Los autores del atentado con bomba perpetrado el 15 de mayo en la capital de Colombia, Bogotá, en el que al menos dos personas murieron y más de 50 resultaron heridas, han demostrado un desprecio absoluto y deplorable por la vida humana, y deben ser llevados ante la justicia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La explosión hirió al ex ministro del Interior Fernando Londoño, mató a su chófer y a un escolta, e hirió también a más de 50 transeúntes.

Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad, y las autoridades colombianas han eludido, hasta el momento, culpar a ninguna organización.

“Quien quiera que sea el autor de este atentado, debe ser identificado y llevado a juicio. Toda investigación criminal debe ser imparcial e independiente, y sus resultados deben hacerse públicos”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

“Si las investigaciones sobre el atentado de ayer revelan la autoría de alguna de las partes enfrentadas en el conflicto armado, este ataque constituiría una grave violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados que puedan causar bajas civiles”, ha manifestado Marcelo Pollac.

Amnistía Internacional ha entregado hoy miércoles, 16 de mayo, cerca de 35.000 firmas que piden a los portavoces de los Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que no convaliden el Real Decreto Ley 16/2012 de la reforma sanitaria. La organización recuerda a los diputados y diputadas que no se puede llevar adelante una reforma de estas características, sin haberse evaluado los efectos que esta reforma pueda tener en el conjunto de la población y en especial en colectivos vulnerables. El Congreso votará esta reforma sanitaria el jueves, 17 de mayo.

Amnistía Internacional, ante el anuncio de la reforma sanitaria presentada por el Gobierno, mostró su preocupación por el retroceso de casi una década en el disfrute del derecho a la salud para un colectivo especialmente vulnerable, como es el de inmigrantes en situación irregular.

“Creemos que limitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular  a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto, vulnera el disfrute del derecho a la salud de este colectivo, pone incluso en riesgo su vida, y puede tener un grave impacto en miles de personas que sufran enfermedades crónicas“, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Para Amnistía Internacional, la reforma sanitaria también deja en una situación especialmente vulnerable a las mujeres inmigrantes en situación irregular, víctimas de violencia de género. Al limitarse el acceso a la atención sanitaria, se cierra la principal vía de detección temprana de la violencia y de la identificación de víctimas.

“Para llevar adelante esta reforma, el Gobierno sólo ha presentado datos económicos. En ningún momento ha realizado un análisis transparente sobre el impacto que estas medidas podrían tener en colectivos especialmente vulnerables, algo a lo que está obligado desde que España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”, señaló Esteban Beltrán.

Por ello, el pasado 27 de abril, Amnistía Internacional abrió una ciberacción dirigida a los portavoces de los Grupos parlamentarios pidiéndoles que no convalidasen el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el Gobierno no evaluase los efectos que esta reforma podría tener en el conjunto de la población y en especial en los colectivos vulnerables. Desde entonces, unas 35.000 personas han pedido que no se retroceda en el disfrute del derecho a la salud, y que el Ejecutivo tome las siguientes medidas, derivadas de sus obligaciones internacionales.

• Asegurar la no regresividad del acceso a la salud, garantizando el acceso a la salud para las personas migrantes en situación irregular.
• Actualizar y publicar datos desagregados relativos a indicadores de derechos humanos que permitan conocer la situación actual de la sanidad.
• Demostrar que cualquier medida se aplica tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas.
• Asegurar que ninguna medida que se adopte comprometa los elementos esenciales del derecho a la salud como la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad, tanto física como económica del mismo.
• Elaborar y publicar un análisis sobre el potencial impacto adverso que las medidas de reducción de gasto público en salud podrían tener sobre el derecho al más alto nivel posible de salud, especialmente sobre los grupos en situación de vulnerabilidad social.
• Establecer mecanismos para garantizar la información y consulta efectiva de todos los sectores de la sociedad con el fin de garantizar la participación en el diseño de cualquier reforma sanitaria.

También en este sentido, Amnistía Internacional junto a otras 19 organizaciones presentó el pasado 7 de mayo, sus preocupaciones en materia sanitaria ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), coincidiendo con la comparecencia del Estado español ante dicho Comité.

Azerbaiyán debe tomar medidas de inmediato para que la policía deje de utilizar la violencia para reprimir la libertad de expresión; así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras la intervención de la policía para disolver dos protestas pacíficas distintas en la capital, Bakú, el lunes.

Según contaron activistas locales a la organización, miembros de partidos de oposición fueron blanco específico de la violenta actuación policial en las concentraciones celebradas en los jardines de Sabir, en Bakú, y delante de las oficinas de las autoridades municipales.

Imágenes de vídeo independientes sobre los hechos muestran a agentes de policía golpeando a manifestantes mientras se los llevan a rastras.

Unos 300 manifestantes participaron en las concentraciones no autorizadas para pedir la libertad de los presos políticos antes de que Azerbaiyán celebre el Festival de la Canción de Eurovisión este mes.

“Quedan pocas semanas para el brillo y el glamour de Eurovisión, pero la atención que los medios de comunicación internacionales van a prestar al concurso no parece que tenga ningún efecto disuasorio en la policía de Bakú, que sigue recurriendo a la fuerza bruta para someter a manifestantes pacíficos” ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Reiteramos nuestro llamamiento a los organizadores de Eurovisión para que condenen rotundamente esta represión inaceptable y continua de la libertad de expresión en Azerbaiyán. Las autoridades azerbaiyanas deben tomar medidas de inmediato para levantar la prohibición de celebrar protestas públicas en el centro de Bakú, y llevar ante los tribunales a todos los responsables de los abusos policiales.”

Antes de que empezaran las protestas del lunes, la policía rodeó la zona y trató de interceptar a los activistas cerca de la estación de metro de Icheri Sheher.

Abulfaz Gurbanly, uno de los organizadores de la protesta y presidente del comité juvenil del opositor Frente Popular de Azerbaiyán, contó a Amnistía Internacional que los manifestantes se habían concentrado para “reivindicar libertad de reunión y la liberación de todos los presos políticos”.

Prohibición de concentraciones en el centro de la ciudad

En los últimos meses, aunque han autorizado algunas protestas, las autoridades municipales de Bakú han mantenido la prohibición de organizar concentraciones en el centro de la ciudad impuesta a los partidos de oposición, que sólo pueden celebrarlas en el extrarradio.

Abulfaz Gurbanly y otros 17 activistas fueron detenidos en la protestas del lunes y posteriormente recluidos en dos departamentos distintos de la policía del distrito de Sabail. A 10 de ellos los llevaron en vehículo al oeste de la ciudad, a la Reserva de Gobustán, les hicieron una advertencia verbal y los pusieron en libertad; a los 8 restantes les entregaron advertencias por escrito antes de liberarlos. 

La policía también detuvo durante un breve periodo a un grupo de 10 mujeres activistas que participaban en las concentraciones: se las llevaron del lugar y las liberaron en la zona de los jardines de Akhundov, en Bakú.

Gurbanly contó a Amnistía Internacional que la policía había ejercido la violencia y recurrido a palizas para dispersar a manifestantes pacíficos. Según explicó, agentes de policía le habían dado puñetazos y lo habían arrastrado por el pelo durante su detención.

En los vídeos independientes sobre las protestas publicados en YouTube se ve cómo agentes de policía uniformados empujan y propinan golpes y patadas a manifestantes pacíficos, y también cómo se llevan a algunos a rastras mientras éstos gritan “libertad” (Azadliq).

“Esta última actuación represiva contra manifestantes pacíficos es, tristemente, un fiel indicador de la actitud de las autoridades azerbaiyanas hacia la libertad de expresión. Debe remediarse garantizando que los responsables comparecen sin demora ante la justicia” ha afirmado Dalhuisen.
 

Madrid.- Amnistía Internacional cree que el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo es una cuestión de derechos humanos. La organización cree firmemente que denegar a personas individuales el derecho a casarse, basándose en el género de sus parejas viola el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho a casarse y formar una familia.

Con motivo del Día Internacional del la Familia (15 de mayo), Amnistía Internacional recuerda que el derecho a casarse y a fundar una familia está reconocido en el Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La posición de Amnistía Internacional es que los Estados deben proteger y garantizar este derecho y deben abstenerse de discriminar a ninguna persona por causa de su orientación sexual y de su identidad de género. Una postura que también avaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Negar a las parejas del mismo sexo reconocimiento en pie de igualdad impide a muchas personas el disfrute de todos y cada uno de los derechos humanos, sin excepción. Además, con estas posturas, se estigmatizan tales relaciones y alimenta la discriminación y otros abusos en la comunidad, en las escuelas y en los hogares en contra de los derechos humanos de las minorías sexuales”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Reconocimiento internacional

En los últimos años ha habido un aumento de los países que están reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, igualando los derechos de cualquier tipo de familias.

Desde diferentes organismos de Naciones Unidas se ha incidido en la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En diciembre de 2012, se presentaba en Naciones Unidas el primer informe sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, donde se destacaba que “reconocer la igualdad de derechos de todas las personas no tiene por qué ser controvertido, ni implica la creación de nuevos derechos. Se trata de insistir en que todas las personas tienen derecho a disfrutar los ya existentes”.

Aunque Naciones Unidas o el Comité de Derechos Humanos no obliga a las Estados a regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí recuerdan que el no reconocimiento de parejas homosexuales y de sus familias puede implicar discriminación en asuntos tan básicos como derechos de pensión, de herencia, de tributación e incluso de disfrute de vivienda.

Varios países europeos ya han aceptado el matrimonio civil entre personas del mismo sexo: Países Bajos desde 2001, Bélgica en 2003, España en 2005, Suecia y Noruega en 2009, Portugal e Islandia en 2010. También en 2003, el Parlamento Europeo se posicionó a favor de la abolición de "todas las formas de discriminación legislativa o de facto, de las que todavía son víctimas los homosexuales, especialmente en lo que respecta al derecho a contraer matrimonio".

Otros países como Canadá (2005), Sudáfrica (2006) y Argentina (2010) reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. En México, dos estados lo admiten y Brasil ha equiparado los derechos de todas las uniones de hecho.

Sin embargo, hay situaciones especialmente preocupantes para Amnistía Internacional. Aunque en Estados Unidos, 9 Estados reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y el presidente, Barack Obama, se ha pronunciado a favor de este tipo de uniones, hay 30 estados que lo prohíben expresamente. El último Carolina del Norte, que votó el pasado 8 de mayo a favor de incluir en su Constitución una enmienda que define el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, ilegalizando también los matrimonios homosexuales.

También en enero de 2012, Amnistía Internacional se dirigió a la Comisión Europea para que tomaran medidas ante los cambios legislativos (Ley de protección de la familia, diciembre 2011) realizados en Hungría, donde se establecía explícitamente “que el matrimonio sólo podía ser entre hombre y mujer”. Igualmente, la organización se dirigió al Gobierno de Nigeria, recordándole que con la propuesta de ley de 2011 que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, violaba la Constitución del país.

“Amnistía Internacional quiere recordar que el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo no es contrario a la normativa internacional, si no por el contrario un modo de garantizarla”, destacó Esteban Beltrán.

Recurso contra el matrimonio gay en España

En España, desde hace más de 6 años, la ley 13/2005 de 1 de julio que modificaba el Código Civil para reconocer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre este recurso. Amnistía Internacional está pendiente de esta sentencia y de las consecuencias que cualquier resolución pudiera tener en los derechos de miles de familias.

/// FIN

El anuncio de la presidenta Dilma Rousseff de los siete miembros que compondrán la Comisión de la Verdad encargada de investigar los delitos contra los derechos humanos cometidos en el pasado constituye un hecho histórico. Es fundamental que esta Comisión saque finalmente a la luz el verdadero alcance de las violaciones cometidas durante el régimen militar de Brasil.

"Este es un momento de gran importancia histórica para la justicia y la democracia en Brasil. Quienes fueron sometidos a malos tratos, torturados o perdieron a sus seres queridos a manos de las fuerzas de seguridad han esperado demasiado tiempo a que se desvele la verdad sobre estos delitos", ha declarado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.

Amnistía Internacional insta a los miembros de la comisión a asegurarse de que esta Comisión de la Verdad trabaja de manera imparcial, exhaustiva y transparente a fin de garantizar que se sacan a la luz todos los delitos cometidos en el pasado. Para que esto sea así, se le debe dotar a la Comisión de recursos suficientes para desempeñar esta función de forma efectiva.

Las comisiones de la verdad eficaces deben funcionar como medio para desvelar violaciones cometidas en el pasado, obtener reparación y en última instancia como catalizador para que se haga justicia.

Así, las conclusiones de esta comisión recientemente constituida servirán para impulsar los importantes esfuerzos del Ministerio Público para abrir procesos penales contra presuntos autores de violaciones de derechos humanos.

Es hora de que Brasil entierre los demonios del pasado, en consonancia con otros muchos países de la región que han hecho rendir cuentas a personas que en el pasado cometieron violaciones de derechos humanos.

"Que se haga justicia y la verdad salga a la luz sirve para hacer efectivos los derechos de las víctimas y sus familiares y al mismo tiempo garantizar que no se vuelven a cometer estos delitos”, ha señalado Atila Roque.

Madrid.- En el contexto del primer aniversario del movimiento 15M y ante los diferentes actos conmemorativos que están previstos desde mañana sábado en distintas ciudades españolas, Amnistía Internacional recuerda que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de toda persona a participar en reuniones lícitas y pacíficas, por lo que hace un llamamiento a las distintas autoridades públicas para asegurar el libre ejercicio del derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión.  

El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones en interés de la seguridad nacional o la seguridad pública, entre otras. Amnistía Internacional no cuestiona el derecho de las autoridades españolas a actuar con arreglo a la ley para imponer tales restricciones, “pero debe garantizarse que dichas restricciones son necesarias y proporcionadas, que se protege la libertad de expresión y de manifestación pacífica y que en ningún caso se hace un uso excesivo de la fuerza”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Amnistía Internacional quiere recordar que tanto la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una “manifestación pacífica” puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros.

Además, las Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE establecen claramente que “los organizadores de manifestaciones no serán responsables de los actos de cada participante”, y que en el caso de que se produjeran incidentes durante las manifestaciones, son las personas que presuntamente hayan cometido dichas infracciones quienes deberán responder por las mismas y no los organizadores.

Incluso en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Ashughyan v. Armenia, 17 julio 2008), se establece que “...cuando los manifestantes no participen en actos de violencia es importante que las autoridades públicas muestren cierta tolerancia hacia las reuniones pacíficas para no privar de todo contenido la libertad de reunión”. En este sentido, las autoridades deben garantizar lugares públicos, fácilmente accesibles al público en general, para que se celebren asambleas o concentraciones.

“Acampar también puede ser considerado como una legítima manera de protestar. El derecho a la reunión pacífica puede incluir acciones que de manera temporal pueden causar molestias u obstrucciones a los demás. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido claro en señalar que los manifestantes deben tener la suficiente oportunidad de demostrar sus opiniones”, señaló Esteban Beltrán.


Posible reforma del Código Penal y el derecho de manifestación pacífica
Amnistía Internacional ha dirigido una carta al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mostrando preocupación por sus declaraciones a los medios de comunicación sobre una posible reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, incorporaría la figura de “resistencia pasiva” como atentado contra la autoridad, la imputación de aquellos que convocasen cualquier manifestación que pudiera desencadenar en actos violentos, o la elevación de las penas del delito de atentados contra agentes de la autoridad.

“Nos preocupa que este anuncio sobre una posible reforma del Código Penal, realizado por el Ministro de Interior, se transforme en un intento de limitar derechos tan fundamentales como la libertad de reunión y manifestación pacíficas”, destacó el director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional se ha dirigido al Ministro pidiéndole información detallada sobre cualquier proyecto de reforma del Código Penal en el que esté trabajando el Gobierno en estos momentos. La organización también sostiene que cualquier modificación del mismo debe realizarse respetando la legalidad internacional con la que está obligada España.


Investigación del uso excesivo de la fuerza
Amnistía Internacional recuerda que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen la obligación de garantizar la seguridad y la integridad física de las personas, pero respetando las normas y estándares internacionales sobre actuación policial, como los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Cualquier actuación policial debe llevarse a cabo de tal manera que cumpla el derecho y las normas internacionales, lo que incluye el deber de ejercer moderación, actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga, reducir al mínimo los daños y las lesiones, y respetar y proteger la vida humana.

A lo largo de este primer año del movimiento 15M, Amnistía Internacional documentó y denunció en diversas ocasiones el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en ciudades como Barcelona y Madrid, incidentes que se saldaron con decenas de heridos. La organización, que también recibió informes de actuaciones similares en otras ciudades como Lleida y Valencia, mostró su preocupación porque las denuncias eran creíbles y reiteradas.

Más de 44.000 personas a través de una acción de Amnistía Internacional pidieron a las autoridades una investigación independiente, exhaustiva y eficaz de todas las denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de miembros de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes, la adopción de medidas disciplinarias y, si procedía, el inicio de actuaciones penales contra los agentes de quienes se concluyera hubieran hecho uso excesivo de la fuerza.

“En vez de dedicarse a recortar el derecho a manifestarse pacíficamente, el Gobierno debería garantizar que abusos contra manifestantes documentados durante el año pasado sean debidamente investigados, que se inicien actuaciones penales contra los agentes que hubieran hecho uso excesivo de la fuerza, y que actos similares no se repitan nunca mas”, resaltó Esteban Beltrán.

En todo este tiempo, la organización se ha encontrado con la negativa expresa de autoridades a realizar investigaciones, con la ausencia de las mismas, o con investigaciones insuficientes. Igualmente, Amnistía Internacional denunció el incumplimiento de la Instrucción 13/2007 del Ministerio de Interior que obliga a los agentes uniformados a llevar su número de identificación a la vista. En numerosas imágenes de manifestaciones pasadas se ha visto que los miembros de las fuerzas de seguridad no sólo no llevaban a la vista su identificación, sino que iban cubiertos por cascos o pasamontañas, lo que supone un obstáculo adicional para la investigación y la rendición de cuentas. Amnistía Internacional insta al gobierno Español a que garantice que todos los miembros de fuerzas de seguridad encargados de mantener la orden durante manifestaciones, incluídas las manifestaciones que tengan lugar durante los próximos días, lleven su número de identificación a la vista en todo momento.

/// FIN

Los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España. A pesar de la reclamación que las víctimas y sus familiares han emprendido ante la justicia española desde hace años, la gran mayoría de los casos han sido archivados por los jueces sin ni siquiera llevar a cabo ningún tipo de investigación,  por lo que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales.

Ante este estado de indefensión en el que se encuentran las víctimas en España, la organización pide a la justicia argentina que continúe con su investigación, puesto que se trata de la única causa abierta en el mundo que está abordando estos casos en la actualidad. 

Estas conclusiones quedan recogidas en el informe Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, que hoy ha hecho público en Buenos Aires la organización de derechos humanos. En esta publicación se analiza detalladamente cuál ha sido la respuesta que ha dado la justicia española a las víctimas y sus familiares. De los 21 casos estudiados por AI, la gran mayoría han sido archivados.

"Argentina puede y debe ejercitar su competencia para investigar lo sucedido en España. La jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal y, por lo tanto, todos los Estados pueden llevar adelante causas, independientemente de si los delitos son o no investigados en sede local", remarcó Mariela Belski, directora ejecutiva de AI en Argentina, durante la presentación del informe. En este sentido, la organización ha constatado que los informes enviados por la Fiscalía española a la justicia argentina  dando a entender que las investigaciones sí están avanzando en España no se ajustan a la verdad, puesto que, en realidad, las pesquisas están paralizadas, como demuestra el estudio de AI.

“Las actuaciones de los tribunales españoles en el ejercicio de la jurisdicción universal por crímenes cometidos en Argentina, Chile o Guatemala han otorgado un importante reconocimiento internacional a España. Es lamentable que España no sea capaz de llevar a cabo la misma investigación sobre los crímenes en su propio territorio. Ello da muestras de un evidente doble rasero”, denunció Esteban Beltrán, director de AI España.

Argumentos contrarios al derecho internacional

Tras la sentencia del Tribunal Supremo en febrero de este año sobre el llamado “caso de la Memoria Histórica”, la indefensión de las víctimas ha ido a peor, ya que aunque el Supremo absolvió en esta causa al ex Juez Garzón, en su sentencia utiliza argumentos que, según Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional, al declarar que los hechos que pretendía investigar el ex magistrado no pueden ser calificados de crímenes de lesa humanidad, por no ser considerados como tales en el momento en que fueron cometidos. Cabe recordar que la Audiencia Nacional examinaba la desaparición forzada de 114.266 personas entre 1936 y 1951.

Amnistía Internacional observa con preocupación que el archivo general de los casos se ha basado en criterios que excluyen la posibilidad de investigar y juzgar estos crímenes en el futuro: una incorrecta interpretación del principio de legalidad penal (que los delitos no eran tales en el momento de su comisión), la prescripción del delito, el fallecimiento de los culpables, la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica.

Recomendaciones:

A la vista de las conclusiones del informe, Amnistía Internacional plantea las siguientes recomendaciones:

- Al gobierno y al Parlamento español:

* Iniciar el proceso de adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas.
* Adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional- incluidas las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura.

- Al Poder Judicial español:

* Confirmar en sus sentencias que los crímenes de derecho internacional no están sujetos ni a amnistía ni a prescripción, cualquiera que haya sido la fecha de su comisión.
* Centralizar la información de todos los procedimientos de Guerra Civil y franquismo abiertos por la justicia española.
* En particular, el Tribunal Supremo debería rectificar su fallo, haciendo una interpretación del principio de legalidad conforme el derecho internacional y reconociendo que corresponde a los jueces españoles – en concurrencia con cualquier otro tribunal extranjero - investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y ello sin perjuicio de las investigaciones que, basadas en el principio de jurisdicción universal, ya han sido promovidas en otros Estados, como Argentina.

- Al Ministerio Fiscal:
Actuar de oficio promoviendo la investigación y persecución de los crímenes  de derecho internacional

- Al Poder Judicial argentino:

* Continuar la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos en España en el pasado, sin dilación. En particular, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 debería continuar conociendo la causa Nº 4.591/2010 (A12.447),  en la que se investiga la posible comisión de hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad durante la Guerra Civil española y el franquismo.

La prohibición de Carolina del Norte del matrimonio entre personas del mismo sexo es un revés para los derechos humanos, ha declarado Amnistía Internacional después de que los votantes de este estado del sureste aprobaran una enmienda a la Constitución estatal por la que se prohíben los matrimonios y las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Alrededor del 61 por ciento de los votantes de Carolina del Norte votaron a favor de la enmienda.

“Este es un día triste para las parejas del mismo sexo en Carolina del Norte”, afirmó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, deben poder gozar de la totalidad de los derechos humanos, sin excepción.

“Mientras varios estados de Estados Unidos han votado a favor de permitir que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, Carolina del Norte ha dado un paso atrás aprobando una prohibición discriminatoria que no sólo prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que vulnera directamente unos derechos que salvaguarda el derecho internacional.”

“La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo impide que muchas personas disfruten de toda una serie de otros derechos, como el derecho a una vivienda y a la seguridad social, y estigmatiza esas relaciones de un modo que puede fomentar la discriminación y otros abusos contra los derechos humanos de lesbianas, gays y personas bisexuales.”

El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia está claramente articulado en la legislación internacional, de la que Estados Unidos es firmante.

El matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido legalmente sólo en Vermont, Nueva York, Nuevo Hampshire, Washington DC, Massachusetts, Maryland, Connecticut, Washington y Iowa.

Veintinueve estados de Estados Unidos ya tienen una prohibición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Amnistía Internacional expresa gran preocupación por la condena injustificada de Wenceslao Mansogo Alo, doctor en medicina, por negligencia profesional. La organización le considera preso de conciencia, cuya detención arbitraria y condena injusta han tenido motivación política con el fin de silenciarlo y castigarlo por sus constantes críticas a la política del gobierno.

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a favor de la excarcelación inmediata e incondicional de Wenceslao Mansogo Alo.

El 7 de mayo de 2012, la Audiencia Provincial del Litoral, en la ciudad de Bata, declaró al ginecólogo Wenceslao Mansogo Alo culpable de negligencia profesional y le condenó a tres años de prisión. Amnistía Internacional cree que la declaración de culpabilidad tuvo motivación política, debido a sus críticas al gobierno y a sus actividades políticas, así como a su incesante labor como defensor de los derechos humanos.

Wenceslao Mansogo Alo, que es también miembro destacado de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), partido político de la oposición, como responsable de la unidad de derechos humanos, e incansable defensor de los derechos humanos, así como concejal del gobierno local, está encarcelado desde su detención, practicada sin orden judicial el 9 de febrero de 2012. La detención se produjo tras la muerte de una paciente a la que el médico había operado en su clínica privada el 1 de febrero. La familia de la fallecida acusó infundadamente a Wenceslao Mansogo Alo de mutilar el cadáver.

CPDS es el único partido de oposición independiente del país, y además observa la situación de los derechos humanos y denuncia a menudo sus violaciones. Sus miembros son periódicamente objeto de acoso y detención.

Tras su detención en febrero, Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron una declaración conjunta en la que pedían la libertad inmediata e incondicional de Wenceslao Mansogo Alo, al considerar que esta detención tuvo motivación política y que no había pruebas que justificaran su reclusión.

Un mes después de la detención, Wenceslao Mansogo Alo fue acusado formalmente de negligencia profesional y de profanación de un cadáver. Sin embargo, el segundo cargo fue retirado posteriormente y se le procesó por negligencia profesional. El enjuiciamiento se basó en acusaciones infundadas y en el informe de un examen físico médico del cadáver realizado por el ministro de Sanidad el 10 de febrero. Al parecer, no se realizaron más investigaciones para probar los hechos en los que se basaba la acusación.

El informe del examen del cadáver concluyó que éste no había sido mutilado, aunque afirmó que la paciente había muerto de un ataque al corazón causado por la mala administración de la anestesia. Wenceslao Mansogo Alo no era el responsable de la anestesia.

En el juicio, celebrado los días 4 y 5 de abril, la acusación no presentó ninguna prueba que sustentara los cargos de negligencia profesional contra Wenceslao Mansogo Alo.

Al parecer, las autoridades aprovecharon el infortunado incidente para castigar a Wenceslao Mansogo por su labor como activo defensor de los derechos humanos y activista político, sin basarse en hechos.

Dos médicos que comparecieron como testigos de la acusación declararon ante el tribunal que como cirujano, Wenceslao Mansogo Alo no era el responsable de administrar la anestesia. Además, consideraban que el método y la dosis de anestesia administrada eran compatibles con las prácticas médicas aceptadas para ese tipo de operación y las características de la paciente. No obstante, el tribunal le declaró culpable.

Además de a la pena de prisión, Wenceslao Mansogo Alo fue condenado al pago de una indemnización de alrededor de 10.000 dólares estadounidenses a la familia de la fallecida y a otra de 3.000 dólares al Estado. También fue suspendido para ejercer la medicina durante el tiempo de que esté encarcelado. El tribunal ordenó asimismo el cierre de su clínica mientras permanezca en prisión. Sus abogados tienen previsto recurrir contra la declaración de culpabilidad y la condena.

La anestesista que trabajó con Wenceslao Mansogo Alo también fue declarada culpable de negligencia profesional y condenada a seis meses de prisión, así como al pago de una indemnización de unos 1.500 dólares estadounidenses a la familia.   

Ciertas irregularidades procesales cometidas durante el periodo de prisión preventiva de Wenceslao Mansogo Alo también parecen apuntar a la motivación política, como los retrasos no explicados del juez instructor y del tribunal de apelación en tramitar las solicitudes y recursos formulados por los abogados de la defensa contra la detención injustificada de Wenceslao Mansogo. Según las leyes de Guinea Ecuatorial, los tribunales deben responder en el plazo de tres días, plazo que no se cumplió.

Por otra parte, aunque no había ninguna acusación formal contra él, el juez instructor legalizó su detención al considerar que podría haberse cometido un delito, basándose únicamente en una acusación infundada de la familia de la fallecida y en el informe de un examen físico del cadáver. Además, contrariamente a lo que establece la legislación ecuatoguineana, el juez denegó la libertad bajo fianza. El juez de instrucción no tramitó la solicitud presentada el 14 de febrero por el abogado defensor de que revisara su decisión, basada en que no se había cometido ningún delito, en el plazo de tres días que establece la ley. Posteriormente, el tribunal de apelación tampoco respondió en plazo a una apelación contra la detención de Wenceslao Mansogo Alo.

Además, el tribunal debe dictar sentencia e imponer condena en el plazo de tres días tras la conclusión del juicio. Sin embargo, la sentencia y la condena no se dieron a conocer hasta el 7 de mayo, justo un mes después de que finalizara el juicio, excediéndose así del plazo prescrito.

Amnistía Internacional viene documentando desde hace muchos años casos de juicios de motivación política, y ha expresado su preocupación por el hecho de que el poder judicial de Guinea Ecuatorial no es ni independiente ni imparcial. Según la Constitución, el “Primer Magistrado de la Nación” es el presidente de la República. Los jueces no gozan de inamovilidad en el cargo y son nombrados o cesados por el presidente, a voluntad. En ocasiones anteriores, el presidente ha cesado a unos jueces para nombrar a otros para que juzgaran casos políticos concretos. Algunos magistrados han informado en privado de que tenían que pedir instrucciones sobre ciertos casos a la “máxima autoridad”. La organización también tiene constancia de casos en los que las autoridades políticas han hecho caso omiso de sentencias y resoluciones judiciales.

Amnistía Internacional reitera su petición a las autoridades de Guinea Ecuatorial de que pongan en libertad a Wenceslao Mansogo Alo inmediata e incondicionalmente, y de que le indemnicen por su detención ilegítima.

El canal Al Yazira en inglés se ha visto obligado a cerrar su oficina en Pekín tras la expulsión de China de la periodista Melissa Chan, hecho que ha dado lugar a que Amnistía Internacional pida a las autoridades chinas que renueven inmediatamente el visado y los credenciales de prensa de la afectada.

El canal ha expresado su decepción ante esta situación y ha declarado que seguirá solicitando una presencia en China.

Según informes, Chan es la primera periodista extranjera acreditada a quien se le han revocado sus credenciales de prensa y su visado desde 1998, fecha en que fueron expulsados Yukihisa Nakatsu, del Yomiuiri Shimbun, y Juergen Kremb, de Der Spiegel. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no ha dado ninguna explicación de la decisión de no prorrogar su documentación.

“La expulsión de Melissa Chan forma parte de un constante general de intentos de intimidación de los periodistas extranjeros que les impide informar sobre temas que las autoridades consideran ‘delicados’”, ha afirmado Corinna-Barbara Francis, investigadora sobre China de Amnistía Internacional.

“Los periodistas internacionales que informan desde China llevan años autocensurándose para quedarse en el país. Pero obligar a Al Yazira a cerrar su oficina en Pekín representa una escalada peligrosa que no augura nada bueno para el futuro de la información de prensa procedente de China.”

Durante el reciente caso del activista Chen Guangcheng, que permaneció seis días en la embajada estadounidense en Pekín, varios periodistas extranjeros fueron amenazados con la revocación de su visado por entrar presuntamente en el estacionamiento de vehículos del hospital donde Chen recibe atención médica.

Chan ha informado de varias noticias polémicas desde China, como el encarcelamiento de peticionarios de las zonas rurales en “cárceles negras” no oficiales y las confiscaciones ilegales de tierras de cultivo.

Los peticionarios son personas que tratan de hacer valer los derechos tradicionales a informar de casos personales de injusticia directamente a las autoridades, fuera de los cauces legales normales.

Algunas de estas personas exponen sus casos a las autoridades centrales y viajan hasta Pekín, donde por lo general se las devuelve a sus provincias de origen y a veces se las encarcela en lo que se conoce como “cárceles negras”, centros de reclusión no oficiales donde se encierra a personas sin que medie ningún trámite judicial. Es habitual que se recluya a estas personas sin que se notifique del hecho a sus familias, y los afectados corren grave riesgo de sufrir malos tratos.

“Si las autoridades chinas tienen un compromiso con la libertad de expresión, deben poner fin a los intentos de amordazar a los periodistas con estas medidas de castigo y renovar inmediatamente el visado de Melissa Chan, y permitir que Al Yazira en inglés siga operando en el país”, concluyó Corinna-Barbara Francis.