En Jamaica, algunos hombres son tachados de delincuentes sólo por expresar su amor.

Los intentos de celebrar el Día del Orgullo en Kiev, la capital de Ucrania, se han topado una y otra vez con un muro debido a las amenazas, muy reales, de violencia y a que la fuerza policial no está dispuesta a proteger a los participantes.

Y en Sudáfrica, el odio homófobo desemboca con demasiada frecuencia en agresiones y homicidios que no investiga la policía no suele investigar.

Estos tres países ofrecen una imagen de los tipos de discriminación y de violencia que afronta el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexo (LGBTI) en todo el mundo. En numerosos países, este clima de prejuicios aumenta la probabilidad de sufrir agresiones físicas y otros abusos contra los derechos humanos de las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, sea real o percibida.

El 17 de mayo, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo emprenderán acciones para poner de relieve la situación de los derechos humanos del colectivo LGBTI en estos tres países y mostrar su solidaridad.

Un elevado nivel de discriminación
En todo el mundo hay personas que sufren numerosas violaciones de derechos humanos debido a su orientación sexual o identidad de género, real o percibida.

El colectivo LGBTI sufre de forma desproporcionada un elevado nivel de discriminación en el acceso a la atención para la salud, la educación, el empleo y la vivienda. En muchos países, las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo siguen estando penalizadas y el colectivo LGBTI es a menudo objeto de violencia, acoso, detenciones arbitrarias, detenciones ilegítimas, encarcelamiento y torturas. Varios países imponen aún la pena de muerte por las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y existe el riesgo de que esta pena se introduzca en otros.

Además, se niega a estas personas el derecho a la libertad de expresión y de reunión: en ciertos países, los activistas que organizan actos para celebrar el Orgullo son proscritas por las autoridades municipales o tienen una protección policial insuficiente cuando la amenaza de la violencia pesa sobre estos actos.

El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se creó en 2004 para llamar la atención de los responsables de las políticas, los líderes de opinión, los movimientos sociales, la opinión pública y los medios de comunicación sobre estas cuestiones. Se celebra el 17 de mayo para conmemorar la decisión adoptada en 1990 por la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad de la lista de trastornos mentales.

“Sólo por ser quienes son, en muchos países el colectivo LGBTI sufre la discriminación, la violencia y el miedo en su vida cotidiana”, ha declarado Emily Gray, del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional.

“En el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Amnistía Internacional pide a miles de activistas que hagan una enérgica demostración de solidaridad para contribuir a cambiar las actitudes y las realidades en Jamaica, Ucrania y Sudáfrica.

Los activistas responden
En Jamaica, las relaciones sexuales consentidas entre hombres siguen estando penalizadas y pueden castigarse con hasta 10 años de cárcel. Aunque estas leyes rara vez se aplican, el clima de prejuicio resultante aumenta la probabilidad de que se produzcan discriminación, agresiones físicas y otros abusos contra los derechos humanos de las personas debido a su orientación sexual e identidad de género, real o percibida.

Esta discriminación se traduce en casos frecuentes de detenciones arbitrarias, detenciones y malos tratos a miembros del colectivo LGBTI. El acceso a la atención para la salud, la vivienda, el empleo y otros servicios está también limitado por un nivel desproporcionadamente elevado de discriminación.

Durante la campaña electoral de diciembre de 2011, la actual primera ministra, Portia Simpson-Miller, declaró que “nadie debería ser discriminado debido a su orientación sexual” y que “el gobierno debería proporcionar protección” al colectivo LGBTI.

Los activistas de Amnistía Internacional están usando Twitter para recordar a la primera ministra y a su gobierno la urgencia de adoptar medidas concretas que respalden este compromiso.

Mientras, en Europa, el colectivo LGBTI de Ucrania sufre estereotipos negativos y un trato discriminatorio a manos de parte de la ciudadanía y de las autoridades. Hay noticias de que algunos líderes religiosos y autoridades elegidas del gobierno han hecho comentarios abiertamente discriminatorios contra este colectivo.

En Ucrania nunca se ha celebrado la marcha del Orgullo. La marcha que se iba a celebrar en la capital, Kiev, en mayo del año pasado se suspendió por las amenazas de violencia del público contra los participantes y porque la policía no estableció medidas de seguridad adecuadas.

Otros actos públicos organizados por el colectivo LGBTI han sido prohibidos por temor a suscitar reacciones negativas de la ciudadanía, y se ha enjuiciado a activistas LGBTI por ejercer su derecho de reunión pacífica.

Existe el temor de que la celebración del Orgullo el próximo 25 de mayo sea suspendida de nuevo por las amenazas y las insuficientes medidas de protección de la policía.

Amnistía Internacional respalda totalmente la marcha del Orgullo de Kiev y está trabajando con los organizadores para garantizar que las autoridades locales permiten su celebración sin obstáculos; la organización enviará una delegación para apoyar la marcha.

Los activistas también trabajan sobre Sudáfrica, donde los crímenes de odio contra personas debido a su orientación sexual o identidad de género, real o percibida, son muy frecuentes.

Entre junio y noviembre de 2012 solamente, Amnistía Internacional documentó siete asesinatos de miembros del colectivo LGBTI en el país, aunque es probable que la cifra real sea muy superior.

Existe una evidente desconexión entre las progresistas leyes sudafricanas sobre cuestiones LGBTI y el acceso, en la práctica, a la justicia para las personas de este colectivo que son víctimas de crímenes de odio. Esto es algo que queda patente en el hecho de que la policía no investiga adecuadamente los casos de violencia contra miembros del colectivo LGBTI y en el clima permanente de temor que éste soporta, sobre todo en algunos barrios y en las zonas rurales. En conjunto, prevalece la impunidad por estos crímenes de odio.

En torno a la fecha del 17 de mayo, los simpatizantes de Amnistía Internacional enviarán mensajes personales de solidaridad a activistas LGBTI de Sudáfrica, para alzarse juntos contra los crímenes de odio.

“Amnistía Internacional cree que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, deben poder ejercer todos sus derechos humanos sin temor a sufrir violencia, discriminación y persecución”, concluyó Emily Gray.

La decisión de la Corte Suprema de El Salvador de, una vez más, posponer su fallo sobre si permitir o no que una mujer embarazada con graves problemas de salud pueda tener un aborto muestra su completa falta de humanidad, dijo Amnistía Internacional.

Beatriz, una mujer de 22 años, cuyo caso está generando atención en todo el mundo, está embarazada de cuatro meses y ha sido diagnosticada con un número de enfermedades graves, incluyendo lupus y problemas de riñón.

No se espera que el feto que lleva sobreviva ya que no tiene gran parte del cerebro y cráneo.

Beatriz está actualmente en el hospital, pero le han negado tratamiento vital porque requeriría que se interrumpa su embarazo. El aborto es ilegal en todos los casos en El Salvador, aun cuando la vida de la mujer está en peligro.

La Corte Suprema tenía la oportunidad de resolver este tema con un fallo definitivo – la demora pone la vida de Beatriz en más riesgo del que ya estaba.

“Ayer, los jueces que tienen el poder de inmediatamente salvar la vida de una joven madre que quiere vivir desesperadamente eligieron no hacerlo. Estamos indignados por su abdicación de su rol de proteger y defender la vida y salud de Beatriz. No hay justicia en esta demora y definitivamente no hay humanidad,” dijo Esther Major, investigadora sobre America Central de Amnistía Internacional.

"Darse hasta tres semanas para decidir si Beatriz vive o muere, o potencialmente termina con graves problemas de salud, es extremadamente cruel."

"Instamos a los jueces a que inmediatamente defiendan los derechos de Beatriz y traten este caso con la urgencia que merece."

Las Naciones Unidas, la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos, cuatro expertos especiales de las Naciones Unidas, incluyendo al experto sobre tortura y violencia contra las mujeres, han demandado que el estado le provea a Beatriz el tratamiento que quiere y necesita para sobrevivir.

“El gobierno de El Salvador debe actuar ahora para salvar a Beatriz y cumplir con su rol de garantizar los derechos humanos en el país. El mundo está mirando e instamos a las autoridades a que intervengan ahora para garantizar su derecho a la vida,” dijo Esther Major.

Ya han pasado más de dos meses desde que el hospital que está tratando a Beatriz pidiera permiso al gobierno para proveerle el tratamiento que necesita, pero las autoridades todavía no han tomado acción.

El Código Penal del país establece que cualquiera que pida o lleve a cabo un aborto puede ser condenado a largas penas de prisión. Esto significa que tanto los médicos como Beatriz podrían estar en riesgo de ser llevados a prisión si llevan a cabo la interrupción del embarazo.

Beatriz ya tiene un hijo de un año que necesita a su madre. Ella estaba enferma antes de su primer embarazo, pero sus dolencias se pudieron mantener bajo control.

Decenas de miles de personas de todo el mundo han solicitado a las autoridades en El Salvador que le provean a Beatriz el tratamiento médico que tanto necesita.

Más de 70,000 activistas de Amnistía Internacional han firmado peticiones y muchos más están actualmente tomando acción.

Las autoridades bahreiníes deben poner en libertad de inmediato a los cinco hombres condenados a un año de prisión por presuntas ofensas al rey de Bahréin en mensajes publicados en Twitter; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

El abogado Mahdi al Basri, de 25 años, fue detenido tras un registro policial en su domicilio, situado en Karrana, norte de Bahréin.

Al día siguiente se detuvo a Mahmood Abdul Majeed Abdullah al Jamri, de 34 años, Hassan Abdali Issa, de 33, Mohsen Abdali Issa, de 26, y Ammar Makki Mohammad al Aali, de 36.

Los cinco fueron procesados en causas separadas por ofender al rey en mensajes publicados en Twitter.

Mahdi al Basri fue acusado de publicar mensajes en Twitter en junio de 2012 que fueron rastreados para localizar su dirección IP. Él ha negado los cargos y asegura que no fue su cuenta personal de Twitter la que se utilizó para publicar estos mensajes, y que él no tenía ninguna relación con la cuenta que utilizaba su dirección IP.

Los hombres fueron condenados a un año de prisión el 15 de mayo en aplicación del artículo 214 del Código Penal de Bahréin, que tipifica como delito “ofender al emir [rey] del país y la bandera o emblema nacional”.

“Aparentemente, las autoridades de Bahréin están recurriendo a toda clase de artimañas para impedir que la gente exprese su opinión”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Dos años después de la sublevación en Bahréin, y a pesar de que el gobierno pretende haber emprendido reformas, las autoridades bahreiníes están endureciendo las medidas de represión contra quienes se atreven a expresar su opinión, ya sea a través de Twitter o en marchas pacíficas.”

El 14 de abril, el Consejo de Ministros bahreiní aprobó una enmienda al artículo 214 del Código Penal que eleva la pena por ofender al rey Hamad bin Isa al Jalifa o a la bandera y otros símbolos nacionales.

En virtud de esta enmienda, que se ha remitido a la Asamblea Nacional, tales delitos se castigarían con hasta cinco años de cárcel, además de fuertes multas.

Este mismo mes, en otro intento de restringir derechos básicos, la Cámara Baja del Parlamento bahreiní ha propuesto nuevas enmiendas a la Ley de Reuniones, Procesiones y Concentraciones Públicas.

Tales modificaciones impondrían más restricciones sobre el derecho de reunión pacífica al obligar a los organizadores a depositar una fianza de 20.000 dinares (53.050 dólares estadounidenses) para obtener un permiso. Además, deberán avisar a los residentes de la zona donde va a tener lugar la concentración.

Desde el comienzo de la revuelta en 2011, Amnistía Internacional ha documentado decenas de abusos contra los derechos humanos de activistas pacíficos en Bahréin, como tortura y otros malos tratos, uso excesivo e innecesario de la fuerza y detenciones arbitrarias.

La Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, establecida por el gobierno de Bahréin en junio de 2011, se creó con el cometido de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de 2011 y presentar un informe.

La Comisión concluyó que las fuerzas de seguridad eran responsables de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, pero no se ha observado ningún progreso para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos.

Tras las agresiones sufridas por varias personas, el gobierno ucraniano debe promulgar legislación que aborde la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe presentado hoy.

Además, los legisladores deben votar en contra de la propuesta de ley que criminaliza la “propaganda de la homosexualidad”, un tema que se está debatiendo actualmente en el Parlamento.

“Hay personas que han recibido palizas, e incluso una ha sido asesinada, a causa de su orientación sexual o identidad de género, real o supuesta. La mayoría de estos delitos no se han investigado de manera adecuada y han quedado impunes”, ha afirmado Max Tucker, experto de Amnistía Internacional sobre Ucrania.

“Por si fuera poco, la posibilidad de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) sufran agresiones ya se utiliza de forma habitual para justificar que se las prive del derecho a la libertad de expresión y a celebrar actos públicos de forma pacífica”.

El informe de Amnistía Internacional Nothing to be proud of: Discrimination against LGBTI people in Ukraine, pone al descubierto la discriminación endémica hacia las personas LGBTI por parte de las autoridades y la opinión pública. Las declaraciones negativas, estereotipadas y discriminatorias por parte de representantes gubernamentales elegidos y líderes religiosos fomentan las agresiones a personas LGBTI.

En vez de abordar la discriminación contra las personas LGBTI, el Parlamento está debatiendo actualmente propuestas para criminalizar la “propaganda de la homosexualidad”, medidas que restringirían derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y reunión.

Las disposiciones vigentes contra la discriminación y relativas a los crímenes de odio no incluyen la orientación sexual ni la identidad de género. A modo de ejemplo, una ley de 2013 “relativa a los principios para prevenir y combatir la discriminación en Ucrania” no establece la orientación sexual ni la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación.

Las autoridades ucranianas no investigan adecuadamente ni enjuician los actos de violencia motivados por los prejuicios. De hecho, policías, fiscales y otros funcionarios públicos expresan habitualmente estereotipos negativos sobre las personas LGBTI, lo que pone en entredicho su disposición de ofrecer a todas las personas la protección de la ley en condiciones de igualdad.

Una ONG ucraniana recibió 29 informes de agresiones violentas y 36 informes de amenazas de violencia contra personas LGBTI por parte de otras personas en Ucrania en 2012. También ha documentado 49 casos de violaciones de derechos humanos de personas LGBTI cometidas por policías durante 2012, como detención ilegal, chantaje, tortura y otros malos tratos.

En la madrugada del 22 de octubre de 2012, Armen Ovcharuk, un joven gay, recibió un golpe en la cabeza cuando salía de un club nocturno gay en Kiev. Testigos presenciales llamaron a una ambulancia. Al día siguiente, sus amigos denunciaron el delito y posteriormente se abrió una investigación. Armen murió el 27 de octubre a causa de las lesiones; sin embargo, Amnistía Internacional aún no ha recibido respuesta del Ministerio del Interior informando sobre los avances en la investigación del ataque o si se ha registrado e investigado como un crimen de odio.

El 2 de marzo de 2013, Mykola Lebed se encontraba con unos amigos en un bar de la ciudad de Rivne cuando fue agredido por un grupo de hombres que ocupaban una mesa cercana y que habían bebido en exceso. Le rompieron la nariz y le dejaron los ojos amoratados. Cuando llegó la policía, los agentes hablaron con los agresores, pero no los detuvieron. Según los informes, le dijeron a Mykola Lebed que los hombres formaban parte de una “estructura superior”, una frase que apunta a que se trataba de funcionarios de la fiscalía.

Hasta la fecha no se ha celebrado ninguna Marcha del Orgullo LGBTI en Ucrania. La que estaba prevista para el pasado mes de mayo se canceló en el último momento debido a las amenazas de violencia y a que la policía de Kiev no estableció las medidas de seguridad necesarias para proteger a los participantes.

Inmediatamente después de la cancelación, y en los meses siguientes, algunos de los organizadores fueron perseguidos y agredidos con gas lacrimógeno a causa de su relación con el acto. Ninguna de las investigaciones sobre estos ataques ha concluido.

Otros actos públicos de grupos LGBTI han sido objeto de ataques de extremistas, pero la policía no sólo se ha abstenido de protegerlos, sino que ha procesado a activistas LGBTI por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica.

“La policía debe garantizar la protección policial necesaria para los grupos LGBTI que desean manifestarse pacíficamente. El hecho de que no protegiese adecuadamente a los participantes y organizadores de la Marcha del Orgullo que se iba a celebrar el año pasado en Kiev constituye una violación del derecho de los participantes a la libertad de reunión”, ha afirmado Max Tucker.

“La policía debe reparar este error actuando con profesionalidad y garantizando la protección policial necesaria para que el 25 de mayo se celebre sin impedimentos la primera Marcha del Orgullo LGBTI en Kiev. Si vuelve a abstenerse de proteger a los grupos LGBTI que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica, no sería una buena señal para las aspiraciones de Ucrania de acercarse a la Unión Europea.”

“Si el gobierno de Ucrania logra su objetivo tendrá que adaptar su legislación a las normas europeas de derechos humanos. Debe garantizar que todas las personas, incluidas las personas LGBTI, reciben un trato igualitario.”

¿Qué sucedió durante las cargas policiales de Atocha el 25-S? ¿Cuántas identificaciones realizan las fuerzas de seguridad y cuál es su motivación? ¿Cuántos incidentes racistas, xenófobos o discriminatorios se dan cada año? ¿Cuántas personas sin hogar hay? Todos estos datos son cruciales para evaluar el respeto a los derechos humanos en España, pero o no se recogen, o no son accesibles.

Amnistía Internacional pone en marcha una ciberacción para exigir que la transparencia sea una realidad en www.actuaconamnistia.org

Madrid.- El pasado 9 de octubre, Amnistía Internacional envió una carta al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, exigiendo una investigación independiente sobre las cargas tras la manifestación frente al Congreso del 25 de septiembre, donde la organización estima que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente dentro de la estación de cercanías de Atocha. El resultado de las investigaciones internas a agentes no se ha hecho público, ni se ha dado explicación alguna sobre la forma en que se llevó a cabo. Amnistía Internacional sólo recibió del Ministerio la respuesta de que “la policía había actuado de acuerdo a la Ley”, y el asunto se archivó.

Este es un ejemplo, entre otros muchos, que ilustra las consecuencias de la falta de transparencia.

“La falta de transparencia impide que las autoridades rindan cuentas en tiempo y forma de sus acciones, y en muchos casos puede facilitar la impunidad y los abusos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La transparencia, obligación internacional
Diversos mecanismos internacionales han venido pidiendo a España de manera reiterada que reúna y publique datos sobre discriminación, violencia sexual, o derechos económicos y sociales como la salud y la vivienda. Sin embargo, son escasos los avances en este aspecto.

En el caso de los incidentes racistas, xenófobos y discriminatorios, no se publica información sobre el número de identificaciones realizadas en la vía pública por las fuerzas de seguridad, o sobre su motivación. Tampoco se conoce el resultado de esos controles ni las personas afectadas por los mismos, según nacionalidad, origen étnico y racial. Sin estos datos, es imposible combatir el racismo y la discriminación ni garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.

Tampoco existe información sobre violencia sexual contra mujeres o niñas, más allá de las estadísticas sobre violencia de género a manos de parejas y exparejas. Conocer la magnitud y prevalencia de cada una de las formas de violencia de género en España, así como su alcance y la respuesta judicial ante las denuncias, es un paso necesario para acabar con la impunidad y la falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres.

“Con la información pertinente en la mano, se podría incrementar la rendición de cuentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, muchos abusos, malos tratos y torturas no quedarían impunes y se podrían diseñar e implementar políticas adecuadas a la lucha contra la discriminación o la violencia sexual. Además, también se facilitaría el control parlamentario y público”, ha declarado Beltrán.

¿Poner en marcha políticas... sin datos?
La evaluación permanente del impacto de las políticas, especialmente en un contexto de crisis económica, constituye una obligación para las autoridades. Sin embargo, una vigilancia efectiva es imposible si no se cuenta con los datos apropiados.

“Establecer políticas sin contar con los datos necesarios es irresponsable además de ineficaz, y puede poner en peligro los derechos de las personas” ha añadido Beltrán.

Amnistía Internacional ha exigido un estudio de evaluación de impacto en derechos humanos en colectivos vulnerables en el marco de la adopción del Real Decreto Ley 16/2012, que limita el acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas migrantes en situación irregular mayores de edad, y no lo ha obtenido hasta la fecha. Asimismo, con respecto al derecho a la vivienda, tampoco existe una definición homogénea en el Estado sobre las personas sin hogar y por lo tanto tampoco se cuentan con datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda, desoyendo recomendaciones de organismos de Naciones Unidas.

Retrasos y ausencias en la Ley de Transparencia
Hace más de ocho meses que la Ley de Transparencia entró en el Congreso para ser debatida. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo terminarán las ampliaciones de plazo para que los grupos presenten sus enmiendas al texto, de las que ya se han sucedido un total de 29.

“La Ley de Transparencia no acabará con la falta de rendición de cuentas de las autoridades si no hay una voluntad ni una política activa de recogida de información y de hacerla accesible al escrutinio público. De aprobarse con su contenido actual, la ley será papel mojado” ha declarado Beltrán.

La Coalición Pro Acceso, que reúne a 65 organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, señala al menos cinco puntos débiles del actual proyecto de ley de transparencia:

• Al contrario que otros estándares internacionales, la ley de transparencia no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, lo que puede traer varias consecuencias, especialmente a la hora de aplicar esta norma en el complejo sistema autonómico español.
• La ley de transparencia no incluye a todas las instituciones públicas: deja fuera a todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo y por lo tanto se excluye mucha información relativa al poder legislativo y judicial, así como de algunos organismos como el Tribunal de Cuentas.
• Esta ley excluye mucha información como la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender y seguir el proceso de toma de decisiones.
• No acaba con el silencio administrativo que en España afecta al 50% de las solicitudes de información, puesto que propone que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud.
• El organismo de supervisión no es independiente: va a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que será juez y parte a la hora de decidir sobre un conflicto.

Además, Amnistía Internacional quiere resaltar que las excepciones al acceso a la información contenida en la Ley de Transparencia, que afectan a "seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios" no pueden ir en detrimento de las obligaciones establecidas en otras normas. No puede haber retrocesos en particular respecto a los avances y exigencias de transparencia e información pública sobre las exportaciones de material de defensa español recogidas en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

A través de su centro de activismo, www.actuaconamnistia.org, la organización ha  puesto en marcha una ciberacción pidiendo a los grupos parlamentarios que se tenga en cuenta esas debilidades para que la transparencia sea una realidad y se garantice una política activa de recogida y publicación de información que abarque todos los ámbitos.

La resolución sobre Siria adoptada hoy por la Asamblea General de la ONU supone un avance, pero sirve de poco para abordar la enorme crisis humanitaria y de derechos humanos que vive el país, ha afirmado Amnistía Internacional.

Entre otras cosas, la resolución –que no es vinculante y se aprobó con el voto favorable de 107 Estados– alienta al Consejo de Seguridad de la ONU a que “estudie medidas apropiadas” para garantizar la rendición de cuentas por la violencia y las violaciones de derechos humanos existentes en Siria. Rusia fue uno de los 12 países que votaron en contra de la resolución, y se registraron 59 abstenciones.

La resolución incluye el llamamiento más enérgico formulado por la Asamblea General de la ONU hasta la fecha para que se investiguen de forma independiente e imparcial todas las presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario desde el inicio del levantamiento en Siria, en marzo de 2011. Rusia y China han vetado en tres ocasiones una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el país.

“Decenas de miles de personas han muerto y millones han quedado desarraigadas a causa del actual conflicto armado en Siria, pero la ONU ha tardado más de dos años en empezar apenas a abordar los graves abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo allí”, ha afirmado José Luis Díaz, representante de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York.

“La mayoría de los gobiernos del mundo ya se han manifestado abiertamente, y su aprobación para que se adopten medidas claras sobre Siria debe ejercer presión para que el Consejo de Seguridad de la ONU se ocupe de nuevo de este problema e inste a que se tomen medidas vinculantes para que los responsables de abusos rindan cuentas.”

“Esto incluye remitir la situación a la Corte Penal Internacional para que procese a las personas de todos los bandos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de derecho internacional.”

Catar, Arabia Saudí, Reino Unido y Francia fueron algunos de los países que presentaron la resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada hoy, que condena toda la violencia en el conflicto sirio, independientemente de su origen. Exhorta a todas las partes a que pongan fin de inmediato a las hostilidades y a que cumplan estrictamente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Además, respalda que se lleve a cabo una transición política que contribuya a poner fin a la crisis actual.

La resolución destaca la importancia de poner fin a la impunidad y obligar a rendir cuentas a todos quienes hayan cometido infracciones graves del derecho internacional humanitario e infracciones y abusos graves del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También exige que se conceda un mandato más amplio a la Comisión Internacional Independiente sobre Siria y se le permita mayor acceso para que pueda llevar a cabo su labor.

Desde los primeros informes sobre graves violaciones de derechos humanos en Siria, recibidos en marzo de 2011, Amnistía Internacional ha hecho constantes llamamientos a la comunidad internacional para que adopte medidas significativas destinadas a garantizar la rendición de cuentas de los responsables de crímenes de derecho internacional y otros abusos, y ofrecer reparaciones a las víctimas.

Activistas atrapados entre dos fuegos
La organización también ha pedido reiteradamente que el presidente Bachar al Assad ponga fin a la represión de la disidencia en el contexto del conflicto en el país: decenas de miles de personas han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, y muchas de ellas están recluidas en régimen de incomunicación o corren peligro de sufrir tortura u otros malos tratos.

Entre las personas perseguidas hay un gran número de activistas de los derechos humanos; algunos van a ser juzgados en el Tribunal Antiterrorista recién creado, en donde parece que los procedimientos incumplen las normas internacionales sobre juicios con garantías.

El 19 de mayo está previsto que el Tribunal Antiterrorista procese a cinco activistas independientes del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión; detenidos en febrero de 2012 durante una redada llevada a cabo en el centro, llevan desde entonces recluidos arbitrariamente en condiciones que constituyen desaparición forzada.
Los activistas, entre los que se encuentra el director del Centro, Mazen Darwish, están acusados de “difundir actos terroristas” para sus actividades de derechos humanos y con los medios de comunicación en respuesta al actual conflicto sirio.

“El próximo juicio contra Mazen Darwish y sus compañeros activistas de los derechos humanos por cargos relacionados con el terrorismo es representativo del modo en que se ha pisoteado el respeto de los derechos humanos en el actual conflicto sirio”, ha declarado José Luis Díaz.

“La comunidad internacional –y especialmente los aliados de Siria– debe presionar para que el gobierno de Al Assad deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos y garantice la puesta en libertad de todos los presos de conciencia que siguen encarcelados por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión.”

Desde que comenzó el conflicto, el gobierno de Bachar al Assad ha concedido varias amnistías penitenciarias generales, pero Amnistía Internacional ha hecho seguimiento de los casos de decenas de presos de conciencia a quienes no han afectado las medidas y que, al parecer, siguen recluidos en condiciones terribles.

El uso de medidas especiales por parte del gobierno para frustrar la huelga de docentes convocada en Grecia viola las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

La Unión de Docentes de Enseñanza Secundaria (OLME), sindicato nacional, ha propuesto una huelga de seis días durante los exámenes de acceso a la universidad, que comienzan el 17 de mayo y terminan al final del curso académico.

La huelga –que, según se ha informado, cuenta con el apoyo de los sindicatos de docentes locales– es en protesta por la decisión anunciada a finales de abril de incrementar la jornada laboral de los docentes. Los sindicatos afirman que ese cambio dará lugar a un elevado número de despidos y a un deterioro de la calidad general de la enseñanza en el país.

En un intento de sofocar la huelga, las autoridades griegas están invocando, según noticias, una legislación especial para obligar a los docentes a seguir trabajando. Los docentes podrían enfrentarse a cargos penales y a un mínimo de tres meses de prisión si incumplen esa orden; de ser acusados, se enfrentan a la suspensión inmediata de sus funciones y a la perspectiva de perder su empleo.

“Una prohibición general del derecho de los docentes a la huelga, impuesta mediante el procesamiento penal y la amenaza de penas de prisión, es claramente innecesaria y desproporcionada, y violaría las obligaciones internacionales contraídas por Grecia en materia de derechos humanos”, ha manifestado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Las dificultades económicas no eximen a los gobiernos de su obligación de respetar y defender todos los derechos humanos, y los derechos de los trabajadores, en concreto, no deben convertirse en una víctima de la crisis.”

Según la ley griega, el gobierno está facultado para movilizar obligatoriamente a los trabajadores en tiempos de paz en caso de que se produzca un suceso repentino que exija la adopción de medidas urgentes para hacer frente a las necesidades de defensa del país o a una necesidad social urgente: por ejemplo, un desastre natural o una amenaza a la salud pública.

Al anunciar el uso de esta disposición legal contra la huelga de docentes, el gobierno alegó que la medida era necesaria “para evitar una grave alteración de la vida social y económica del país y para proteger el orden público y la salud de los futuros estudiantes universitarios”.

En virtud del derecho internacional, Grecia tiene la obligación vinculante de respetar y proteger el derecho a la libertad de asociación, que incluye el derecho a organizarse –a formar sindicatos y unirse a ellos– y el derecho a la huelga. Esta obligación está establecida en tratados internacionales de derechos humanos en los que Grecia es Estado Parte, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (Convenio 87) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estos derechos sólo pueden limitarse en circunstancias muy específicas, cuando sea demostrablemente necesario y proporcionado y tenga como finalidad proteger la seguridad nacional, la seguridad pública, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de otras personas.

Sobre esta base, hay muy pocas restricciones del derecho a la huelga que sean admisibles. Podría aplicarse a las fuerzas armadas, la policía y otros funcionarios públicos que ejercen la autoridad en nombre del Estado. También podría aplicarse a trabajadores de servicios esenciales: servicios que, de interrumpirse, pondrían en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la población.

Los expertos de la OIT han señalado que el sector de la enseñanza no constituye un servicio esencial en ese sentido estricto del término, y también han señalado, de forma más general, que cualquier limitación de una huelga debe ser razonable y no imponer una limitación sustancial a los sindicatos.

Desde 2010, los trabajadores griegos han realizado varias huelgas contra la austeridad, en protesta por los severos recortes de salarios y programas gubernamentales.

La detención de al menos nueve activistas que intentaban organizar una manifestación pacífica en Guinea Ecuatorial es un nuevo indicio de que las autoridades están decididas a reprimir la libertad de expresión ante las próximas elecciones, ha dicho Amnistía Internacional.

Dos de las personas detenidas son Clara Nsegue Eyi y Natalia Angue Edjodjomo, fundadoras del Partido Democrático de la Justicia Social, de reciente creación, y coordinadoras del Movimiento de Protesta Popular, que fueron arrestadas el 13 de mayo y según los informes se encuentran recluidas en régimen de incomunicación en la Comisaría Central de Policía de Malabo.

Las activistas estaban organizando una protesta pacífica el 15 de mayo para exigir la inscripción en el registro de su partido político, que las autoridades han rechazado.

Jerónimo Ndong, secretario general del partido de oposición Unión Popular, también implicado en la organización de la protesta, fue detenido esta mañana y también está en la Comisaría Central de Policía de Malabo.

Éstas son las últimas detenciones de la nueva oleada de arrestos de activistas que comenzó el 8 de mayo, mientras el país se prepara para celebrar elecciones generales el 26 de mayo.

“Las autoridades de Guinea Ecuatorial están llevando a cabo una terrible campaña de detenciones dirigida contra todo aquel que se atreva a enfrentarse a ellas en las elecciones”, ha dicho Noel Kututwa, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“La oleada de arrestos y hostigamiento contra los activistas en favor de la democracia documentada en la última semana ensombrece las próximas elecciones.”

Enrique Nsolo Nzo, profesor universitario, fue detenido el 8 de mayo, cuando preparaba una pancarta para la manifestación con un grupo de alumnos. Seis jóvenes lo golpearon y lo arrastraron a un vehículo policial que esperaba en la calle.

Lo llevaron a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde lo interrogaron ante unas cámaras de televisión. Le preguntaron por qué querían manifestarse y si tenían permiso para hacerlo. Nsolo Nzo quedó en libertad sin cargos ese mismo día, pero lo despidieron de su trabajo docente.

El 14 de mayo, su padre, Marcelo Nzo Nsue, y su hermano mayor, Zenón Nsue Nzo, fueron detenidos y llevados a Malabo. Ambos siguen recluidos en el Ministerio del Interior, sin que se conozcan los motivos de la detención.

A varios miembros del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social, uno de los dos partidos de oposición que se presentan a las elecciones, los hostigaron y detuvieron brevemente en el inicio de la campaña electoral.

El 26 de mayo, los ecuatoguineanos elegirán en las urnas a un nuevo Parlamento y a miembros de los ayuntamientos de todo el país.

Los votantes elegirán también, por primera vez, a 55 miembros del nuevo Senado surgido de la Constitución reformada y aprobada en febrero de 2012. Los 15 senadores restantes serán designados directamente por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979.

El gobierno y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), liderado por el presidente Obiang, tienen un historial de represión de los opositores políticos antes de las elecciones, invocando a menudo “razones de seguridad” y presuntos intentos de golpe de Estado.

El PDGE monopoliza prácticamente el control del poder, la financiación y el acceso a los medios de comunicación nacionales, mientras que sus opositores políticos se encuentran con graves restricciones. Los miembros de la oposición sufren diversos tipos de presión, entre ellas la detención arbitraria y el hostigamiento.

Los líderes mundiales deben rechazar el modelo de desarrollo basado en la ayuda humanitaria en favor de un enfoque que prime los derechos humanos y la justicia, así se han manifestado 18 organizaciones no gubernamentales ante la presentación en la ONU del informe de un grupo de alto nivel sobre el futuro del desarrollo sostenible.

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), la Asociación por los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID) y otras 15 organizaciones de todo el mundo han hecho este llamamiento cuando un grupo de alto nivel de expertos se dispone a revisar el borrador definitivo de un informe que presentará al secretario general de la ONU al final de mayo, con miras a sentar las bases para la acción una vez concluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015.

Las organizaciones han explicado que todo nuevo modelo que se adopte ha de garantizar que se empodera y capacita a las personas para hacer que sus gobiernos y otras entidades rindan cuentas por su conducta cuando se haga caso omiso de los derechos humanos o se cometan abusos contra ellos.

“El marco post-2015 debe reconocer que las personas que sufren pobreza y privaciones son sujetos de derechos, no objetos de desarrollo. Además, debe abordar los obstáculos estructurales que mantienen a las personas en la pobreza en el ámbito nacional y mundial”, ha señalado Ignacio Saiz, director ejecutivo del CESR. Basándose en las conclusiones del grupo de alto nivel, el secretario general de la ONU formulará recomendaciones en un evento especial de la Asamblea General sobre los ODM, en el que se negociarán los parámetros básicos del plan post-2015 en septiembre de 2013.

Como mínimo, la agenda de desarrollo post-2015 debe respetar y reflejar los compromisos políticos, estándares y normas jurídicas preexistentes en materia de derechos humanos, han manifestado las organizaciones.

Han instado a los gobiernos a que garanticen que se brinda un grado mínimo de protección social.

Aunque serán fundamentalmente los Estados los que implementen la agenda de desarrollo, se necesitarán mecanismos efectivos de rendición de cuentas dirigidos por la ciudadanía para garantizar que otras entidades –como las instituciones internacionales y el sector privado– observan las normas de derechos humanos. Como mínimo, se debe garantizar con ello que el sector privado no causa ningún daño al ejecutar los proyectos de desarrollo.

Debe promoverse una mejor colaboración entre instituciones efectivas de ámbito estatal internacional para que sirva de base a una asociación global con que abordar las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la destrucción ecológica.

Los recientes levantamientos populares que se han producido en todo el mundo muestran que es esencial que los gobiernos reconozcan que las dos principales categorías de derechos humanos –los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales– son indivisibles e interdependientes, han explicado las organizaciones.

“El marco de desarrollo post-2015 ha de estar basado en la comprensión de la interdependencia de las privaciones socioeconómicos y los fallos democráticos”, ha afirmado Savio Carvalho, director del Programa de la Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional.

“Los derechos civiles y políticos son inseparables de los derechos económicos y sociales, por lo que la nueva agenda ha de concebirse de manera que promueva el empoderamiento en ambos terrenos”.

En aspectos que abarcan desde la atención de salud hasta los derechos sobre los bienes y las tierras, pasando por la violencia de género, las mujeres y la niñas encuentran dificultades específicas que es preciso abordar en la agenda de desarrollo post-2015.

“El marco de desarrollo post-2015 debe garantizar de manera efectiva el espectro completo de derechos de las mujeres, abordando los derechos sobre los bienes y las cuestiones económicas estructurales, garantizando la participación plena de las mujeres en todos los niveles del proceso de toma de decisiones y reconociendo los servicios no remunerados de la economía asistencial”, ha señalado Lydia Alpízar, directora ejecutiva de la AWID.

Los ODM han sido deficientes a la hora de abordar otras formas de desigualdad. Esta vez, en toda meta y objetivo que se establezcan han de quedar reflejadas las normas de derechos humanos existentes en materia de eliminación de la discriminación. Los grupos actualmente desfavorecidos o excluidos –por motivos de raza, género, discapacidad, condición migrante o indígena, orientación sexual o identidad de género– han de poder actuar en tanto que agentes efectivos de su propio desarrollo.

La detención de una abogada de Sudán, cuyo paradero sigue sin conocerse, es la última acción de la brutal campaña de las autoridades contra activistas de derechos humanos en el contexto del conflicto de los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, ha afirmado Amnistía Internacional.

Asma Ahmed, abogada y miembro del proscrito partido de oposición Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte (SPLM-N), fue detenida el 4 de mayo cuando comparecía ante la sede de los Servicios de Seguridad Nacional de Sudán en Jartum.

Dos días antes, agentes de los Servicios de Seguridad Nacional habían ido a su casa para exigirle que se presentase ante la institución.

Asma Ahmed ha estado recluida en régimen de incomunicación desde que la detuvieron sin cargos, por lo que corre un grave peligro de sufrir tortura u otros malos tratos. Es diabética y necesita atención médica y una dieta especial.

“La detención de Asma Ahmed es un ejemplo más de la determinación de las autoridades sudanesas de sofocar la libertad de asociación y el trabajo de los activistas de derechos humanos en el país”, afirmó Lucy Freeman, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para África.

“Las autoridades deben dar inmediatamente a Asma Ahmed acceso a un abogado y a su familia, y deben también acusarla formalmente de un delito común reconocible o dejarla en libertad sin demora”.

Ésta es la acción más reciente de la oleada de detenciones de personas, entre ellas activistas de derechos humanos, que trabajan en Kordofán del Sur o sobre este estado, así como de otras personas sospechosas de mantener vínculos con el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte.

Muchas de ellas han sido recluidas sin cargos y en régimen de incomunicación.

Desde 2011, los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul han sido escenario de un conflicto armado interno entre el gobierno sudanés y el Ejército Popular de Liberación de Sudán-Norte (SPLA-N), brazo armado el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte (SPLM-N).

Durante el año pasado, muchas personas sufrieron diversas formas de malos tratos y tortura bajo custodia de los Servicios de Seguridad Nacional, por ejemplo, les propinaban patadas, les golpeaban con palos, mangueras y puños, las obligaban a permanecer de pie varios días seguidos a altísimas temperaturas, les privaban de comida, agua y sueño, o las forzaban a mantenerse en posturas dolorosas.

Amnistía Internacional también ha recibido información de que algunas mujeres detenidas han sido sometidas a violencia sexual, incluso violadas.

La organización no tiene constancia de que ningún miembro de los Servicios de Seguridad Nacional haya rendido cuentas por estas violaciones de derechos humanos.

A finales de 2012 se detuvo y recluyó sin cargos a 32 mujeres en Kadugli, capital de Kordofán del Sur, al parecer por espiar para el SPLM/A-N y colaborar con él. La mayoría eran funcionarias del Estado que trabajaban en diversos ministerios en Kadugli, y a cinco de ellas las detuvieron con sus hijos pequeños, de edades comprendidas entre los 6 y los 18 meses.

El 27 de diciembre, las mujeres y sus hijos fueron transferidos a la prisión de El Obeid en Kordofán del Norte. Según se ha tenido noticia, 14 de las detenidas quedaron en libertad en abril de 2013, pero el resto continúan recluidas en El Obeid. De acuerdo con la información disponible, no se han presentado cargos contra estas mujeres.

El 16 de enero de 2013, los Servicios de Seguridad Nacional de Sudán cerraron el Centro Kuku de Cultura y Patrimonio (KUCCH) y el Centro NINU de Lenguas e Informática, ambos con sede en Jartum. El KUCCH se creó en 1993 con el objetivo de ayudar a la población de Kordofán del Sur a preservar su patrimonio cultural mediante la escritura y el desarrollo de sus lenguas.

En su calidad de abogada, Asma Ahmed ha representado a numerosos activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos Jalila Khamis Koko, miembro del SPLM-N y defensora de los derechos de las personas desplazadas de Kordofán del Sur. Jalila Khamis Koko estuvo recluida más de nueve meses sin acceso a la atención médica que necesitaba, antes de quedar en libertad en enero de 2013.