresión, de asociación y de circulación deben poder salir del país y volver a entrar en él sin estar sujetas a restricciones arbitrarias, y las autoridades cubanas deben poner fin a otras tácticas utilizadas para reprimir la disidencia pacífica.”

El presidente de Cuba, Raúl Castro, aún debe abordar los cambios prometidos en políticas migratorias como parte de las reformas anunciadas en 2011.

En su blog, Yoani Sánchez escribe sobre la vida diaria en la isla y las numerosas restricciones impuestas a la población cubana en el disfrute de sus derechos civiles y políticos. En el documental Connection Cuba Honduras, del cineasta brasileño Dado Galvão, se destaca su activismo político pacífico.

Así expresaba su frustración Yoani Sánchez a través de Twitter al conocer la decisión de las autoridades cubanas de volver a denegarle el permiso para viajar: “Me siento como el rehén secuestrado por alguien que no escucha, ni da explicaciones. Si todo este esfuerzo sirvió para arrojar luz sobre el absurdo migratorio en que estamos atrapados los cubanos, entonces valió la pena”.

El trabajo de la bloguera ha sido distinguido con numerosos galardones en el extranjero, pero las autoridades cubanas le han impedido una y otra vez asistir a las ceremonias de entrega de premios.

El 20 de enero, Amnistía Internacional escribió al ministro de Asuntos Exteriores brasileño y le instó a intervenir para que permitieran a Yoani Sánchez salir de Cuba.

En una visita de Estado a Cuba realizada la semana pasada, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, mencionó que se había concedido a la bloguera el visado de entrada a Brasil pero no presionó ejerció ninguna presión sobre el gobierno cubano para que se autorizara su salida del país. 

La decisión de Rusia y China de vetar un tibio proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria, al día siguiente de que el ejército sirio lanzara una gran ofensiva contra zonas de viviendas de Homs causando decenas de muertes, es una cruel y sorprendente traición al pueblo de Siria.

"Rusia y China han hecho un uso totalmente irresponsable del derecho a veto”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Es asombroso que hayan bloqueado la aprobación de un proyecto de resolución que ya de por sí era bastante blando."

"Tras una noche en la que el mundo entero ha asistido al sufrimiento de la población de Homs, lo que han hecho estos dos miembros del Consejo de Seguridad resulta especialmente escandaloso”.

Si se exceptúa la declaración agosto de 2011, cuando el presidente del Consejo de Seguridad condenó las violaciones de derechos humanos, este órgano de la ONU no ha tomado ninguna medida sobre la crisis de Siria desde que comenzaron las revueltas, en marzo de 2011.

Amnistía Internacional ha afirmado que continuará presionando a los miembros del Consejo de Seguridad para que remitan la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, impongan un embargo general de armas al país y apliquen la medida de congelar los bienes de Bachar el Asad y otros altos cargos.

La sentencia definitiva dictada hoy contra el director de una prisión del Jemer Rojo por el tribunal auspiciado por la ONU en Camboya es un importante paso hacia la rendición de cuentas, pero plantea motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional. 

La Corte Suprema del Tribunal confirmó una condena anterior impuesta al director de una prisión del régimen del Jemer Rojo, Kaing Guek Eav, alias Duch, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que “se encuentran entre los peores de la historia de la humanidad”, y elevó su condena de 35 años a cadena perpetua.

Duch fue hallado responsable de la muerte de al menos 12.272 hombres, mujeres, niños y niñas entre 1975 y 1979, mientras dirigió la “S21”, una cárcel secreta del Jemer Rojo en una antigua escuela de Phnom Penh.

La sentencia declara a Duch culpable de otros delitos, pero también plantea motivos de preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos, ya que anula la compensación que se le había concedido por la detención ilegal de la que fue objeto cuando un tribunal militar lo mantuvo detenido sin investigación ni juicio desde mayo de 1999 hasta julio de 2007.

“La conclusión de este primer caso supone un importante avance para lograr la rendición de cuentas por los crímenes masivos del Jemer Rojo, y contribuye a que el pueblo de Camboya cierre este trágico capítulo de su historia”, ha dicho Rupert Abbott, investigador de Amnistía Internacional sobre Camboya, que estuvo presente en la comunicación de la sentencia.

“Sin embargo, la decisión de anular la compensación por la detención ilegal sin aportar alternativa alguna puede considerarse un triunfo de la opinión pública sobre los derechos humanos”.

Amnistía Internacional considera que la decisión de julio de 2010 por la que el tribunal concedió esta compensación –consistente en una reducción de cinco años en la condena de Duch para compensarlo por el tiempo de detención ilegal– transmitía claramente al sistema de justicia de Camboya el mensaje de que el disfrute de los derechos humanos debe ser universal, y sus violaciones deben remediarse.

La aparente decisión de dejar en manos del sistema de justicia de Camboya, criticado por su falta de independencia, la concesión de la libertad condicional a Duch es otro motivo de preocupación.

Además, las confusas conclusiones respecto a la jurisdicción personal del tribunal sobre el ex Jemer Rojo puede tener consecuencias en otros casos.

La sentencia de la Corte Suprema del Tribunal subrayó el sufrimiento de las víctimas de Duch, de sus familias y del pueblo de Camboya, admitiendo las apelaciones presentadas por varias partes civiles –víctimas que se unieron como parte en las actuaciones–, que habían sido rechazadas en la sentencia inicial.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Camboya que proporcione apoyo para las reparaciones “morales y colectivas” de las víctimas del régimen del Jemer Rojo.

“La sentencia dictada hoy ha subrayado el importante papel de las víctimas en las actuaciones ante el tribunal que juzga los crímenes del Jemer Rojo. Sin embargo, teníamos la esperanza de que se tomaría una decisión más creativa sobre reparaciones “morales y colectivas”, e instamos al gobierno de Camboya a que trabaje con grupos de víctimas para satisfacer sus necesidades a este respecto”, ha dicho Rupert Abbott.

La Corte Suprema del Tribunal solo ha dictado un resumen de la sentencia apelatoria. La decisión completa se emitirá a su debido tiempo. Se trata de una sentencia definitiva y no apelable. 

Un acuerdo alcanzado esta semana entre las autoridades paraguayas y el propietario de unas tierras de la región central del país permitirá la reconstrucción con seguridad y dignidad de una comunidad indígena desplazada, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La comunidad indígena Yakye Axa lleva casi dos decenios librando una batalla legal por sus tierras ancestrales, mientras alrededor de 90 familias se han visto obligadas a vivir en condiciones de miseria a lo largo de una carretera próxima.

Hace años, sus tierras fueron ocupadas por particulares. Las familias indígenas acabaron dispersas entre fincas ganaderas privadas, víctimas en muchos casos de explotación y malos tratos.

Una abogada de los Yakye Axa dijo ayer a Amnistía Internacional que las familias de la comunidad se trasladarán en breve a la zona recién adquirida, una superficie de más de 12.000 hectáreas dentro de las tierras ancestrales del grupo étnico Enxet.

“La comunidad está muy feliz. Los jóvenes que van a construir ahora un futuro nuevo, y los ancianitos, después de luchar tantos años, están muy animados”, ha manifestado Julia Cabello, abogada y directora de Tierraviva, ONG paraguaya que trabaja por los derechos de los Yakye Axa y otras comunidades del grupo étnico Enxet.

En 1993, la comunidad Yakye Axa inició un proceso legal para reclamar parte de sus tierras ancestrales.

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Paraguay devolver las tierras de los Yakye Axa.

Mientras tanto, las condiciones de los campamentos levantados al borde de la carretera han sido pésimas, y la falta de acceso a servicios básicos ha contribuido a causar enfermedades en la comunidad, así como una serie de muertes evitables.

Una vez que los Yakye Axa se hayan reasentado, en virtud del fallo de la Corte Interamericana las autoridades paraguayas deberán también crear un fondo de 950.000 dólares estadounidense para el desarrollo de la comunidad.

El fondo está destinado a proyectos educativos, de vivienda, agrícolas y de salud, así como al suministro de agua potable y saneamiento.

“Los Yakye Axa pueden reconstruir ahora una comunidad segura y estable y vivir de acuerdo con su cultura, a salvo de los peligros que ha corrido durante demasiado tiempo en los precarios campamentos al borde de la carretera”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América.

Este reciente acuerdo sobre tierras indígenas se produce meses después de que otra comunidad del grupo étnico Enxet, la Sawhoyamaxa, comenzara a negociar también, en septiembre de 2011, una solución que la permita regresar a sus tierras ancestrales. Las negociaciones están aún en curso.

Tierraviva lleva más de dos decenios apoyando a comunidades indígenas como los Yakye Axa y los Sawhoyamaxa para que puedan regresar a sus tierras ancestrales, que son esenciales para su identidad cultural y su forma de vida.

“Esperamos que el caso de los Yakye Axa sea un ejemplo positivo de la dirección que las autoridades paraguayas van a tomar con respecto a todas las reclamaciones de tierras indígenas que quedan por resolver en el país y que las autoridades establezcan un mecanismo efectivo para tramitar esas reclamaciones y den prioridad a los derechos indígenas”, ha explicado Guadalupe Marengo. 

Bruselas.- En vísperas del Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina (MGF), Amnistía Internacional y el Lobby Europeo de Mujeres han instado a la Unión Europea a exponer su visión y su compromiso de erradicar la mutilación genital femenina y otras formas de violencia contra las mujeres. Desde 2010, cuando la Comisión Europea se comprometió a adoptar una estrategia sobre la violencia contra las mujeres, incluida la MGF, no ha habido un intento coherente y estructurado de abordar esta violación de derechos humanos.

El Parlamento Europeo calcula que 500.000 mujeres y niñas que viven en Europa sufren las consecuencias permanentes de la MGF y otras 180.000 corren peligro de ser sometidas a esta práctica cada año. Lo más frecuente es que a las niñas se las lleven al extranjero durante las vacaciones de verano y las obliguen a someterse a la MGF para garantizar que son aptas para contraer matrimonio o asegurar su estatus social. Aunque algunos Estados miembros cuentan con leyes u otras medidas al respecto, existe una amplia disparidad entre los Estados. 

Francia, Suecia, Reino Unido y otros países en los que hace más de una década que la MGF está tipificada como delito siguen luchando contra esta práctica. “Esto demuestra que la legislación no es la llave maestra que cierra todas las puertas a esta violación de derechos humanos. La UE debe adoptar un enfoque integral que incluya a los miembros de la comunidad para garantizar que las niñas están protegidas y que sus familias no son estigmatizadas”, ha manifestado la Christine Loudes, directora de la Campaña europea para acabar con la MGF, encabezada por Amnistía Internacional. 

La violencia contra las mujeres, de la que la MGF es uno de los ejemplos más graves, es un fenómeno estructural generalizado: casi una de cada dos mujeres de la UE experimentará alguna forma de violencia durante su vida; una de cada cinco será víctima de violencia intrafamiliar; una de cada diez será violada u obligada a mantener relaciones sexuales. 

Amnistía Internacional y el Lobby Europeo de Mujeres consideran que una medida que la UE y todos sus Estados miembros pueden adoptar ya para proteger a las mujeres y las niñas frente a la MGF y otras formas de violencia es la de firmar y ratificar el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica. 

“La eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la MGF, debe ser una prioridad, especialmente en tiempos de crisis. Sabemos que la UE cuenta con los medios necesarios para poner fin a la violencia contra las mujeres y aplicar una estrategia que garantice a todas las mujeres el derecho a vivir sin violencia. Por lo tanto, ¿a qué estamos esperando?”, se ha preguntado Cecile Greboval, secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres.

En el caso de España, Amnistía Internacional ha incluido en su agenda de derechos humanos para la presente legislatura la petición al Gobierno de que ratifique dicho Convenio y promueva que otros Estados miembros de la UE lo firmen y lo ratifiquen.


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Para conmemorar el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, Amnistía Internacional ha preparado un vídeo www.endfgm.eu/


Información complementaria
En septiembre de 2010, la Comisión Europea presentó una estrategia orientada a la acción para combatir la violencia contra las mujeres, dentro de su estrategia para promover la igualdad de género. Entre otras acciones, prometió “adoptar una estrategia para toda la UE sobre la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, incluida la práctica de la mutilación genital femenina”. Pueden encontrar la estrategia y el plan de acción de la Comisión Europea aquí. 

El Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica ha sido firmado por 18 países, pero ninguno lo ha ratificado hasta ahora. Pueden consultar las últimas actualizaciones en el sitio web del Consejo de Europa.

La mutilación genital femenina es una violación de derechos humanos que afecta cada día a 8.000 niñas en todo el mundo. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género ha iniciado un estudio para recopilar datos sobre la práctica de la MGF en la UE. Se espera que sus resultados se publiquen en 2013.

La Campaña europea para acabar con la MGF, encabezada por Amnistía Internacional, lanzó en 2010 una estrategia para poner fin a la MGF, con demandas específicas para las instituciones y los Estados miembros de la UE. El resumen de esta estrategia está disponible en inglés y francés. 

El Lobby Europeo de Mujeres publicó el 25 de noviembre de 2011 un comunicado de prensa sobre el impacto de la crisis en la violencia contra las mujeres, y reiteró su llamamiento a la UE para que emprenda una acción encaminada a eliminar la violencia contra las mujeres. Pueden obtener más información aquí. 

El 3 de febrero de 2011 fue la fecha en que las protestas se transformaron en Yemen en un movimiento multitudinario. Ese día, un gran grupo de personas, en su mayoría estudiantes y activistas, que se daban en llamar movimiento de la Juventud del 3 de Febrero (conocido desde entonces como Juventud de la Revolución) atrajo a miles de personas a la capital, Saná, para celebrar manifestaciones multitudinarias.

Las protestas habían comenzado el mes anterior, al anunciar el gobierno un proyecto de reforma de la Constitución que permitía al presidente Alí Abdulá Salé, jefe del Estado desde 1978 –en calidad de presidente de Yemen del Norte, primero, y del Yemen unificado, después– presentarse indefinidamente a las elecciones presidenciales. No obstante, también estaban impulsadas por la frustración que provocaban en el país la corrupción, el desempleo y la represión de las libertades, así como por los sucesos de Túnez y Egipto en cierto modo.

Los manifestantes pedían al presidente Alí Abdulá Salé que destituyera a los miembros del gobierno y a los funcionarios corruptos, retirara a su hijo del cargo de jefe de la Guardia Republicana y las Fuerzas Especiales, disolviera el Parlamento, nombrara un gobierno de unidad nacional, reintegrara los fondos “malversados”, dimitiera como presidente y prometiera no volver a presentarse para su reelección en el cargo. 

P: Un año después del comienzo de las protestas, ¿cómo ha cambiado la situación de los derechos humanos? 

En 2011 se produjo un rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en Yemen. La muestra más terrible de ello fue la brutalidad de la represión de las protestas. Más de 200 manifestantes murieron y más de 1.000 resultaron heridos al utilizar las fuerzas de seguridad munición real para disolver las manifestaciones. Asimismo, cientos de personas más murieron en todos los bandos durante enfrentamientos armados. 

La trayectoria de las autoridades en la investigación de las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad ha sido pésima. Amnistía Internacional sólo tiene noticia de una investigación judicial –sobre los homicidios de manifestantes cometidos el 18 de marzo de 2011–. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como resultado de una investigación oficial se presentaron cargos contra 78 personas, pero no se sabe bien si había entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades han ofrecido indemnizaciones a las familias de algunas de las víctimas. 

En todo el país han continuado produciéndose enfrentamientos armados, causantes de una creciente crisis humanitaria en la que escasean el agua, la electricidad y otros servicios. 

P: ¿En que situación se encuentra ahora Yemen, tras la firma del acuerdo político auspiciado por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico? 

Tras los sucesos de marzo de 2011, los peores ocurridos en un solo incidente, en el que al menos 52 personas murieron en una manifestación, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico propuso al presidente Salé un trato que le garantizaba la inmunidad frente al procesamiento a cambio de que dimitiera. En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU instó al presidente Salé a dejar el poder conforme al acuerdo del Consejo de Cooperación. 

Tras entablar las partes una negociación con la ayuda de un enviado de la ONU, el presidente Salé firmó en noviembre el acuerdo, por el que accedía a ceder algunos poderes al vicepresidente, nombrar un primer ministro para dirigir un “gobierno de reconciliación nacional” y celebrar elecciones presidenciales en el plazo de 90 días. A cambio de ello, él y sus allegados gozarían de inmunidad. 

Se ha nombrado ya a un primer ministro que es miembro de la oposición y se ha establecido un nuevo gobierno nacional, que estará en el poder durante un periodo provisional de dos años y en el que están representados el partido gobernante y la oposición. Alí Abdulá Salé conservará el título de presidente hasta las elecciones, que se espera celebrar en febrero. 
El 21 de enero de 2012 se aprobó una ley que concede inmunidad absoluta frente al procesamiento al presidente Salé, así como inmunidad penal en las “causas de motivación política” a todos los que han trabajado en su gobierno. Las protestas continúan, ahora también en contra de la ley de inmunidad. 

Amnistía Internacional pide al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico y a la comunidad internacional que retiren su apoyo a la inmunidad de toda autoridad yemení, cualesquiera que sean su rango o afiliación. La ley de inmunidad constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Yemen en virtud del derecho internacional. 

Resulta lamentable que la ONU diera su apoyo al acuerdo de transición para la transferencia de poderes cuando se firmó el 23 de noviembre, fecha en que se creía ya que contenía una disposición sobre inmunidad. El secretario general de la organización había emitido anteriormente una directriz que prohibía auspiciar acuerdos de paz que contuvieran cláusulas de inmunidad. 

P: ¿Por qué se opone Amnistía Internacional a la inmunidad de los dirigentes yemeníes? Hay quien piensa que generará estabilidad. 

La aprobación de la ley de inmunidad ha supuesto un duro golpe para quienes piden justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas. Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos en Yemen, perpetradas por agentes del Estado o con su complicidad. Es inaceptable que se impida a las víctimas de esos delitos obtener justicia. 

La impunidad de los responsables impedirá la protección y promoción de los derechos humanos para todas las personas en Yemen justo en un momento en que hay oportunidades de cambio. 

No compartimos la opinión de que la inmunidad traerá consigo estabilidad para el pueblo yemení. Para impedir que se cometan violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario en el futuro debe garantizarse la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado. En cambio, esta ley indica a los futuros dirigentes de Yemen que, si cometen muchos abusos, probablemente se les concederá inmunidad y bastará con que dejen el cargo. 

El gobierno yemení ha dicho que quiere establecer mecanismos de “justicia transicional” para proporcionar justicia y reparación a las víctimas de abusos y prevenir nuevas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. No se sabe bien cómo puede compatibilizarse esta iniciativa con una ley de inmunidad que concede impunidad absoluta al presidente Salé y que podría suponer la inmunidad de todos sus subordinados. Porque, después de todo, no está claro qué significa lo de “causas de motivación política”. 

P: ¿Qué tienen que decir sobre los abusos contra los derechos humanos que cometen grupos armados no gubernamentales dentro de Yemen? 

Amnistía Internacional condena los abusos contra los derechos humanos comoquiera y dondequiera que se comentan y quienquiera que sea su autor. 

Según informes, hay grupos armados no gubernamentales que llevan años perpetrando secuestros y atentados, incluso contra la población civil. En 2011 se recibieron dos informes –que Amnistía Internacional no ha podido confirmar– sobre amputaciones llevadas a cabo por grupos islamistas que decían aplicar la sharia, o ley islámica. 

Es responsabilidad de las autoridades yemeníes proteger a la población de la violencia de los grupos armados y garantizar que se respetan y protegen en todo momento los derechos humanos de toda persona en Yemen. 

Toda solución que se pretenda dar a los problemas que se plantean en Yemen en materia de seguridad ha de estar basada en la protección de los derechos humanos. Todas las medidas adoptadas contra los grupos armados deben aplicarse de acuerdo con las normas internacionales, que prohíben, entre otras cosas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y las detenciones arbitrarias. 

P: Yemen se enfrenta a muchas dificultades, como múltiples enfrentamientos armados y pérdida de control sobre algunas partes del país. En este contexto, ¿cabe esperar que el gobierno yemení supere esas dificultades ateniéndose estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos? 

Yemen se enfrenta a graves problemas, pero, como ocurre con todos los Estados, el gobierno debe ocuparse de ellos –sean políticos, de seguridad o económicos- de conformidad con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. 

El gobierno tiene la responsabilidad primaria de hacer efectivos los derechos humanos. Los gobiernos deben respetar los derechos de las personas y garantizar que otras personas no cometen abusos contra ellos. La falta de medios o la existencia de un conflicto no son excusa para violar o desatender los derechos humanos. 

Lamentablemente, en los últimos años se han tomado en Yemen muchas medidas en nombre de la estabilidad y la seguridad, sin la debida observancia de las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos. 

Las autoridades deben investigar debidamente los informes sobre violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el pasado: en el contexto de los disturbios del sur de Yemen, contra personas consideradas secesionistas; en nombre de la lucha antiterrorista, contra personas acusadas de pertenecer o apoyar a Al Qaeda, y en el contexto del conflicto intermitente del norte entre las fuerzas del gobierno y el movimiento rebelde huthi, contra presuntos partidarios de éste y, más en general, contra la población civil de la región. 

P: ¿Qué ha significado para Yemen la concesión del Nobel de la Paz a Tawakkol Karman? 

La activista de los derechos humanos Tawakkol Karman es una figura destacada desde que comenzaron las protestas multitudinarias contra el gobierno en febrero de 2011. En enero de ese año fue detenida por las autoridades y acusada formalmente de organizar una protesta no autorizada e incitar a otros manifestantes. 

La concesión del Nobel de la Paz a Tawakkol, junto con otras dos mujeres, supuso el reconocimiento de la labor de los activistas que defienden los derechos de las mujeres en el mundo y de “su lucha pacífica por la seguridad de las mujeres y por el derecho de las mujeres a la participación plena en el trabajo de consolidación de la paz". 

La concesión de un premio mundialmente reconocido como éste a una mujer yemení por su notable labor lleva la esperanza a los millones de mujeres y niñas yemeníes que viven sujetas a leyes discriminatorias que las subordinan a los hombres. Además, brinda a las autoridades yemeníes la oportunidad de reconocer la importante función de las mujeres, aboliendo todas las leyes discriminatorias y sustituyéndolas por otras que garanticen a las mujeres y las niñas protección jurídica contra los abusos, así como igualdad con los hombres en asuntos relativos a la familia como el matrimonio, el divorcio y la herencia y en la participación política. 

P: ¿Qué espera Amnistía Internacional ver que ocurre en Yemen en 2012? 

En 2012, el nuevo gobierno tiene que llevar a cabo con urgencia el cambio que los manifestantes han estado pidiendo. En particular debe: 

• revocar la ley de inmunidad para llevar ante la justicia, si hay pruebas admisibles suficientes, a todo presunto responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas cualesquiera que sean su rango o afiliación; 
• poner fin a las violaciones de derechos humanos, en particular refrenando a las fuerzas de seguridad y acabando con los homicidios ilegítimos de manifestantes pacíficos y otras personas; 
• permitiendo llevar a cabo una investigación internacional independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas, y 
• permitiendo el acceso al país de Amnistía Internacional y otros observadores independientes de la situación de los derechos humanos.

Amnistía Internacional considera además que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar la rendición de cuentas y la justicia en Yemen, y pide a los socios de Yemen que ejerzan presión sobre el gobierno para que anule la ley de inmunidad y pida una investigación internacional independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos actuales y pasadas. 

Amnistía Internacional espera también ver, con respecto a los futuros suministros de armas, la suspensión de las transferencias a la policía y las fuerzas de seguridad yemeníes de todo tipo de armas, municiones y equipo conexo que puedan ser utilizados para hacer uso de fuerza excesiva o de medios letales en el control de manifestaciones en demanda de reformas. 

Los Estados proveedores de armas deben realizar un examen riguroso y exhaustivo de todos los programas de capacitación y transferencias internacionales a la policía, las fuerzas de seguridad y el ejército yemeníes para asegurarse de que no se autoriza ninguna transferencia de armas si existe un riesgo sustancial de que sean utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. Si es necesario, los gobiernos deben detener el envío de las armas y revocar la licencia de exportación. 

P. ¿Por qué es la ley de inmunidad ilegal? 

La ley de inmunidad constituye un incumplimiento de la obligación que tiene Yemen, en virtud del derecho internacional, de iniciar investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. De acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que es Estado Parte, Yemen está obligado a investigar y enjuiciar a todo presunto responsable de tales crímenes si hay pruebas admisibles suficientes. 

Además, al ser Estado Parte en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, Yemen reconoce que, si se cometen genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, se aplicarán las disposiciones de la Convención (según la cual estos crímenes no prescriben) a los representantes de la autoridad del Estado y los particulares que, como autores o cómplices, hayan participado en su comisión, incitado directamente a otros a cometerlos o conspirado para cometerlos, independientemente del grado de comisión, y a los representantes de la autoridad del Estado que hayan tolerado su comisión. 

Aunque esté comúnmente aceptado que los funcionarios del Estado son inmunes en ciertas circunstancias ante la jurisdicción de Estados extranjeros con respecto a los delitos comunes de derecho interno, tal inmunidad no se aplica –sea el tribunal extranjero o nacional– si el funcionario es responsable presuntamente de crímenes de derecho internacional, a saber: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. 

Esta postura ha quedado confirmada a lo largo de seis decenios en numerosos instrumentos. Además, los Estados disponen cada vez más en su legislación interna que no se reconocerá a las autoridades la inmunidad frente al procesamiento en sus tribunales por crímenes de derecho internacional.  

Madrid/ Barcelona.- “Ninguna crisis económica y financiera mundial disminuye la responsabilidad de las autoridades estatales y de la comunidad internacional en el respeto de los derechos humanos”. Esta era la advertencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los Estados miembros en 2009, y es también la de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales y el Observatori DESC.

Más de 42.200 familias se han enfrentado al desahucio por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler sólo en los primeros 9 meses de 2011, se anuncian recortes en la sanidad pública y merma en la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. Datos como éstos han llevado a las tres organizaciones a dirigirse por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordándole que en el contexto de la crisis económica, no puede olvidar las obligaciones del Estado español de respetar los derechos económicos, sociales y culturales.

“El acceso a una vivienda digna, la posibilidad de gozar del máximo nivel de salud, así como de disponer de una educación de calidad son derechos humanos que España tiene la obligación de garantizar. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar cualquier medida a poner en marcha en respuesta a la actual crisis económica”, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Las tres organizaciones le han recordado al presidente del Gobierno que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), España se ha comprometido a usar “el maximo de los recursos de que disponga” en el cumplimiento progresivo y sin retrocesos para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que obliga a España a:

•  Asegurar, incluso en épocas de graves limitaciones de recursos económicos, que se ha hecho todo lo posible para garantizar estos derechos, destinando el máximo de los recursos disponibles.

• Proteger especialmente a las personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables y/o que sufren discriminación, como pueden ser las mujeres.

• Llevar a cabo una evaluación del posible impacto que la reducción del gasto público puede tener en estos colectivos vulnerables, asegurando antes de su aplicación, que las medidas de recuperación económica no agravan aún más su situación.

• Demostrar que se ha realizado un examen exhaustivo de todas las alternativas posibles, antes de adoptar medidas regresivas que pudieran deteriorar la situación socio-económica de los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas medidas siempre serán el último recurso. El Comité DESC de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento del PIDESC, ha destacado que existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas.

• Priorizar en la cooperación -incluidas las aportaciones al sistema internacional de protección de derecho humanos de Naciones Unidas- la promoción de los derechos humanos y la protección de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Para las tres organizaciones es fundamental que el respeto de los derechos humanos sea tenido en cuenta, no sólo en las leyes o medidas que se vayan a poner en marcha, sino también durante el proceso de esa toma de decisiones. “En este sentido pedimos al Gobierno que explique ampliamente y de forma fácilmente entendible a la ciudadanía las medidas que va a proponer, y que además establezca mecanismos de participación. De esta manera, cumpliría con su obligación de respetar el derecho a participar en la vida pública, recabar y recibir información que tiene el conjunto de la ciudadanía”, ha manifestado Vanesa Valiño, directora de Observatori DESC.

Pese a que las competencias sobre DESC están ampliamente descentralizadas, las tres organizaciones han recordado a Mariano Rajoy que ya el Comité DESC de Naciones Unidas ha instado al Estado español a que tome medidas para garantizar los derechos económicos sociales y culturales para todas las personas en todo el territorio. Por eso, el Gobierno central debe asegurar la implementación en toda España, entre otras, de la Ley 33/11, Ley General de Salud Pública, que garantiza la universalidad en el acceso a la atención sanitaria y que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero.

“La protección de los derechos humanos no es una opción en el marco de las medidas encaminadas a la 'recuperación económica'. La Constitución española reconoce derechos sociales, como el derecho a la salud o a la vivienda, como principios rectores de la política económica y social, y la educación como derecho fundamental. Por lo tanto, ninguna medida que se aplique para limitar el déficit público puede vulnerar estos derechos”, destacó Ignacio Saiz, director del Centro por los Derechos Económicos y Sociales.

En este sentido, la propia reforma constitucional de 2011 establece que los límites de deuda pública podrán superarse en casos de recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado.

En mayo de 2012, por primera vez en 8 años, España comparecerá ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para rendir cuentas sobre las obligaciones contraídas al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ésta será una oportunidad para que el Estado español explique si las medidas de respuesta a la crisis han tenido en cuenta o no las obligaciones arriba mencionadas.

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Rusia no debe bloquear los esfuerzos internacionales por abordar la violencia y las violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en Siria. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en plenas negociaciones para lograr una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria.

Las autoridades rusas han amenazado con vetar la resolución si se somete a votación.

Rusia fue uno de los miembros del Consejo de Seguridad que bloquearon una resolución previa sobre Siria el 4 de octubre de 2011. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, más de 2.600 personas han muerto violentamente en el país desde entonces.

“La amenaza de Rusia de abortar por segunda vez una resolución vinculante del Consejo de Seguridad sobre Siria es absolutamente irresponsable. Rusia tiene una importante responsabilidad por permitir que la brutal represión de la disidencia legítima en Siria continúe sin control”, ha manifestado José Luis Díaz, representante de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York.

“Rusia debe trabajar con los demás miembros del Consejo de Seguridad para aprobar una resolución enérgica y legalmente vinculante que ayude a poner fin de una vez por todas al derramamiento de sangre y a las violaciones de derechos humanos en Siria”.

Como el principal suministrador extranjero de armas del gobierno sirio, Rusia, según los informes, ha seguido enviando armas al país durante las últimas semanas, incluso mientras los observadores de la Liga Árabe informaban sobre las constantes violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sirias.

Amnistía Internacional ha pedido que la resolución del Consejo de Seguridad remita el deterioro de la situación en Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), imponga un embargo de armas a Siria y congele los activos en el extranjero del presidente Bachar el Asad y otros altos cargos.

El nuevo borrador de resolución se basa principalmente en una resolución adoptada por la Liga Árabe el 22 de enero, tras la presentación del informe de la misión de observadores enviada a Siria en diciembre de 2011.

El texto de la Liga Árabe pedía, entre otras cosas, que las autoridades sirias y la oposición entablaran un diálogo político serio en el plazo de dos semanas sobre cuestiones tales como la formación de un gobierno de unidad nacional, la restauración de la seguridad y la reorganización de la policía.

También pedía que el gobierno de unidad nacional estableciera una comisión independiente encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población siria y garantizara que los responsables comparecen ante la justicia.

Las autoridades sirias han rechazado esa propuesta.

Aunque el último borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es un paso en la dirección correcta, no pide la congelación de los bienes, la remisión de la situación de Siria a la CPI ni un embargo general de armas.

Amnistía Internacional ha concluido que en Siria se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, la misma conclusión a la que también llegó hace meses una comisión internacional e independiente de investigación nombrada por la ONU. El borrador de resolución no refleja el llamamiento explícito de dicha comisión de que se investigue de manera independiente e imparcial a todos los presuntos responsables de tan graves crímenes.

“Resulta alentador que el Consejo de Seguridad de la ONU esté finalmente dispuesto a emprender acciones para abordar la crisis de Siria. Pero el borrador no aborda todos los requisitos”, ha manifestado José Luis Díaz.

“Tras más de 10 meses de una campaña gubernamental de homicidios, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, los esfuerzos del Consejo de Seguridad por poner fin a la crisis deben contar, como elemento central, con mecanismos claros de rendición de cuentas”.

“El Consejo de Seguridad debe ahora remitir la situación, cada vez más deteriorada, de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional, congelar los bienes en el extranjero del presidente Bachar el Asad y sus principales asociados, e imponer un embargo de armas”.

Amnistía Internacional pide también que se permita a los observadores internacionales de los derechos humanos –incluidos los de organizaciones de derechos humanos como la propia Amnistía Internacional– acceso completo y sin restricciones a Siria para informar sobre crímenes de lesa humanidad y otros abusos contra los derechos humanos, sean quienes sean los responsables. 

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