El valor mostrado por quienes han protestado en los últimos 12 meses ha ido paralelo
al fracaso del liderazgo del Consejo de Seguridad de la ONU, que parece cansado, desfasado y cada vez menos adecuado para su función, ha dicho Amnistía Internacional en el lanzamiento de su informe sobre los derechos humanos en el mundo. En este Informe 2012, el número 50 de los publicados, la organización hace un llamamiento en favor de la aprobación de un Tratado sobre el Comercio de Armas sólido este año.

“El fracaso del liderazgo se ha convertido en una cuestión global durante el último año en el que los políticos han respondido a las protestas con brutalidad o indiferencia. Los gobiernos deben demostrar un liderazgo legítimo y rechazar la injusticia protegiendo a quienes no tienen poder y poniendo límites a los poderosos. Ya es hora de anteponer las personas a las empresas y los derechos a los beneficios”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

El apoyo explícito y entusiasta a los movimientos de protesta mostrado por muchas potencias globales y regionales en los primeros meses de 2011 no se ha traducido en actos. Coincidiendo con la convocatoria a las urnas de los ciudadanos egipcios para elegir un nuevo presidente, cada vez parece más evidente que se están desperdiciando las oportunidades para el cambio que crearon los manifestantes.

“En el último año han sido muchas las ocasiones en que las alianzas oportunistas y los intereses económicos han ganado a los derechos humanos en la lucha de las potencias mundiales por lograr la influencia en Oriente Medio y el Norte de África”, ha dicho Salil Shetty. “El lenguaje de los derechos humanos se habla cuando sirve a intereses políticos o empresariales, pero se deja de lado cuando resulta incómodo o estorba para lograr beneficios”.

Su no intervención en Sri Lanka y su pasividad ante los crímenes contra la humanidad en Siria –uno de los principales compradores de armas a Rusia– hicieron que el Consejo de Seguridad de la ONU pareciera incapaz de llevar a cabo su función de guardián de la paz mundial. Las superpotencias emergentes de Brasil, India y Sudáfrica han sido en demasiadas ocasiones cómplices con su silencio.

“Existen claras razones de peso para que la situación de Siria se remita a la Corte Penal Internacional a fin de que se investiguen los crímenes contra la humanidad. La determinación de algunos miembros del Consejo de Seguridad de proteger a Siria a toda costa hace difícil de conseguir la rendición de cuentas por estos crímenes y es una traición al pueblo sirio” ha dicho Salil Shetty.

El Informe 2012 de Amnistía Internacional documenta casos concretos de restricción de la libertad de expresión en al menos 91 países, así como casos de torturas o malos tratos en al menos 101 países, en muchas ocasiones por participar en manifestaciones.

“Para lograr mejoras a largo plazo no basta con cambiar a los líderes por muy tiránicos que sean. Los gobiernos deben hacer valer la libertad de expresión en sus países y en el extranjero, tomarse en serio sus responsabilidades internacionales, e invertir en sistemas y estructuras que garanticen justicia, libertad e igualdad ante la ley.”

La conferencia de la ONU que se celebrará en julio para acordar un Tratado sobre Comercio de Armas será una prueba de fuego para ver si los políticos son capaces de poner los derechos humanos por encima de los propios intereses y los beneficios. Sin un tratado sólido, la función del Consejo de Seguridad de la ONU como guardián de la paz y la seguridad mundiales parece abocada al fracaso, con sus miembros permanentes ejerciendo un veto absoluto sobre cualquier resolución a pesar de ser los mayores proveedores de armas del mundo.

“Los manifestantes han demostrado que es posible el cambio. Han lanzado un desafío pidiendo que los gobiernos defiendan la justicia, la igualdad y la dignidad. Han mostrado que el mundo no va a aceptar ya a los líderes que no estén a la altura de estas expectativas.  Tras un comienzo desafortunado, 2012 debe convertirse en el año de la acción”, ha dicho Salil Shetty.


Otras novedades mundiales destacadas en el Informe 2012 de Amnistía Internacional:

• Estados muy represivos como China emplearon todo el peso de su aparato de seguridad en reprimir las protestas. No hubo ninguna mejora en la terrible situación de los derechos humanos en Corea del Norte.

• En el África Subsahariana, los levantamientos de Oriente Medio y el Norte de África encontraron gran eco entre la población, pero en países como Angola, Senegal o Uganda se hizo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

• Las protestas sociales cobraron fuerza en América, y a menudo provocaron abiertos enfrentamientos entre los ciudadanos y poderosos intereses económicos y políticos. En países como Brasil, Colombia y México los activistas fueron víctimas de amenazas y homicidios.

• En Rusia, el activismo civil creció y el país fue escenario de las mayores manifestaciones desde el hundimiento de la Unión Soviética, pero las voces de oposición fueron víctimas de abusos y silenciadas sistemáticamente.  

• No hubo señales de cambio significativo en países como Turkmenistán y Uzbekistán. Azerbaiyán, país anfitrión del Festival de la Canción de Eurovisión de este año, donde aún hay 16 presos de conciencia encarcelados por hacer oír sus voces en 2011, reprimió la libertad de expresión.

• A pesar de la violencia tras el referéndum en el que Sudán del Sur votó a favor de su independencia, el Consejo de Seguridad de la ONU, junto con el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, volvieron a no condenar abusos como los bombardeos indiscriminados de las Fuerzas Armadas de Sudán o el cierre de los estados afectados a las organizaciones humanitarias por parte del gobierno sudanés.

• En Oriente Medio y el Norte de África, mientras los levantamientos ocupaban la atención mundial, se enconaban otros problemas arraigados. El gobierno de Irán, cada vez más aislado e intolerante con la disidencia, utilizó la pena de muerte con un entusiasmo sólo superado por China, mientras que Arabia Saudí reprimió con fuerza a los manifestantes. Israel mantuvo el bloqueo de Gaza, prolongando la crisis humanitaria y continuó con la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania. Las organizaciones políticas palestinas Fatah y Hamás hicieron blanco de sus ataques a sus respectivos simpatizantes; las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos llevaron a cabo ataques en represalia en Gaza.

• El gobierno de Myanmar tomó la importante decisión de poner en libertad a más de 300 presos políticos y permitir a Aung San Suu Kyi presentarse a las elecciones. Sin embargo, la escalada de violaciones de derechos humanos relacionadas con el conflicto en las zonas de minorías étnicas, así como el constante hostigamiento y detención de activistas indicaron que la reforma tenía límites.

• Entre las tendencias observadas figuran los abusos contra las comunidades indígenas en América a medida que se intensificaban las iniciativas para explotar los recursos; el empeoramiento de la discriminación en África por la orientación sexual o la identidad de género; el endurecimiento del discurso xenófobo de algunos políticos europeos y el incremento de la vulnerabilidad a los actos terroristas perpetrados en África por grupos islamistas armados.

• Entre los avances figuran la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, las fisuras a la impunidad por abusos cometidos en el pasado en América; y los pasos históricos hacia la justicia que supusieron las detenciones del general serbobosnio Ratko Mladić y el serbocroata Goran Hadžić para ser juzgados por los crímenes perpetrados en las guerras de la década de 1990 en Yugoslavia.

/// FIN

La negativa de la organización que gestiona Eurovisión a condenar los abusos contra los derechos humanos cometidos en Azerbaiyán da carta blanca al gobierno de ese país para continuar con la represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional después de que otras dos protestas pacíficas hayan sido disueltas violentamente.

Azerbaiyán es el anfitrión del Festival de la Canción –el evento más destacado de la European Broadcasting Union (EBU)–, que se celebra del 22 al 26 de mayo.

“Pese a la publicidad en la que se comprometía a respaldar la libertad de expresión en Azerbaiyán, la EBU ha mantenido un silencio mortal sobre las recientes y reiteradas violaciones de ese derecho”, ha manifestado Max Tucker, responsable de campaña sobre Azerbaiyán de Amnistía Internacional, que se encuentra actualmente en la capital del país, Bakú.

“La inacción de la EBU y de la comunidad internacional da a las autoridades carta blanca para seguir reprimiendo violentamente, y sin consecuencias, la disidencia.”

El lunes, más de 200 manifestantes se reunieron en dos lugares del centro de Bakú para pedir el fin de la corrupción y el respeto de los derechos humanos.

Según los organizadores de la protesta, la policía metió por la fuerza a los manifestantes en autobuses y los llevó fuera de la ciudad; a varios de ellos los golpearon, y a 38 los detuvieron.

Uno de los organizadores, Abulfaz Gurbanly, ha dicho a Amnistía Internacional que, mientras estuvo recluido en una comisaría de policía, le propinaron puñetazos y patadas y lo golpearon con una porra. Según afirma, varios manifestantes más fueron también golpeados bajo custodia.

Las protestas pacíficas fueron disueltas en presencia de varios periodistas internacionales, lo que arroja dudas sobre las afirmaciones de la EBU de que el atraer la atención de los medios de comunicación internacionales hacia Bakú mejoraría la situación de los derechos humanos.

“El aumento de la cobertura de los medios de comunicación no servirá de nada si no se persuade a los socios comerciales y diplomáticos de Azerbaiyán de que actúen en defensa de la libertad de expresión”, ha manifestado Tucker.

 “Las autoridades azerbaiyanas parecen pensar que pueden salir indemnes de una cobertura informativa negativa, y eso da lugar a una nueva represión de la disidencia.”

Amnistía Internacional ha observado una nueva oleada de violaciones de derechos humanos en Azerbaiyán. Un informe reciente ha documentado numerosos casos de ataques, chantajes y encarcelamiento contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. La EBU no ha comentado públicamente ninguno de esos casos.

A Amnistía Internacional le preocupa también que los activistas locales que han tratado de utilizar Eurovisión para llamar la atención hacia los abusos contra los derechos humanos sufran represalias una vez concluido el festival.

Los periódicos estatales ya han emprendido una campaña de difamación contra los líderes de la campaña Sing for Democracy (Cantar por la Democracia), a los que han calificado de agentes de la vecina Armenia, con la que Azerbaiyán mantiene una disputa territorial desde hace 20 años.

“Confiamos en que los periodistas internacionales con los que hemos hablado en las últimas semanas no nos olviden después de Eurovisión”, ha manifestado Rasul Jafarov, uno de los organizadores de Sing for Democracy. “Eso podría ser muy peligroso para nosotros”.

Seis periodistas han sido asesinados en México en menos de un mes, lo que pone de manifiesto la incapacidad que siguen demostrando las autoridades para defender la libertad de expresión protegiendo a las plantillas de los medios de comunicación de las amenazas y los actos violentos de que son víctimas por desempeñar su trabajo.

El viernes, el cadáver mutilado de Marco Antonio Ávila García, de 39 años, experimentado periodista especializado en sucesos, fue hallado dentro de una bolsa de basura tirada en una cuneta en el estado de Sonora, al noroeste del país. Fue secuestrado el día anterior en un taller de lavado de Ciudad Obregón, donde residía y trabajaba para dos periódicos.

La muerte de Ávila se produjo unos días después de que se encontrase a un ex periodista muerto en el maletero de un vehículo en la ciudad mexicana de Cuernavaca, en el centro del país, y dos semanas después de que se hallaran en el estado de Veracruz, al este del país, los cadáveres mutilados de tres periodistas. El 28 de abril también fue hallada asesinada en su domicilio de Xalapa, Veracruz, una corresponsal de la publicación semanal Proceso. 

“Esta nueva oleada de homicidios de trabajadores de medios de comunicación debe servir de llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben adoptar más medidas para proteger a los periodistas que corren peligro por desempeñar su labor”, ha declarado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.

“Las autoridades rara vez identifican o ponen a disposición de la justicia a quienes perpetran ataques contra periodistas, lo que crea un clima de temor y vulnerabilidad entre quienes son lo bastante valientes para seguir con su labor. Resulta de vital importancia que se lleven a cabo de inmediato investigaciones exhaustivas e imparciales sobre cada uno de estos casos, utilizando incluso nuevas atribuciones de investigación federales, a fin de garantizar que los autores son puestos a disposición judicial.”

Según el portavoz de la Procuraduría del estado de Sonora, la policía encontró junto al cadáver de Marco Ávila una nota firmada por un cártel de la delincuencia organizada, pero el contenido de la misma no se ha hecho público.

El 13 de mayo, unos días antes del secuestro y la muerte de Marco Ávila, se encontró en Cuernavaca, al sur de Ciudad de México, el cadáver del ex periodista René Orta Salgado, al que habían estrangulado y metido en el maletero de su vehículo. En enero Salgado había abandonado el periódico El Sol.

El 3 de mayo, la policía halló los cadáveres de tres fotógrafos y el trabajador de un periódico en Boca del Río, en el estado de Veracruz, situado en el Golfo de México, al este del país.

Los tres fotógrafos —Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez— estaban todos especializados en informar sobre asuntos relacionados con la policía y la delincuencia organizada. Los nombres de los tres aparecían en una lista negra divulgada el año pasado por un grupo criminal organizado. También se halló muerta a Irasema Becerra, administrativa en un periódico que mantenía una relación con Luna.

Varios días antes, el 28 de abril, fue asesinada en Xalapa, capital del estado, la corresponsal de la revista ProcesoRegina Martínez. También había llevado a cabo investigaciones sobre redes criminales y corrupción política.

Los últimos homicidios son la continuación de la actual oleada de violencia contra periodistas de todo México desencadenada en el contexto de la lucha del gobierno contra los grupos criminales organizados que se ha cobrado la vida de más de 50.000 personas en los últimos cinco años.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, desde el año 2000 han sido asesinados en el país 81 periodistas y 14 más se encuentran desaparecidos. Los autores rara vez son puestos a disposición judicial.

El grave riesgo que corren las vidas de los periodistas ha llevado a algunas organizaciones de medios de comunicación a dejar de informar del todo sobre la delincuencia organizada —entre otros, el periódico El Mañana de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, al norte del país, que anunció su decisión de autocensurarse después de que a principios de este mes tirotearan sus oficinas—.

El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración por la que instan a las autoridades mexicanas a actuar con presteza para acabar con la amenaza constante a que están expuestos periodistas y defensores de los derechos humanos.

Amnistía Internacional también ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades mexicanas a adoptar más medidas para garantizar que se protege la libertad de expresión, entre las que se incluye aplicar la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue aprobada en marzo por la Cámara de Diputados Federal de México, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.

Asimismo siguen sin entrar en vigor las reformas constitucionales que permiten la investigación federal de delitos cometidos contra periodistas.   

“Las autoridades estatales y federales mexicanas deben redoblar sus esfuerzos para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos y acabar con los homicidios selectivos, que representan una grave amenaza a la libertad de expresión”, ha dicho Knox.

“La nueva ley no valdrá ni el papel en que está impresa si no viene acompañada de un esfuerzo serio y coordinado sobre el terreno para proteger a las organizaciones de medios de comunicación y activistas de derechos humanos de México que cada vez más son blanco de ataques.

Un destacado clérigo libanés contrario al gobierno sirio y otro hombre con el que viajaba resultaron muertos por disparos de bala en un puesto de control al norte de Líbano, lo que ha impulsado a Amnistía Internacional a pedir a las autoridades libanesas que abran una investigación independiente en lugar de que la lleve a cabo el ejército u otras fuerzas de seguridad.

Sheij Ahmad Abdel Wahed, crítico con el presidente sirio Bachar el Asad y su gobierno, y Muhammad Hussein Merheb murieron el domingo por disparos de bala cerca de un puesto de control en Kouaikhat en la región de Akkar, al norte del país.

Según los informes, tras el tiroteo en el puesto de control, otras tres personas perdieron la vida en enfrentamientos entre grupos rivales.

“Es de vital importancia que la investigación sobre estos homicidios la lleve a cabo un organismo independiente. Se debe llevar a cabo sin demora y debe ser exhaustiva e imparcial, según exigen las normas internacionales de derechos humanos, y los responsables de cometer estos abusos deben ser puestos a disposición judicial sin recurrir a la pena de muerte”, ha declarado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

En una declaración emitida ayer, la jefatura de las fuerzas armadas libanesas lamentó profundamente las dos muertes acaecidas en el puesto de control y aseguró que “establecería de inmediato una comisión de investigación compuesta por altos mandos y policía militar bajo la supervisión de las autoridades judiciales correspondientes”.

Amnistía Internacional ha escrito con anterioridad a las autoridades libanesas señalando los requisitos que deben cumplir las investigaciones imparciales e independientes sobre denuncias de violaciones de derechos humanos y otros abusos.

En los años 2007 y 2008, la organización escribió al entonces primer ministro Fouad Siniora, así como al ministro de Defensa, para manifestar su preocupación por el hecho de que las presuntas violaciones cometidas por el ejército libanés en el contexto de los sucesos de Nahr al Bared de 2007 —objeto de una investigación interna del ejército— no se estuviesen investigando con independencia e imparcialidad.

Últimamente Líbano, que es frágil desde un punto de vista político, ha asistido a un aumento de la tensión y la violencia, agravadas por la actual crisis en la vecina Siria.    

Armenia, Georgia y Azerbaiyán deben hacer más para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), ha dicho Amnistía Internacional tras una oleada de ataques contra activistas.

En vez de condenar el ataque con cócteles molotov de la semana pasada contra un bar de ambiente gay de Ereván, capital de Armenia, algunas autoridades hicieron declaraciones homofóbicas y justificaron la violencia contra las personas LGBTI.

Mientras, en la vecina Georgia, el jueves la policía de la capital, Tiflis, hizo muy poco para evitar que un grupo cristiano ortodoxo impidiera una marcha pacífica realizada por una organización LGBTI con motivo del Día Internacional contra la Homofobia.

“La virulencia de estos recientes ataques demuestra la necesidad de que haya un diálogo público para abordar la homofobia en todo el Cáucaso Meridional y proteger  a las personas LGBTI de la discriminación”, ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Ataque con cócteles molotov en Ereván

El 8 de mayo, una cámara de seguridad captó a unas personas, que se autodenominaron “fascistas”, mientras arrojaban cócteles molotov por las ventanas de un bar de ambiente gay del centro de Ereván. Según los informes, la policía llegó al lugar 12 horas después para investigar el ataque incendiario.

En la investigación se detuvo a dos jóvenes, que quedaron en libertad poco después, tras pagar su fianza dos parlamentarios de la Federación Armenia Revolucionaria (Dashnaktsutyun), partido nacionalista de oposición. Los parlamentarios justificaron el ataque afirmando que se enmarcaba “dentro del contexto de la ideología societal y nacional”.

Los dirigentes de la Federación Armenia Revolucionaria se han distanciado de la actuación de los parlamentarios afirmando que actuaron a título personal, pero no han pedido públicamente a sus compañeros que se disculpen por apoyar este presunto crimen de odio.

Eduard Sharmazanov, portavoz del partido gobernante (Partido Republicano), y vicepresidente del Parlamento, declaró el jueves al periódico Hayots Ashkharh: “Como ciudadano armenio y miembro del partido nacionalista-conservador [en el gobierno], considero la rebelión de los dos jóvenes armenios contra los homosexuales [...] completamente correcta y justificada [...] A esos defensores de los derechos humanos que están intentando sacar partido del incidente les pediría que protegieran ante todo y por encima de todo los valores nacionales y universales".

Amnistía Internacional considera que este tipo de discurso oficial es peligroso, exacerba la discriminación y socava la función de los defensores de los derechos humanos.

“La respuesta oficial ante el ataque con bombas incendiarias en Ereván es absolutamente escandalosa: proteger los derechos humanos de las personas LGBTI no es una concesión, sino una obligación que tiene contraída Armenia en virtud del derecho internacional”, ha dicho Dalhuisen.

Homofobia y transfobia en Tiflis

El jueves, una marcha pacífica que discurría por el centro de Tiflis con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia fue atacada por un grupo de cristianos ortodoxos y miembros de la “Unión de Padres Ortodoxos”, que comenzaron a insultar y amenazar a los miembros de IDENTOBA, organización georgiana de defensa de los derechos de las personas LGBTI.

El grupo de contramanifestantes, entre los que había sacerdotes ortodoxos, impidió que la marcha llegara al Parlamento de Georgia dando puñetazos e insultando a gritos a los manifestantes pacíficos. Según los informes, los enfrentamientos estallaron cuando los contramanifestantes agredieron a los asistentes a la marcha rompiendo sus pancartas.

En una grabación de vídeo del incidente se ve cómo la policía interviene en el momento que se inicia una pelea entre ambos grupos. Fueron detenidas cinco personas –tres de ellas manifestantes de IDENTOBA–, que quedaron en libertad poco después.

“Una señal de una sociedad tolerante es permitir que se lleven a cabo protestas pacíficas e impedir la discriminación”, ha dicho Dalhuisen.

Las autoridades deben respetar la libertad de expresión de todos los grupos sin discriminación. Esto incluye proteger las manifestaciones pacíficas de los ataques violentos.

La policía en Tiflis no impidió que la violencia homofóbica y transfóbica empañara la marcha del Día Internacional contra la Homofobia, y ahora debe investigar dónde estuvo el fallo y aplicar medidas para mejorar la actuación policial en manifestaciones pacíficas en el futuro”, ha añadido Dalhuisen.

Motivos de preocupación en Bakú en vísperas de Eurovisión

Grupos de personas LGBTI en el vecino Azerbaiján, otro país del Cáucaso Meridional, también han planteado su preocupación por la seguridad de los participantes LGBTI durante el próximo festival de la canción de Eurovisión, que se celebrará en la capital del país, Bakú, del 22 al 26 de mayo.

Las relaciones entre personas del mismo sexo no están tipificadas como delito en Azerbaiyán desde 2001, pero hasta ahora este país no ha promulgado leyes que prohíban específicamente la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y brinden verdadera protección a las personas LGBTI. Siguen imperando la homofobia y la transfobia y se han hecho pocos avances para cambiar las actitudes de la opinión pública y las prácticas discriminatorias contra las personas LGBTI.

Debe ponerse fin a la discriminación y la persecución que sufre el colectivo LGBTI en Sudáfrica y Camerún, ha declarado Amnistía Internacional mientras activistas de todo el mundo celebran el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

Los casos de acoso, discriminación, persecución, violencia y asesinatos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de las personas están aumentando en todo el África subsahariana. Los líderes políticos de algunos países africanos no sólo no protegen los derechos de las personas a no ser discriminadas, sino que, por el contrario, a menudo realizan declaraciones y acciones que incitan a la discriminación y la persecución.

En Camerún, en la actualidad hay siete hombres encarcelados a consecuencia de la legislación que penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, mientras que los crímenes homófobos y tránsfobos son comunes en Sudáfrica, donde los ataques contra la comunidad LGBTI no se investigan adecuadamente, creando así un clima de impunidad para quienes los perpetran.

"Es profundamente preocupante que en 2012 la gente aún sea perseguida a causa de su orientación sexual, real o percibida, o por su identidad de género”, ha afirmado Erwin van der Borght, director del Programa para África de Amnistía Internacional.

“Es hora de que el gobierno de Camerún revoque la legislación que penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”

En Sudáfrica las autoridades deben garantizar que los crímenes de odio contra los miembros de la comunidad LGBTI son investigados exhaustivamente y que el derecho constitucional a la igualdad de este colectivo es respetado.

Desde marzo de 2011, 13 personas han sido detenidas en Camerún en aplicación de la legislación que penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

La mayoría ha sido perseguida debido a la percepción que se tenía de su orientación sexual, más que a una presunta participación en relaciones sexuales consentidas que la legislación prohíbe. En prácticamente ningún caso la policía u otros testigos ha declarado haber presenciado esas presuntas relaciones sexuales.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que las leyes que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo contravienen el derecho internacional humanitario.

En Camerún, un tribunal de Yaundé condenó en abril de 2011, en aplicación de esta legislación, a tres años de prisión a Jean-Claude Roger Mbede. Otros dos hombres fueron también condenados a penas de cinco años de prisión en julio de 2011, mientras que otros cuatro hombres que habían sido detenidos en agosto de 2011 aún permanecen privados de libertad en espera de juicio.

En Sudáfrica, las agresiones sexuales y otros tipos de ataques contra la integridad física de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexuales son demasiado comunes, particularmente contra quienes habitan en zonas rurales y en los barrios marginales de los centros urbanos.

En la madrugada del 24 de abril del 2011, Noxolo Nogwaza, una joven lesbiana de 24 años, fue asesinada cuando se dirigía a su casa después de pasar una noche de fiesta con sus amigos. Sus agresores la violaron y la golpearon y apuñalaron repetidamente –debido, aparentemente, a su orientación sexual– antes de abandonar su cuerpo en una zanja de drenaje. Un año después de su muerte, no ha habido ningún progreso en la investigación de su asesinato y sus asesinos siguen en libertad. 

Noxolo, quien también era una defensora de los derechos humanos, vivió y murió en KwaThema, un barrio marginal al este de Johannesburgo, en la provincia de Gauteng.

En los últimos cinco años, se han denunciado más de 10 casos de violación y posterior asesinato de lesbianas de barrios marginales en distintas partes del país. La sociedad civil sudafricana y Amnistía Internacional están haciendo campaña contra el fracaso generalizado de las investigaciones de los crímenes de odio de carácter homófobo y tránsfobo, lo que contribuye a crear un clima de impunidad entre sus perpetradores.

En aplicación del acuerdo mediado por Egipto, Israel se ha comprometido, entre otras cosas, a poner fin al régimen de aislamiento al que estaban sometidos 19 presos –recluidos bajo ese régimen por un periodo de hasta 10 años– y a levantar la prohibición de las visitas de familiares que pesaba sobre los presos de la Franja de Gaza.

"Esperamos que esos compromisos sean signo de un nuevo enfoque adoptado por las autoridades israelíes, basado en el respeto de los derechos humanos de la población reclusa”, ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“En cualquier caso, no es de recibo que 2.000 presos hayan tenido que poner en peligro su salud para garantizar que se respetan sus derechos humanos;derechos que las autoridades israelíes llevan años violando.” 

Amnistía Internacional ha pedido repetidamente que se reanuden las visitas de familiares a los presos de Gaza, suspendidas por completo en junio de 2007.

"Estas violaciones reiteradas del Servicio Israelí de Prisiones contra los presos en huelga de hambre deben investigarse a fondo y de manera independiente e imparcial, y los responsables deben rendir cuentas”, ha dicho Ann Harrison.

“Una reclusión en régimen de aislamiento tan prolongada –fundada en información de la que no disponen los presos ni sus abogados– representa una violación de su derecho al debido proceso y constituye trato cruel, inhumano y degradante.”

Según el acuerdo, a finales de esta semana se espera que los presos sean trasladados a celdas donde tendrán contacto con otros reclusos.

“Quienes se encuentran en la enfermería de la prisión de Ramla, en huelga de hambre entre seis y 11 semanas, deben ser trasladados a un hospital civil inmediatamente hasta que su vida deje de correr peligro y deben ser tratados con humanidad en todo momento”, ha declarado Ann Harrison.

La detención administrativa es un procedimiento por el cual las personas detenidas son recluidas bajo mandato militar sin cargos ni juicio durante periodos de hasta seis meses que pueden ser renovados indefinidamente. Basándose en el reglamento inicial aprobado bajo el Mandato Británico, Israel ha usado dicha medida contra su ciudadanía desde 1948, y desde 1967 contra miles de palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados.

Las órdenes de detención administrativa se basan en información secreta de la que no se hacen partícipes ni a los detenidos ni a sus abogados, negando así a las personas detenidas la oportunidad de ejercer de forma efectiva su derecho a interponer los recursos pertinentes.

A finales de abril de 2012, unos 300 palestinos fueron recluidos en detención administrativa según estadísticas del Servicio Israelí de Prisiones. Algunos son presos de conciencia, confinados únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

Durante muchos años Amnistía Internacional ha instado a Israel a poner fin a la práctica de la detención administrativa y a dejar en libertad a quienes se encontraban detenidos por vía administrativa, a menos que se los acusara de un delito común reconocible y se los juzgara sin dilación de acuerdo con las normas internacionales.

“El compromiso adquirido por Israel, según informes, de no renovar las órdenes de detención administrativa de las personas que se encuentran actualmente en esa situación, salvo que se presente nueva información de los servicios de inteligencia, no observa las citadas recomendaciones, pero, de aplicarse, significaría un primer paso hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas en la esfera de los derechos humanos”, ha expresado Ann Harrison.

Amnistía Internacional y organizaciones locales de derechos humanos han documentado repetidamente violaciones cometidas por el Servicio Israelí de Prisiones contra detenidos en huelga de hambre desde que Khader Adnan, detenido por vía administrativa, comenzó una huelga de hambre en diciembre de 2011.

Entre esas violaciones se encuentran los castigos infligidos a los detenidos en huelga de hambre, a quienes someten a régimen de aislamiento e imponen multas correctivas; la negación de atención médica; la prohibición de tener acceso a profesionales médicos y de la abogacía independientes; la prohibición de recibir visitas de familiares; las agresiones físicas; y la administración forzosa de tratamiento, como inyecciones en contra de la voluntad de los detenidos.

Asimismo, a Amnistía Internacional le preocupa que en las últimas semanas las fuerzas de seguridad y policía israelíes hayan, al parecer, empleado fuerza excesiva contra personas que se manifestaban de forma no violenta para expresar su solidaridad con los presos en huelga de hambre tanto en Cisjordania como en Israel.

Un destacado periodista ha contado a Amnistía Internacional cómo las fuerzas del gobierno sirio lo torturaron y mantuvieron recluido en condiciones deplorables antes de expulsarlo a Jordania el lunes. 

Salameh Kaileh, ciudadano jordano de origen palestino de 57 años, ha vivido y trabajado en Damasco, capital de Siria, desde 1981.

El 24 de abril, agentes vestidos de civil de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria lo detuvo durante una redada en su apartamento de Barzah, una zona residencial de las afueras de Damasco. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

“El principal motivo de mi detención, según tengo entendido, es una conversación que mantuve en Facebook con un amigo que no vive en Siria sobre mi postura con respecto a la revolución y mi opinión sobre la Hermandad Musulmana y todo eso”, ha contado Kaileh a Amnistía Internacional.

Tras su detención, Kaileh permaneció recluido en la sección de los servicios de inteligencia de la Fuerza Áerea en Damasco, donde lo insultaron y golpearon durante días. Los agentes emplearon con él la técnica de tortura denominado falaqa, que consiste en azotar las plantas de los pies con una delgada vara de bambú.

Un agente sin identificar arremetió contra el origen del periodista profiriendo insultos contra los palestinos.

Durante todo el interrogatorio, a Kaileh le preguntaron en repetidas ocasiones sobre su participación en la edición de una publicación política de izquierdas —él niega tal implicación, y afirma que recoge la publicación para su labor periodística. 

El 3 de mayo, Kaileh fue trasladado a otra sección de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, donde profesionales médicos lo derivaron a un hospital militar en Al Mezzeh tras confirmar que presentaba señales de haber sido torturado.

Mientras estuvo en el hospital militar, fue sometido a tortura incluso más que antes. Kaileh y el resto de pacientes estaban hacinados, dos o tres por cama, con las manos y los pies atados y las caras cubiertas con mantas. Les obligaban a defecar y orinar en las camas.

“Por desgracia, el hospital era mucho peor que lo que sufrí en prisión. No era un hospital, era un matadero”, ha asegurado Kaileh.

“Permanecí en aquel infierno durante una semana… Me obligué a no comer ni beber para no orinar en la cama. Necesitaba tomar medicación para un problema de tiroides y no me la dieron.”

Durante ese periodo en el hospital, Kaileh fue sometido a frecuentes y severas palizas mientras se encontraba con los ojos vendados y atado a la cama.

Los médicos se sumaban a los militares para proferir insultos contra los pacientes, pero no pudo ver si también participaban en las palizas. Mientras se encontraba detenido, preocupaba seriamente la salud de Kaileh, ya que necesita tomar medicación a diario desde que se recuperó de un cáncer de garganta en 2004.

El 10 de mayo, Kaileh fue trasladado del hospital a una sección del Departamento de Inmigración. Funcionarios de esta y otras oficinas ministeriales lo interrogaron antes de expulsarlo por avión a Ammán, capital de Jordania, el lunes. Kaileh ha dicho que desea volver a Siria y se propone interponer una demanda contra su expulsión.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, Kaileh no ha participado en las protestas populares que están teniendo lugar en Siria, y su reclusión y tortura a manos de las autoridades sirias se han debido únicamente a su labor periodística y escritos políticos.

Kaileh fue detenido anteriormente en 1991 y condenado a nueve años de prisión en Damasco por su presunta pertenencia al Partido de Acción Comunista.

“El espantoso calvario de Salameh Kaileh demuestra hasta dónde son capaces de llegar las autoridades sirias en su intento de aplastar la disidencia”, ha señalado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Su espantoso relato es un reflejo de los informes que hemos recibido sobre miles de personas sometidas a tortura y malos tratos mientras se encontraban detenidas —a menudo en condiciones de reclusión enormemente precarias— en medio de la represión ejercida por el gobierno sirio durante los últimos 15 meses.”

“No es la primera vez que documentamos la implicación de médicos en violaciones de derechos humanos. Deberían hacer todo lo posible para que las personas recuperen la salud en vez de permitir que se mantenga a los pacientes en condiciones atroces y se los someta a tortura en los hospitales.”

En octubre de 2011 Amnistía Internacional publicó un informe que lleva por título, Salud en crisis: ataques del gobierno sirio contra heridos y profesionales de la salud, en el que se documentan los abusos a que sometían a presuntos opositores del gobierno el personal médico, los profesionales de la salud y los funcionarios de los servicios de seguridad en varios hospitales militares o de gestión pública. 

Desde el principio de las protestas generalizadas, en gran parte pacíficas, en favor de reformas en Siria en febrero de 2011, la represión de la disidencia ha ocasionado la detención de miles de presuntos opositores. Durante ese tiempo, muchas, si no la mayoría, de las personas detenidas han sido sometidas a tortura y al menos 350 han muerto mientras se encontraban bajo custodia.

En el año transcurrido desde su comienzo, aunque han seguido organizándose manifestaciones pacíficas, los disturbios se han vuelto cada vez más violentos, y hay grupos armados de oposición, muchos de ellos más o menos agrupados en torno al Ejército Sirio Libre, que efectúan ataques, sobre todo, contra las fuerzas de seguridad sirias. Según los informes, el Ejército Sirio Libre y otras personas armadas también han cometido abusos, aunque no en la misma medida que las fuerzas del gobierno.

Amnistía Internacional conoce los nombres de más de 9.200 personas que, según informes, han muerto o han sido víctimas de homicidio en relación con los disturbios desde mediados de marzo de 2011. Muchas resultaron muertas durante las protestas o en incursiones armadas en pueblos y ciudades, a consecuencia de ejecuciones extrajudiciales, una política de tirar a matar y bombardeos/tiroteos indiscriminados de zonas residenciales.

También han muerto miembros de las fuerzas de seguridad, algunos a manos de desertores del ejército que luchan contra el gobierno.

A pesar de la presencia de una pequeña misión de observación de la ONU encargada de vigilar la situación, en las últimas semanas la violencia ha continuado, con enfrentamientos, según los informes, entre las fuerzas del gobierno sirio y grupos armados, entre otros, el Ejército Sirio Libre.

Amnistía Internacional ha pedido repetidamente que se remita la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, se imponga un embargo internacional de armas al país y se congelen los activos del presidente Bashar al Asad y sus allegados.

La organización también pide una misión de observadores de Naciones Unidas más eficaz y debidamente dotada con un componente claro de vigilancia de la situación de los derechos humanos.

Los autores del atentado con bomba perpetrado el 15 de mayo en la capital de Colombia, Bogotá, en el que al menos dos personas murieron y más de 50 resultaron heridas, han demostrado un desprecio absoluto y deplorable por la vida humana, y deben ser llevados ante la justicia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La explosión hirió al ex ministro del Interior Fernando Londoño, mató a su chófer y a un escolta, e hirió también a más de 50 transeúntes.

Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad, y las autoridades colombianas han eludido, hasta el momento, culpar a ninguna organización.

“Quien quiera que sea el autor de este atentado, debe ser identificado y llevado a juicio. Toda investigación criminal debe ser imparcial e independiente, y sus resultados deben hacerse públicos”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

“Si las investigaciones sobre el atentado de ayer revelan la autoría de alguna de las partes enfrentadas en el conflicto armado, este ataque constituiría una grave violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados que puedan causar bajas civiles”, ha manifestado Marcelo Pollac.

El gobierno de Bahréin debe comprometerse a poner en libertad a los presos de conciencia y a garantizar una auténtica rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde febrero de 2011, ha declarado hoy Amnistía Internacional, con motivo del examen a que va a ser sometido Bahréin por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra el 21 de mayo.   

Bahréin fue el primer país objeto del examen periódico universal (EPU), hace cuatro años, y en esa ocasión el gobierno participó de forma muy constructiva, incluso adoptando numerosos compromisos voluntarios y respondiendo positivamente a las recomendaciones de que tomara medidas para abordar la discriminación de la mujer y limitara las restricciones a la libertad de expresión. Sin embargo, los avances en la implementación de estos compromisos y recomendaciones están siendo muy lentos.

Lo que es aún más significativo, la situación de los derechos humanos en el país se ha deteriorado recientemente convirtiéndose en una crisis, después de la torpe respuesta de las autoridades a las protestas generalizadas a favor de la reforma que comenzaron en febrero de 2011.

Desde esa fecha, al menos 60 personas han perdido la vida en relación con las protestas, y las fuerzas de seguridad siguen haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Los detenidos han sido sometidos a torturas y a otros malos tratos en centros de detención no oficiales. Decenas de personas juzgadas en juicios injustos por tribunales militares y condenadas a largas penas de prisión siguen en la cárcel pese a haber sido condenadas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

A finales de junio de 2011, el rey de Bahréin creó la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. La Comisión estaba encabezada por el profesor Cherif Bassiouni e integrada por expertos de independencia, integridad y experiencia reconocidas internacionalmente. El 23 de noviembre de 2011, la Comisión presentó su informe al rey y formuló detalladas recomendaciones de carácter práctico y legislativo. El informe confirmó que se habían cometido violaciones graves de los derechos humanos.

El gobierno de Bahréin prometió la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión de Investigación, incluida la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. No obstante, y a pesar de algunas reformas institucionales y de otra índole, la aplicación por el gobierno de las recomendaciones de la Comisión relacionadas con la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos ha sido insuficiente. Aunque en la actualidad hay 11 policías de baja graduación procesados por su implicación en abusos contra los derechos humanos, no ha rendido cuentas de sus actos ningún alto cargo de las fuerzas de seguridad responsables de las violaciones, como el Departamento de Seguridad Nacional y la Fuerza de Defensa de Bahréin.

Aunque el examen periódico universal no puede sustituir la atención continua que ha de prestar el Consejo de Derechos Humanos a la situación de estos derechos en Bahréin, representa un momento importante para que Bahréin y la comunidad internacional aborden la gravísima situación de los derechos humanos en el país y trabajen conjuntamente para acordar medidas oportunas y efectivas para poner fin a estas violaciones. En un momento en el que varios países condenan abiertamente, y con razón, los abusos contra los derechos humanos que se cometen en otros países de Oriente Medio y el Norte de África, es necesario mostrar idéntico compromiso con la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en Bahréin.

Para el gobierno de Bahréin, esta es una oportunidad para demostrar liderazgo en el proceso del EPU, como se ha esforzado en hacer con anterioridad. Debe reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas y garantizar la rendición de cuentas plena por ellas. También debe comprometerse a informar periódicamente al Consejo de Derechos Humanos de los avances en la implementación de las medidas acordadas y recomendadas en el EPU.

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a que recomiende al gobierno de Bahréin que adopte las siguientes medidas:

• Excarcelar inmediata e incondicionalmente a todos los presos de conciencia juzgados y condenados por el Tribunal de Seguridad Nacional u otros tribunales, y encarcelados únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión, incluidos los 14 destacados líderes de la oposición; 
• En concordancia con las normas internacionales, abrir investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes (a cargo de un órgano independiente de la Fiscalía) sobre todas las denuncias de tortura, muertes bajo custodia y homicidios ilegítimos, incluidos los causados por el uso innecesario y excesivo de la fuerza, cometidos desde que comenzaron las protestas de febrero de 2011;

• Garantizar que todos los presuntos responsables de torturas y homicidios ilegítimos, incluidos aquellos con responsabilidad de mando y quienes aprobaron o cometieron torturas, homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos, con independencia de su cargo o puesto en el gobierno y de su graduación en las fuerzas de seguridad y militares, rinden cuentas de sus actos, incluso en juicios conformes con las garantías internacionales de imparcialidad y sin recurso a la pena de muerte.