El boletín informativo de esta semana está dedicado al Informe Anual 2012 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. A lo largo de este boletín haremos un repaso por cinco áreas geográficas. Haremos repaso a un año en el que hubo constantes manifestaciones en todo el mundo, que en muchos casos fueron reprimidas con violencia por parte de los gobiernos. 2011 también fue un año en el que hubo avances en la campaña contra la pena de muerte, pero aún quedan cosas por hacer.

En el Informe Anual, la organización hace un llamamiento en favor de la aprobación de un Tratado sobre el Comercio de Armas sólido para este año. Y es que el valor mostrado por quienes han protestado en los últimos 12 meses ha ido paralelo al fracaso del liderazgo del Consejo de Seguridad de la ONU, que parece cansado, desfasado y cada vez menos adecuado para su función. Según Amnistía Internacional, los gobiernos deben demostrar un liderazgo legítimo y rechazar la injusticia protegiendo a quienes no tienen poder y poniendo límites a los poderosos.

África

Iniciamos este repaso en África, donde los conflictos armados y el hambre continúan siendo los protagonistas en gran parte de la región, principalmente en Sudán, Etiopía y Somalia. Miles de personas se han visto obligadas a desplazarse fuera de sus fronteras en busca de protección o una vida mejor. En Angola, Chad, Kenia y Nigeria la población ha sufrido desalojos forzados.

La discriminación basada en la orientación sexual o de género ha empeorado en la mayor parte del continente africano. Los políticos no sólo han fallado en proteger los derechos de las personas sino que en ocasiones sus declaraciones han sido utilizadas para incitar la discriminación y la persecución.

Así mismo, en el último año ha habido avances como el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y un mayor acceso a la información. Sin embargo, muchos gobiernos trataron de controlar la información públicamente disponible. Varios medios de comunicación vieron como los gobiernos bloqueaban sus sitios Web. Además, los periodistas y defensores de derechos humanos que denuncian las violaciones de derechos humanos a las que son sometidas la población han sido perseguidos y amenazados en todo el continente.

Por otro lado, ha habido pasos significativos en materia de justicia internacional. Así por ejemplo, se autorizó una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Costa de Marfil tras las elecciones de finales de 2010 y principios de 2011. Además, el Tribunal Penal Internacional declaró culpable a Thomas Lubanga de reclutar a niños y niñas soldados a principios de 2012.

América

Si nos fijamos en América, el desafío que se plantea en esta región es conseguir que sus leyes tengan un impacto positivo en la vida de las personas y que los activistas de los derechos humanos puedan llevar a cabo su legítima labor sin miedo a sufrir ataques. Sólo la voluntad política de las autoridades en los ámbitos nacional y regional hará que esto sea posible.

Entre las principales violaciones de derechos humanos que sufre América se encuentra la amenaza con la que viven los pueblos indígenas de ser expulsados de sus tierras. En el pasado año se recibieron noticias de uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifestaban a favor de los derechos de los pueblos indígenas y en contra de proyectos de desarrollo en Perú y Bolivia. La presentación de cargos falsos contra dirigentes indígenas era motivo de preocupación en Ecuador y México.

En cuanto a la libertad de expresión, periodistas que intentaban sacar a la luz abusos de poder, violaciones de derechos humanos y corrupción también fueron perseguidos con frecuencia en toda América Latina y en el Caribe. Así mismo, en países como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela, activistas de los derechos humanos, testigos de abusos, abogados y jueces recibieron amenazas y, en algunos casos, perdieron la vida a causa de la labor que llevan a cabo.

Por otro lado, las acciones de la delincuencia común organizada y de las bandas delictivas constituyen importantes desafíos para países de toda la región, pero los gobiernos están aprovechando de modo sistemático estas preocupaciones legítimas para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad al responder a actividades delictivas o de grupos armados.

En Estados Unidos, continúa incumplida la promesa de Barack Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo.

Asia y Oceanía

Nos trasladamos ahora a Asia y Oceanía. Los levantamientos en Oriente Próximo y el Norte de África inspiraron a defensores de derechos humanos, activistas, y periodistas en la región de Asia Pacífico a levantar sus propias voces, usando las nuevas tecnologías para desafiar las violaciones de sus derechos. Sin embargo, los gobiernos de la región respondieron con medidas de represión.

Se reprimió la libertad de expresión, pues los Estados silenciaron a poetas, periodistas y blogueros. Se obstaculizó ampliamente el uso de Internet y se intentaron imponer nuevas restricciones a las redes sociales en India. Además, se recluyó a millares de disidentes en los campos penitenciarios norcoreanos. Por su parte, Tailandia impuso largas condenas a detractores de la familia real.

Las minorías religiosas y étnicas son a menudo objeto de discriminación. En Pakistán, dos políticos fueron asesinados por oponerse al uso de la legislación sobre la blasfemia. La comunidad ahmadí sufrió discriminación en Bangladesh, Indonesia, Malaisia, Pakistán y otros países. Además, los trabajadores y trabajadoras migrantes están expuestos a sufrir explotación a manos de personas que los convierten en víctimas de trata de seres humanos y trabajo forzado.

Quizás el avance más significativo en materia de derechos humanos en la región ha sido la decisión de las autoridades del Myanmar de liberar a más de 650 prisioneros políticos, un gesto demandado desde hace tiempo por la comunidad internacional. Además, el gobierno ha permitido a la líder opositora Aung San Suu Kyi y premio Nobel de la paz impulsar el partido de la Liga Nacional para la Democracia.

Europa y Asia Central

En Europa y Asia Central los gobiernos y sociedades deben demostrar su compromiso con los derechos sociales, económicos, civiles y políticos. La creciente aceptación de los movimientos y partidos políticos populistas podría anunciar una nueva era de políticas divisivas y la marginación de grupos que ya son vulnerables, como las personas migrantes, las minorías étnicas y religiosas y las personas LGBTI.

Y es que estas minorías siguen siendo vulnerables a la discriminación y la marginación. En lugar de contrarrestar los estereotipos y prejuicios que alimentan la intolerancia y el odio, algunos gobiernos y autoridades los reforzaron a lo largo de 2011 haciendo declaraciones contra los romaníes u homófobas. En toda Europa, los romaníes siguen siendo objeto de violaciones generalizadas de derechos humanos. Por su parte, el colectivo LGBTI no es protegido de la discriminación por varios gobiernos de Europa Central y Oriental. En varios países, las marchas y actos de Orgullo LGBTI siguen estando prohibidas o reciben autorización sólo para un trayecto muy restrictivo que no permite una gran visibilidad.

Respecto a la discriminación contra las personas musulmanas en Europa, los gobiernos deben redactar e implantar leyes efectivas contra la discriminación, políticas y otras medidas para prevenir la discriminación basada en la religión o en las creencias en el trabajo, la educación, etc. Así mismo, los Estados no deberían imponer más restricciones al uso de símbolos y prendas de vestir de carácter religioso y cultural.

En cuanto a la libertad de expresión, durante el año 2011 los regímenes autocráticos de la ex Unión Soviética reforzaron su control del poder asfixiando la disidencia, acallando las críticas y reprimiendo las protestas. En Azerbaiyán, la oleada de protestas inspiradas en la Primavera Árabe fue sofocada desde sus inicios. En Rusia las denuncias de fraude electoral generalizado en las elecciones parlamentarias fueron el detonante de las mayores protestas celebradas en el país desde 1991. Las manifestaciones más multitudinarias fueron autorizadas y transcurrieron pacíficamente, pero las más pequeñas fueron prohibidas a menudo y disueltas con violencia. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas sufrieron acoso, intimidación y palizas. También en Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán.

Oriente Medio y Norte de África

Terminamos este repaso en Oriente Medio y el Norte de África, donde se ha demostrado que el cambio es posible y que los sucesos de 2011 han estremecido a las élites gobernantes en la región al provocar la caída de cuatro jefes de Estado. La población está enseñando a sus gobiernos que tomar medidas drásticas para solventar las crisis políticas no es sostenible ni les ofrece muchas posibilidades de mantenerse en el poder.

El pasado año hubo importantes avances como la excarcelación de presos políticos en Túnez, Egipto y Libia. Los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África han pasado a formar parte de la agenda internacional, y la postura de las potencias internacionales sobre esta cuestión ha sido objeto de un mayor escrutinio por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil, reforzando la idea de que el apoyo a la represión y los abusos contra los derechos humanos socava la estabilidad política a largo plazo.

Sin embargo, en muchos países el sufrimiento humano ha sido inmenso. Se han producido detenciones y reclusiones arbitrarias, torturas y otros malos tratos contra manifestantes y disidentes en toda la región. Centenares de activistas han sido condenados a prisión tras juicios sin garantías, celebrados, en algunos casos, ante tribunales especiales. Miles de personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo por parte de las fuerzas estatales que intentaron aplastar los levantamientos en Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria y Bahréin, entre otros lugares.

Los gobiernos de países en transición, como Túnez, Egipto, Libia y Yemen, deben mostrar su voluntad política de lograr cambios reales. Las personas han demostrado que quieren derechos humanos, y que no aceptarán retrocesos en las promesas de reformas. En este sentido, deben refrenarse las fuerzas de seguridad, la policía debe recibir formación sobre cómo respetar los derechos humanos, y deben adoptarse las medidas oportunas contra quienes cometen abusos.

A la sombra de los levantamientos han seguido cometiéndose de la forma habitual graves abusos contra los derechos humanos en países como Arabia Saudí, Irán, Irak, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. En 2011, las ejecuciones registradas en Oriente Medio aumentaron en un 50 por ciento.

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Esta semana arrancaremos nuestro boletín informativo en España. Amnistía Internacional ha solicitado a Argentina que continúe investigando los crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo ante el desamparo judicial que sufren las víctimas en España. En Brasil, se ha nombrado a los miembros de la Comisión de la Verdad que se encargarán de investigar los delitos cometidos durante el régimen militar en el país. Hablaremos también del matrimonio homosexual coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, celebrado el pasado 15 de mayo. Con motivo de esta cita, la organización ha recordado que toda persona tiene derecho a contraer matrimonio con independencia del género de su pareja. Terminaremos en Atenco, México, donde más de 26 mujeres víctimas de violencia de género por parte de agentes policiales hace seis años siguen sin obtener justicia.

España: Amnistía Internacional denuncia el desamparo judicial que sufren las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España

Iniciamos este repaso en España, donde los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados. La gran mayoría de los casos han sido archivados por los jueces sin ni siquiera llevar a cabo ningún tipo de investigación, por lo que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales.

Ante este estado de indefensión en el que se encuentran las víctimas en España, Amnistía Internacional ha pedido a la justicia argentina que continúe con su investigación, puesto que se trata de la única causa abierta en el mundo que está abordando estos casos en la actualidad. Así mismo, la organización ha constatado que los informes enviados por la Fiscalía española a la justicia argentina dando a entender que las investigaciones sí están avanzando en España no se ajustan a la verdad, puesto que las pesquisas están paralizadas, como demuestra el estudio de la organización.

Amnistía Internacional observa con preocupación que el archivo general de los casos se ha basado en criterios que excluyen la posibilidad de investigar y juzgar estos crímenes en el futuro: una incorrecta interpretación del principio de legalidad penal (que los delitos no eran tales en el momento de su comisión), la prescripción del delito, el fallecimiento de los culpables, la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica.

La organización recomienda al gobierno español adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas. Así mismo, recomienda al poder judicial confirmar en sus sentencias que los crímenes de derecho internacional no están sujetos ni a amnistía ni a prescripción, cualquiera que haya sido la fecha de su comisión.

Brasil: Desvelar el pasado. La presidenta Rousseff nombra a los miembros de la Comisión de la Verdad

Continuamos en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff ha anunciado el nombre de los siete miembros que compondrán la Comisión de la Verdad encargada de investigar los delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar en el país. Según Amnistía Internacional esta decisión es un hecho histórico.

La organización ha instado a los miembros de dicha Comisión a asegurarse de que trabaja de manera imparcial, exhaustiva y transparente a fin de garantizar que se sacan a la luz todos los delitos cometidos en el pasado. Para que esto sea así, se debe dotar a la Comisión de recursos suficientes para desempeñar esta función de forma efectiva. Para que las comisiones de la verdad sean eficaces deben funcionar como medio para desvelar violaciones cometidas, obtener reparación y como catalizador para que se haga justicia.

Así, las conclusiones de esta Comisión recientemente constituida servirán para impulsar los importantes esfuerzos del Ministerio Público para abrir procesos penales contra presuntos autores de violaciones de derechos humanos.

Matrimonio homosexual: Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio con independencia del género de su pareja

Continuamos hablando del matrimonio homosexual. Coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, Amnistía Internacional ha señalado que el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo es una cuestión de derechos humanos. La organización cree firmemente que denegar a personas individuales el derecho a casarse, basándose en el género de sus parejas viola el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho a casarse y formar una familia.

Este último derecho está reconocido en el Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La posición de Amnistía Internacional es que los Estados deben proteger y garantizar este derecho y deben abstenerse de discriminar a ninguna persona por causa de su orientación sexual y de su identidad de género. Una postura que también avaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En los últimos años ha habido un aumento de los países que recogen el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el caso de Bélgica, Países Bajos, España, Suecia, Noruega, Portugal e Islandia en Europa. También Canadá, Sudáfrica y Argentina. Sin embargo, hay casos preocupantes. En Estados Unidos, 30 estados prohíben expresamente al matrimonio homosexual. Lo mismo sucede en Hungría y Nigeria.

Desde diferentes organismos de Naciones Unidas se ha incidido en la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En diciembre de 2012, se presentaba en Naciones Unidas el primer informe sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, donde se destacaba que “reconocer la igualdad de derechos de todas las personas no tiene por qué ser controvertido, ni implica la creación de nuevos derechos. Se trata de insistir en que todas las personas tienen derecho a disfrutar los ya existentes”.

México: Atenco, símbolo de violencia de género e impunidad

Terminamos nuestro boletín en México. Seis años después de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de las policías local, estatal y federal en San Salvador Atenco, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación frente a la impunidad que sigue imperando en este caso.

Durante el operativo policial en el que se produjeron estos graves abusos a los derechos humanos, al menos 26 mujeres sufrieron violencia sexual por parte de policías mientras se encontraban bajo su custodia. Desde entonces han luchado para obtener justicia, sin lograr hasta el momento ningún avance sustantivo.

Ante la ausencia de respuestas efectivas por parte del sistema de procuración de justicia en México, 11 de las mujeres que sobrevivieron a estos ataques por parte de la policía en Atenco llevaron su caso a instancias internacionales. En noviembre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió este caso y actualmente se encuentra en proceso.

Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades mexicanas que garanticen una investigación pronta e imparcial de todas las violaciones de derechos humanos denunciadas en San Salvador Atenco, y que los responsables de las mismas sean llevados ante la justicia.

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En el boletín informativo de esta semana comenzaremos hablando de España. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado ante Naciones Unidas los recortes en materia de derechos sociales realizados por el Ejecutivo del país en los últimos meses. En Bolivia, las autoridades deben garantizar un clima de confianza para resolver el conflicto sobre la construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Hablaremos también de Libia, donde el Consejo Nacional de Transición (CNT) no debe restringir la libertad de expresión para proteger la "Revolución del 17 de febrero". Por último, en México, Amnistía Internacional condena enérgicamente los asesinatos de cuatro periodistas; y en Colombia, las FARC deben poner en libertad a un periodista francés que mantienen cautivo desde el 28 de abril.

España: ONG denuncian ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por el Gobierno

Iniciamos este repaso informativo en España. Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones de derechos humanos han presentado dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en los que se alerta sobre la posible vulneración de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este año, España está entre los países examinados. El Gobierno español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años. Todas las organizaciones han coincidido en asegurar que en el Estado español los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados. Además, han insistido en que es precisamente en la actual situación de crisis económica cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis.

Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para evitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantía de protección. En lo que respecta al derecho a la salud, los representantes de la sociedad civil han solicitado que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no creen barreras de acceso.

Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales. También han manifestado su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes. Asímismo, han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los informes presentados por las ONG ante el Comité apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

Bolivia: Las autoridades deben garantizar un clima de confianza para resolver el conflicto del TIPNIS

Nos trasladamos ahora hasta Bolivia, donde las autoridades deben garantizar que cualquier negociación con las poblaciones indígenas sobre la construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se haga de buena fe y garantizando la participación de todas las instituciones representativas de las comunidades. En una carta, Amnistía Internacional ha propuesto 10 recomendaciones a las autoridades de Bolivia.

Entre estas propuestas destacan: asegurar que toda futura negociación o consulta sobre la carretera se haga en un clima de confianza y proporcionar toda la información disponible a las comunidades afectadas. Además, la organización ha recomendado que para poder lograr un acuerdo, los tiempos para llevar adelante un eventual diálogo no deben estar sujetos a plazos perentorios. Y es que al comienzo del proyecto, en 2008, las autoridades nacionales no realizaron una consulta con los pueblos afectados.

La carta también llama a las autoridades a promover los derechos de las comunidades indígenas a través de acciones y programas que respeten sus formas de vida, con o sin la construcción de la carretera. Las autoridades argumentan que la carretera es necesaria para mejorar la conectividad del país, pero varias comunidades indígenas que viven dentro del parque y del territorio indígena, aproximadamente unas 12.000 personas, dicen que la vía afectará una gran reserva natural y su forma de vida.

La falta de una consulta previa y la oposición a la carretera motivaron la VIII Marcha Indígena en 2011, que culminó con la aprobación de una ley que impedía la construcción de la vía por medio del parque. Amnistía Internacional ha documentado denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de fuerzas de seguridad contra quienes participaron en la marcha. La organización pide a las autoridades que realice investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre la intervención policial y que los responsables materiales e intelectuales de los posibles abusos comparezcan ante la justicia.

Libia: El CNT no debe restringir la libertad de expresión para proteger la "revolución"

En Libia, las autoridades no deben suprimir la libertad de expresión con la excusa de proteger la "Revolución del 17 de Febrero". Así lo ha señalado Amnistía Internacional tras la aprobación de una ley que castiga el "enaltecimiento" del líder depuesto Muamar al Gadafi. Esta norma prescribe penas de prisión por difundir falsos rumores, propaganda o información con objeto de dañar la defensa nacional, "aterrorizar a la población" o "menoscabar la moral de la ciudadanía" en tiempo de guerra. Asimismo, prevé cadena perpetua si tales actos "perjudican al país".

La Ley asegura que Libia se encuentra en circunstancias similares a un "estado de guerra". Enaltecer a "Gadafi, su régimen, sus ideas o a sus hijos" se considera un acto de "propaganda sensacionalista". La nueva normativa contiene también imprecisas disposiciones que sancionan con penas de prisión a todo el que dañe "la Revolución del 17 de Febrero". La misma sanción se impone a quienes "ofendan" al islam o al Estado y sus instituciones y a quienes, "ofendan públicamente al pueblo libio”. No se especifica en la Ley la duración de las condenas de prisión, pero el Código Penal libio indica que podrían ser de entre 3 y 15 años.

Esta ley no sólo va en contra de las obligaciones internacionales de Libia, sino que tampoco se ajusta a la Declaración Constitucional del país, aprobada el 3 de agosto de 2011 y en la que se garantiza la libertad de expresión. Aunque a veces haya motivos legítimos para restringir la libertad de expresión, como la protección del orden público o de los derechos de otras personas, tal restricción sólo puede imponerse si es absolutamente necesaria, e incluso entonces debe ser lo más moderada posible. En ningún caso es aceptable el encarcelamiento por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión.

Desde la caída de Gadafi, sus presuntos partidarios han sufrido represalias y agresiones cometidas por venganza en un clima de impunidad. Sigue habiendo millares de personas detenidas al margen de la ley, acusadas de apoyar a Gadafi o combatir en su favor. Hasta la fecha no se han formulado cargos contra ninguna de ellas.

América Latina: Protección de los periodistas para garantizar la libertad de expresión

Concluimos este boletín en América Latina. En México, Amnistía Internacional condena enérgicamente los asesinatos de cuatro periodistas. Guillermo Luna y Gabriel Huge trabajaban como fotógrafos, mientras que Esteban Rodríguez había trabajado como fotoperiodista. Los tres eran compañeros especializados en la cobertura de noticias policiales y sobre el crimen organizado. Irasema Becerra trabajaba en el área administrativa de un periódico. Estos asesinatos se producen apenas unos días después de que la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fuese asesinada el pasado sábado 28 de abril.

Amnistía Internacional ha expresado su grave preocupación por la seguridad de los trabajadores de los medios y ha realizado un llamado a las autoridades para que brinden medidas de seguridad eficaces para periodistas en riesgo y sus familiares. Este es un paso esencial para garantizar el trabajo periodístico y la libertad de expresión. Las autoridades deben garantizar una investigación pronta, imparcial y eficaz de estos ataques, para que sus responsables sean llevados ante la justicia. Además, es necesario poner fin a la impunidad que impera en los casos de ataques a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México.

Por su parte, en Colombia, Las FARC deben liberar, de manera inmediata e incondicional, a un periodista francés al que mantienen cautivo desde el 28 de abril. Roméo Langlois fue capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un enfrentamiento que tuvo lugar entre el grupo armado y el ejército en el departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. El periodista viajaba con el ejército colombiano.

Un portavoz de las FARC ha expuesto una serie de condiciones para su liberación, entre ellas que se abra un debate público sobre la manera en que los medios de comunicación informan sobre el conflicto colombiano. Amnistía Internacional considera que éste no debe ser un pretexto para mantener cautivo a un periodista. La organización considera además que Langlois debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones y que deben tomarse medidas para garantizar que todos los periodistas de Colombia pueden realizar su trabajo libremente.

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Esta semana, en el día Mundial de la Libertad de Prensa, denunciamos las distintas violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan por hacer su trabajo los profesionales de los medios de comunicación como ataques, encarcelamientos o incluso la muerte. La condena de Charles Taylor por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Sierra Leona es una buena noticia. Sin embargo, hay que tomar más medidas para reparar a las víctimas. En España, la XXXVIII Asamblea General Federal de Amnistía Internacional España ha reafirmado su compromiso de seguir luchando en defensa de los derechos humanos tras evaluar los retos de futuro de la organización. Nuestra última parada será Brasil, donde se han abierto investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Es el caso del secuestro del dirigente sindical Luíz Ferreira.

Día Mundial de la Libertad de Prensa: Ataques contra periodistas en todo el mundo

Iniciamos este repaso denunciando las violaciones al derecho a la Libertad de Prensa en el mundo. En América Latina y el Caribe, los periodistas que tratan de exponer los abusos de poder, violaciones de derechos humanos y corrupción son objetivo frecuente de ataques y hostigamiento. Los países más peligrosos para ejercer esta profesión son México, Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela. La pasada semana, el cuerpo de la periodista de la revista Progreso Regina Martínez fue encontrado en su casa en Veracruz. Durante más de tres décadas, publicó informaciones sobre la inseguridad y la corrupción en el país.

Por su parte, en países africanos como Etiopía y Gambia, los medios de comunicación son vigilados de cerca por agentes de seguridad. En Ruanda y Etiopía, los periodistas son procesados y condenados a prisión por criticar la política de gobierno. En Gambia y Somalia, la situación para los periodistas es tan peligrosa que muchos deciden exiliarse. Desde 2007, al menos 27 periodistas han sido asesinados en Somalia y sus autores no han sido llevados aún ante los tribunales.

En Asia, Pakistán es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Al menos 15 periodistas fueron asesinados en 2011. En Filipinas, al menos 12 periodistas han muerto desde principios de 2010. Por otra parte, en China y Sri Lanka, periodistas y blogueros viven en un clima de miedo ya que sus correos electrónicos y llamadas telefónicas están probablemente controlados por las autoridades.

Si nos fijamos en Europa, los periodistas en Bielorrusia siguen sufriendo la represión que siguió a las elecciones presidenciales de 2011. En Azerbayán, los periodistas sufrieron hostigamiento y detenciones por cubrir las protestas inspiradas en la Primavera Árabe. Uzbekistán y Turkmenistán siguen haciendo callar a voces independientes.

Por último, en Oriente Medio, los periodistas sufrieron restricciones en el marco de la Primavera Árabe. Han sido torturados, detenidos arbitrariamente y objeto de hostigamiento y asesinato en Túnez, Egipto, Yemen, Siria y Bahrein. Los periodistas también han sido acosados y detenidos arbitrariamente en Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y los Territorios Ocupados palestinos por expresar sus críticas a las autoridades.

Sierra Leona: La condena de Taylor deja claro el mensaje de que nadie está por encima de la ley

El Tribunal Especial para Sierra Leona ha declarado culpable a Charles Taylor de 11 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en este país del África Occidental entre 1996 y 2002. La imposición de condena a Taylor se producirá en breve, en otra vista. La sentencia podrá ser recurrida por la defensa y por la acusación.

Esta declaración de culpabilidad transmite a los dirigentes del mundo el claro mensaje de que nadie es inmune a la justicia. Además, también ha servido de recordatorio del legado de crímenes cometidos en su país de origen, Liberia, del que fue jefe de Estado. Sin embargo, aún no han respondido ante la justicia los autores de las atrocidades que sufrieron miles de personas durante una década de conflicto armado como mutilaciones, uso de menores soldados y violaciones.

Debido a la competencia limitada del Tribunal Especial, que únicamente puede investigar y enjuiciar a las personas que tuvieron la máxima responsabilidad en violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Sierra Leona, sólo han sido encausadas 12 personas, además de Taylor. Tres de ellas murieron y otra sigue en libertad.

En 2004, el informe de la Comisión de la Verdad formuló recomendaciones detalladas para dar una reparación a quienes hubieran sufrido durante el conflicto. Sin embargo, hacen falta más medidas para garantizar la puesta en marcha de un plan sostenible a largo plazo, a fin de que todas las víctimas reciban una reparación completa y amplia.

Además de revocar la ley de amnistía, las autoridades de Sierra Leona deben hacer que las leyes penales del país sean compatibles con el derecho internacional y dar al sistema de justicia penal nacional la capacidad para investigar y enjuiciar todos los crímenes tipificados en el derecho internacional en juicios justos sin recurso a la pena de muerte, así como permitir que los supervivientes pidan una reparación directamente a la persona condenada.

España: Amnistía Internacional debate sobre la situación de los derechos humanos en un contexto de crisis económica global y recorte de derechos

En España, se ha celebrado la XXXVIII Asamblea General Federal de la organización donde cerca de 300 activistas han abordado la situación de los derechos humanos en España y en el mundo. Amnistía Internacional España ha reafirmado en este encuentro su compromiso de seguir luchando en defensa de los derechos humanos en un contexto de crisis económica y recorte de derechos, donde el impacto es mayor sobre el derecho a la salud, la educación y una vivienda adecuada.

Entre los retos de derechos humanos en el país se encuentra la lucha contra la discriminación en todas sus formas, para lo que deben cesar las identificaciones en la calle basadas únicamente en el perfil racial de las personas. También es esencial que se garanticen los derechos de reunión, manifestación pacífica y asociación. Además, es importante que el Gobierno no deje de lado otras asignaturas pendientes como la lucha contra la tortura y los malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad o la eliminación del régimen de incomunicación.

En relación a la situación de los derechos humanos a nivel global, Amnistía Internacional seguirá trabajando en favor de un Tratado sobre el Comercio Internacional de Armas, dando prioridad a su campaña contra los desalojos forzados así como dando seguimiento a la crisis y transición en el Norte de África y Oriente Próximo. La organización también seguirá luchando por la abolición de la pena de muerte y por las víctimas de los crímenes más atroces contra la Humanidad y en favor de la Justicia Internacional y del Tribunal Penal Internacional.

La Asamblea General Federal también ha celebrado los avances en el campo de los derechos humanos a los que ha contribuido de diferentes maneras el trabajo de la Sección española de la organización. Entre ellos destacan los avances en el control sobre el comercio de armas, la adopción de la Convención para la prevención y lucha contra la violencia de género del Consejo de Europa y la contribución a que Oregón e Illinois se sumaran a los Estados de Estados Unidos que han eliminado la pena de muerte. Además, José Efraín Ríos Montt ha sido procesado en Guatemala por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, numerosos presos de conciencia han sido liberados en todo el mundo, a favor de los cuales ha trabajado Amnistía Internacional. En relación a la discriminación contra las minorías sexuales, se aprobó una resolución histórica en Naciones Unidas haciendo un llamamiento a la tolerancia cero a las violaciones de derechos humanos a estas minorías. Así mismo, En España se modificó la Ley de Extranjería mejorando la protección de las mujeres inmigrantes en situación irregular sometidas a violencia de género y de las víctimas de trata. Por último, en 2011 se adoptó un Plan de Derechos Humanos.

Brasil: Esfuerzos históricos de fiscales federales para abordar décadas de impunidad durante el régimen militar

Por último, terminamos en Brasil. Los fiscales federales de São Paulo han procesado al coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra y al comisario de policía Dirceu Garvina, por el secuestro del dirigente sindical Aluízio Palhano Pedreira Ferreira en 1971. Los esfuerzos de los fiscales federales para abrir investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado señalan un momento crucial de la historia del país.

Hace 41 años, unos agentes de los servicios de seguridad del régimen militar detuvieron arbitrariamente a Ferreira, de quien su familia no ha vuelto a tener noticias. Al parecer, lo llevaron al departamento responsable de los servicios de inteligencia y de la represión en el gobierno militar, bajo el mando del coronel Ustra. Según informes de testigos, Ferreira fue torturado mientras estuvo bajo custodia de los servicios de seguridad.

La Ley de Amnistía de Brasil de 1979, promulgada originalmente para indultar los crímenes políticos de la época, ha sido interpretada posteriormente para incluir actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros del régimen, protegiéndolos así de las investigaciones y del enjuiciamiento. Los fiscales han acusado formalmente al coronel Ustra y a Garvina de secuestro, pues dado que la víctima no ha aparecido, se considera que el delito continúa más allá de 1979 y por tanto no está cubierto por la amnistía.

Después de años de inactividad, se están haciendo avances importantes en Brasil para abordar los terribles crímenes cometidos durante el régimen que gobernó el país entre 1964 y 1985, incluida la aprobación, en noviembre de 2011, de una ley para la creación de una Comisión de la Verdad.

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En el boletín de esta semana hablaremos de la discriminación que sufren las personas musulmanas en Europa por manifestar su fe. En Nigeria, una nueva investigación independiente demuestra la gravedad del vertido de petróleo por parte de la compañía Shell en el delta del Níger en 2008. Nos desplazaremos también a México, donde las autoridades deben garantizar una investigación imparcial y exhaustiva sobre el homicidio de Eligio Ibarra Amador, quien denunció en 2011 a miembros de la policía federal acusándolos de secuestro y torturas. Por último, terminaremos en Túnez. El juicio contra el propietario de la cadena de televisión que emitió la película francesa Persépolis vuelve a reanudarse tras ser aplazado en enero. Su reanudación pone de relieve ataques contra la libertad de expresión en el país.

Europa: Discriminación contra personas musulmanas por manifestar su fe

Arrancamos este repaso informativo en Europa, donde los gobiernos deben tomar más medidas para combatir los prejuicios y estereotipos negativos contra los musulmanes, pues fomentan la discriminación, especialmente en la educación y el empleo. Así lo señala un nuevo informe de Amnistía Internacional.

El documento se centra en Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Suiza, donde la organización ya ha planteado cuestiones como las restricciones al establecimiento de lugares de culto o la prohibición de usar el velo integral. Así por ejemplo, a las mujeres musulmanas se les niegan empleos y a las niñas se les impide asistir a clase con prendas tradicionales como el pañuelo. Amnistía Internacional señala que el uso de símbolos y prendas religiosos o culturales forma parte del derecho a la libertad de expresión.

Por otro lado, la legislación que prohíbe la discriminación en el empleo no se ha aplicado adecuadamente en Bélgica, Francia y Países Bajos. Se ha permitido a los empleadores discriminar alegando que los símbolos religiosos o culturales pueden causar problemas con los clientes, que suponen un conflicto con la imagen empresarial de la compañía o con su “neutralidad”. Esto es directamente contrario a la legislación de la Unión Europea contra la discriminación, que únicamente permite diferencias de trato en cuanto al empleo si así lo exige la naturaleza del trabajo a desempeñar.

Las personas musulmanas también sufren discriminación a la hora de establecer lugares de culto, un elemento fundamental del derecho a la libertad de religión o de creencias. Desde 2010, la Constitución suiza discrimina específicamente a la población musulmana al prohibir la construcción de minaretes. En Cataluña, las solicitudes para construir mezquitas se encuentran con obstáculos técnicos, rechazo social y con que incluso algunos partidos políticos han expresado públicamente que su construcción es incompatible con el respeto de la cultura y las tradiciones catalanas.

Nigeria: Nuevos datos demuestran la gravedad del vertido de Shell en el delta del Níger

Continuamos en Nigeria. El gran vertido de petróleo ocurrido en el delta del Níger en 2008 fue mucho peor de lo que Shell admitió en un primer momento. Así lo señala una evaluación independiente consultada por Amnistía Internacional y el Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo, que revela además cómo el gigante del petróleo subestimó totalmente el volumen vertido.

La causa del vertido fue un fallo en el oleoducto de Shell, debido al cual decenas de miles de barriles de petróleo contaminaron la tierra y el canal de los alrededores de Bodo, en el delta del Níger. En el informe de la investigación oficial de Shell se afirma que sólo se vertieron 1.640 barriles en total. Pero según los cálculos basados en la evaluación independiente, la cantidad total de petróleo vertido durante los 72 días fue de entre 103.000 y 311.000 barriles.

Por otro la lado, Shell ha dicho reiteradamente a sus inversores y clientes, así como a los medios de comunicación, que la mayor parte del petróleo derramado en el delta del Níger procede de vertidos causados por sabotajes. Esta afirmación se fundamenta en el proceso de investigación de los vertidos, que presenta graves deficiencias y carece de credibilidad. No se registran de manera creíble la causa de los vertidos, el volumen de petróleo vertido ni otros parámetros importantes, como la fecha de comienzo.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que se establezca un proceso independiente de investigación de los vertidos y se ponga fin al sistema que permite que las compañías petroleras tengan tanta influencia en el proceso. La publicación de la evaluación independiente coincide con una semana global de acción en la que personas de todo el mundo están pidiendo a Shell que deje de ocultar los devastadores efectos que sus actividades en el delta del Níger tienen en la vida de la gente y en el medio ambiente.

Más de tres años después del vertido de Bodo, Shell tiene todavía que limpiar bien la zona o pagar a las comunidades afectadas la indemnización oficial que corresponda. Tras pasar años pidiendo justicia en Nigeria, la población de Bodo ha llevado ahora su reclamación ante los tribunales británicos.

México: Debe investigarse de forma exhaustiva el homicidio de un hombre que denunció abusos policiales

Nos trasladamos ahora hasta México. Amnistía Internacional ha señalado que el homicidio de un hombre que denunció secuestros, torturas y extorsión a manos de la policía en Ciudad Juárez debe ser objeto de una investigación efectiva e imparcial para determinar los hechos y descartar la venganza como motivo.

Eligio Ibarra Amador, de 62 años, denunció en 2011 a miembros de la policía federal acusándolos de secuestrarlo en su domicilio y torturarlo para después amenazarlo con incriminarlo como narcotraficante si no les pagaba 5.000 dólares estadounidenses. Tras su denuncia, 10 policías fueron detenidos en relación con este incidente.

Según informes, la muerte de Eligio Ibarra Amador se produjo justo antes de su comparecencia en unas actuaciones judiciales relacionadas con el caso. Aunque parte de la familia del fallecido se ha trasladado a Estados Unidos, Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades mexicanas que garanticen plena protección a los familiares que permanecen en el país, así como a otras personas que puedan correr peligro debido a su relación con el caso.

Además, la organización ha pedido a las autoridades mexicanas que sigan adelante con la causa por secuestro y extorsión contra la policía federal y haga que los responsables respondan de sus actos ante la justicia.

Túnez: El juicio de "Persépolis" pone de relieve ataques contra la libertad de expresión

Terminamos este boletín en Túnez. Las autoridades deben retirar los cargos formulados contra el propietario de la cadena de televisión que emitió la película francesa Persépolis. El juicio contra Nabil Karoui se ha vuelto a reanudar tras ser aplazado en enero.

Karoui está acusado de “violación de valores sagrados” y de “alteración del orden público” tras la emisión de dicha película, tachada de blasfema debido a una escena que muestra una representación de Dios. De ser declarado culpable, podría ser condenado a un máximo de tres años de prisión.

Según Amnistía Internacional, en un momento en el que se esperaba que el gobierno tunecino diera ejemplo consagrando el pleno respeto a los derechos humanos en la nueva Constitución del país, resulta inquietante que este juicio siga adelante.

La emisión de la película provocó reacciones airadas. El 14 de octubre se lanzaron bombas incendiarias contra la casa de Nabil Karoui tras una manifestación frente a la sede de su televisión. Se cree que el ataque fue obra de activistas salafistas. Karoui presentó una denuncia, pero hasta la fecha Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que nadie haya rendido cuentas por estos actos.

Más información en www.actuaconammistia.org

Esta semana nos desplazaremos en primer lugar hasta Bahréin, donde las violaciones de derechos humanos continúan a pesar de las reformas efectuadas. En Siria, la resolución del Consejo de Seguridad respaldando el plan de Kofi Annan es decepcionante y llega con retraso a un conflicto que ya se ha cobrado la vida de más de 8.000 personas. Además, en España, Amnistía Internacional recuerda la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos antes de abordar cualquier reforma sanitaria. Terminaremos este repaso informativo en América Latina. Ante la visita de presidente del Gobierno español a Colombia y México, la organización defiende la necesidad de mantener abiertos diálogos permanentes sobre derechos humanos con ambos gobiernos, como se venía haciendo desde la pasada legislatura.

Bahréin: Peligra la credibilidad de las reformas al continuar las violaciones de derechos humanos

Comenzamos en Bahréin. La respuesta del gobierno del país a los resultados de una comisión internacional de investigación ha resultado insuficiente, ya que las violaciones de derechos humanos continúan. Ésta es la principal conclusión del último informe realizado sobre Bahréin. El documento revela además que las descoordinadas reformas no han proporcionado justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a pesar de la insistencia del gobierno en que aprendería la lección de los acontecimientos de febrero y marzo de 2011.

Con los ojos del mundo puestos en el país ante la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, nadie debe hacerse ilusiones de que la crisis de derechos humanos del país ha finalizado. Las autoridades tratan de presentar la imagen de un país en vías de reforma, pero Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de tortura y uso innecesario y excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Los casos que han alcanzado mayor notoriedad son los de 14 opositores detenidos en marzo y abril de 2011, para los que la organización ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar su puesta en libertad.

A pesar de que la creación de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin fue un verdadero avance, no se han exigido responsabilidades a ningún mando de las fuerzas de seguridad, ni siquiera han sido suspendidos los ocho policías acusados de muertes durante las protestas. Además, decenas de personas han sido juzgadas sin garantías ante tribunales militares que les impusieron largas penas de cárcel siguen en prisión, aunque fueron condenados únicamente por dirigir protestas antigubernamentales y participar en ellas sin emplear ni propugnar la violencia.

Asímismo, siguen las violaciones policiales en medio de las reformas. Las fuerzas de seguridad, aunque han reducido el uso de escopetas desde finales de 2011, siguen haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza para enfrentarse a los manifestantes, particularmente del gas lacrimógeno. Esto ha provocado varias muertes en los últimos meses.

Siria: La resolución del Consejo de Seguridad, "decepcionante"

Continuamos en Siria. La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que respalda la aplicación del plan de Kofi Annan para acabar con la violencia en el país es una medida positiva, aunque llega con retraso y debe ir seguida de una intensa supervisión para garantizar la protección de los derechos humanos de la población.

La resolución pide la aplicación íntegra del plan de seis puntos del enviado especial de la ONU Kofi Annan, que exige el cese de la violencia, el inicio de un proceso político y el respeto de una serie de derechos humanos.

Tras un año en el que han muerto más de 8.000 personas y miles más han sido detenidas arbitrariamente y torturadas, en su mayor parte a manos de las fuerzas gubernamentales, Amnistía Internacional considera que la resolución de compromiso aprobada es decepcionante. Dado que el gobierno sirio ha demostrado poca fiabilidad a la hora de respetar sus compromisos, es fundamental que se emprenda una creíble operación de supervisión para que todas las partes cumplan con sus obligaciones.

Amnistía Internacional señala que, si se mantuviera el cese de la violencia armada en Siria, el Consejo de Seguridad debería establecer una misión de observadores de mayor envergadura que contara con los conocimientos especializados y los recursos necesarios para realizar un seguimiento eficaz de todas las partes del plan. El gobierno debe comprometerse a proteger a la población civil, incrementar el ritmo de la liberación de personas detenidas arbitrariamente, garantizar la libertad de circulación a los periodistas y respetar la libertad de asociación y el derecho a la manifestación pacífica.

España: El derecho a la salud no admite recortes

En España, ante los recortes presupuestarios anunciados en Sanidad, Amnistía Internacional ha pedido a la Ministra del ramo que no se tome ninguna medida hasta que se asegure que no suponen un impacto sobre la esencia del derecho a la salud.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha abogado por la redefinición de la cartera de servicios básicos para hacerla más racional y adecuada. La organización desea recordar que el criterio de racionalidad no debe estar basado únicamente en criterios económicos, tal como advertía el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009, cuando señalaba que “las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades estatales en la realización de los derechos humanos”.

En los últimos meses, la Organización Médica Colegial ha alertado de que la crisis económica y los recortes presupuestarios están afectando de manera preocupante a Cataluña, Valencia y Castilla La Mancha. La Confederación estatal de sindicatos médicos ha denunciado que los recortes de personal en algunos hospitales de Castilla La Mancha y Andalucía y centros de atención primaria en Valencia podrían estar mermando la calidad de los servicios prestados.

Ante esta situación, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a la Ministra de Sanidad y a los Consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas, a la vez que está impulsando una ciberacción a través de www.actuaconamnistia.org. Entre las medidas propuestas por la organización se encuentran actualizar y publicar datos desagregados de indicadores de derechos humanos, ya que los últimos publicados son de 2010, demostrar que las medidas se tomarán sólo tras un examen exhaustivo de las alternativas posibles y asegurar que las medidas adoptadas no comprometan elementos esenciales del derecho a la salud.

Además, Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación por los drásticos recortes que afectarán al Plan Nacional sobre el SIDA, y por el hecho de que las operaciones de cambio de sexo y las inseminaciones artificiales podrían no incluirse en la cartera básica de servicios de salud.

Colombia/México: las relaciones bilaterales no son solo una cuestión económica, sino también de derechos humanos

Terminamos nuestro boletín en América Latina. Ante la visita del presidente del gobierno español a Colombia y México, la organización se ha dirigido por carta a Mariano Rajoy para pedirle que los derechos humanos formen parte de su agenda en la visita y transmitirle las principales preocupaciones de Amnistía Internacional acerca de los derechos humanos en estos dos países.

En Colombia, la no distinción deliberada y sistemática entre civiles y combatientes sigue siendo una característica constante del conflicto. Todas las partes emplean estrategias militares destinadas a atacar a la población civil que consideran “enemiga”. Entre las peticiones para trasladar al gobierno colombiano se encuentran la elaboración de una estrategia para prevenir, investigar y juzgar la violencia sexual contra las mujeres. También se le pide que solicite la garantía de que los crímenes contemplados en el derecho internacional cometidos por miembros de las fuerzas armadas queden al margen de la justicia militar.

Así mismo, Amnistía Internacional ha pedido al presidente del gobierno español que muestre su apoyo explícito a activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, como las Madres de Soacha y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. También ha solicitado que condene públicamente los abusos cometidos por todos los actores armados en el conflicto.

En cuanto a México, Amnistía Internacional ha instado a Rajoy a que plantee al gobierno mexicano la urgencia de proteger a las personas migrantes a su paso por el país, para lo que la organización demanda un plan específico. Otra de las peticiones es que solicite a las autoridades la libertad inmediata de los presos de conciencia José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz, activistas indígenas encarcelados sobre la base de cargos penales falsos como represalia por sus esfuerzos para obtener un acceso equitativo al agua para su comunidad.

A la organización también le preocupa la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la violencia contra las mujeres. Solo en Ciudad Juárez más de 320 mujeres fueron asesinadas durante 2011 y las personas que defienden el fin de la impunidad para estas muertes sufren incluso atentados contra su vida.

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En el boletín de esta semana hablaremos de la decisión tomada por la Corte Penal Internacional respecto a Libia. El país debe entregar a Saif al Islam al Gadafi a la Corte para lograr la rendición de cuentas en el país. En Mali, debe permitirse el acceso seguro de los organismos de ayuda humanitaria al norte del país para evitar la muerte de civiles. Nos trasladaremos también a Estados Unidos, la decisión de eliminar la pena de muerte en Connecticut muestra un "firme liderazgo” para acabar con la pena capital. Por último en Colombia, la liberación de 10 personas por parte de las FARC es un buen paso pero deben ir más lejos y acabar con todos los secuestros y la toma de rehenes.

Libia: Debe respetar la petición de la Corte Penal Internacional y entregar a Saif Al Islam

Comenzamos este repaso informativo en Libia. La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de ordenar al país la entrega inmediata de Saif al Islam al Gadafi constituye un paso adelante para lograr justicia y rendición de cuentas.

Según Amnistía Internacional, un juicio sin garantías ante un tribunal libio, en donde el acusado podría ser condenado a muerte, no permite garantizar justicia ni rendición de cuentas. La Corte Penal Internacional ha señalado que si el gobierno libio no acata esta decisión, la Corte podría remitir el hecho al Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde su captura, en noviembre de 2011, Saif al Islam al Gadafi ha permanecido recluido en un lugar secreto de Zintan, sin gozar de acceso efectivo a asistencia letrada ni a medios que le permitan comunicarse con su familia. La decisión de los jueces de la Corte Penal Internacional confirma una vez más que deben protegerse los derechos del sospechoso.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a la CPI y a las autoridades libias para que tomen medidas urgentes que permitan garantizar los derechos de Saif al Islam al Gadafi, acusado por crímenes de lesa humanidad en relación con la brutal represión de manifestaciones llevada a cabo por el gobierno de su padre.

Mali: Debe permitirse el acceso seguro de los organismos de ayuda humanitaria al norte del país

Nos trasladamos hasta Mali, donde está a punto de producirse un grave desastre humanitario, y debe permitirse el acceso inmediato de los organismos de ayuda humanitaria para evitar que sigan produciéndose muertes de civiles. En los últimos días, las tres ciudades septentrionales de Gao, Kidal y Timbuctú han quedado sumidas en el caos y han sido escenario de saqueos y secuestros tras ser ocupadas por grupos armados.

Todos los alimentos y las medicinas almacenados por los organismos de ayuda humanitaria han sido robados y la mayor parte del personal de estos organismos ha huido. Según ha sabido Amnistía Internacional, mujeres y niñas han sido secuestradas en sus casas en las ciudades de Gao y Menaka y varios informes señalan que también fueron violadas.

Además, la situación continúa deteriorándose en todo el norte del país. En Gao se ha cortado el suministro de agua y electricidad y el hospital ha sido saqueado. Todas las tiendas y el mercado están cerrados y se han destruido los historiales médicos de los pacientes.

Desde que comenzaron los levantamientos en el país, más de 200.000 personas han huido del norte de Malí. Aproximadamente 100.000 han cruzado a países limítrofes como Mauritania, Níger, Argelia y Burkina Faso.

EEUU: La decisión de eliminar la pena de muerte en Connecticut muestra un "firme liderazgo”

Continuamos en EEUU, donde la decisión de eliminar la pena de muerte del estado de Connecticut constituye un importante avance en la lucha para acabar con la pena capital. Si la Cámara de Representantes la aprueba y el gobernador Malloy la firma, Connecticut se convertiría en el 17 estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte.

Amnistía Internacional ha afirmado que, con el fin de la pena de muerte, en Connecticut se liberarían recursos que podrían dedicarse a políticas de verdadera prevención del delito y apoyo a las necesidades de las víctimas de delitos y sus familias. Estos fondos pueden invertirse mejor dedicándolos a hacer frente la delincuencia y ofrecer apoyo a las víctimas, en vez de utilizarlos para financiar una pena que se ha rechazado en más de 140 países y en 16 estados de Estados Unidos.

Los estudios muestran que la pena capital en Connecticut se aplica de forma sumamente tendenciosa y de un modo arbitrario. Los familiares de 179 víctimas de asesinato firmaron una carta de apoyo al proyecto de ley. Durante los últimos 10 años, las condenas de muerte en Estados Unidos han disminuido hasta alcanzar mínimos históricos, en gran parte gracias a una mayor concienciación de la opinión pública con respecto a las manifiestas deficiencias inherentes a la pena capital. Desde 1973, 140 personas condenadas a muerte en Estados Unidos han sido exoneradas.

Seguimos hablando de Estados Unidos pero nos quedamos en el estado de Arizona, donde se debe poner freno al uso inhumano de las unidades de aislamiento pues deshumaniza a los reclusos. Las autoridades no atienden a sus necesidades básicas de salud física y mental. Un informe de Amnistía Internacional denuncia que más de 2.000 presos están confinados durante meses o años en condiciones de aislamiento extremo y privación sensorial.

Más de uno de cada 20 internos de la población reclusa total de Arizona está en régimen de aislamiento, una proporción desproporcionadamente alta en un país del que se cree que tiene más presos en aislamiento que ningún otro país del mundo. También se cree que hay más de una docena de menores de entre 14 y 17 años en aislamiento en una unidad especial de menores del estado destinada a menores juzgados y condenados como adultos.

Colombia: Las FARC deben ir más lejos y acabar con todos los secuestros y la toma de rehenes

Terminamos este repaso informativo en Colombia. La liberación de 10 miembros de las fuerzas de seguridad por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pone de relieve la necesidad de que todos los grupos guerrilleros del país sudamericano se comprometan seriamente a poner fin al secuestro de civiles y la toma de rehenes. Se piensa que eran los últimos miembros de las fuerzas de seguridad que el grupo guerrillero mantenía en cautividad.

Sin embargo, las FARC deben comprometerse a abandonar todos los secuestros, toma de rehenes y liberar a todos los civiles que aún tienen en su poder. Según la organización no gubernamental País Libre, las FARC aún tienen en su poder a unos 400 civiles. Alrededor del 75 por ciento fueron secuestrados para pedir un rescate, práctica que, según afirmaron las FARC en febrero, iba a terminar.

Asimismo, tanto las FARC y el Ejército de Liberación Nacional deben comprometerse de forma inmediata y sin condiciones a poner fin definitivamente a todos los demás abusos de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, como el homicidio deliberado de civiles, la diseminación de minas terrestres y el uso de niños soldados.

Los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad, actuando por su cuenta o de connivencia entre ambos, también son responsables de delitos previstos por el derecho internacional, como homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamientos forzosos.

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En el boletín de esta semana hablaremos de la pena de muerte. En Japón, la ejecución de tres personas representa un inmenso retraso en el alineamiento de este país con la tendencia mundial de alejarse de la pena de muerte. En la India, el aplazamiento de la ejecución de una persona es un buen paso que debe ser continuado con la suspensión oficial de todas las ejecuciones. En Guatemala, la organización ha solicitado al gobierno de Otto Pérez Molina que se tome en serio los desalojos forzosos que afectan a las comunidades indígenas en el país. Hablaremos también de El Salvador. Amnistía Internacional ha instado al gobierno del país a establecer el paradero de los centenares de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto que sufrió el país entre 1980 y 1992. Terminaremos este repaso en la Unión Europea, donde AI pide a sus países miembros que investiguen la complicidad con las entregas extraordinarias de la CIA

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Esta semana hablaremos del alarmante númeroe de ejecuciones a lo largo de 2011. La pena de muerte se sigue aplicando en 20 países del mundo. China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudí, Yemen o Bielorrusia entre ellos. Viajaremos hasta Cuba para denunciar los casos de acoso que sufren disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros. Además, nos trasladaremos hasta el continente africano. Los residentes en alojamientos precarios a lo largo de todo el continente han solicitado a sus gobiernos que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto significa que no deben desalojarlas forzosamente de sus casas y que deben proporcionarles servicios básicos mejores. Terminaremos nuestro repaso informativo en Mali. Amnistía Internacional ha solicitado a los líderes que han llevado a cabo el golpe militar en el país que dejen de inmediato en libertad a los líderes políticos, impidan las violaciones de derechos humanos y restablezcan el Estado de derecho.

Pena de muerte: Alarmante índice de ejecuciones en los escasos países que aplican la pena capital

Iniciamos este boletín hablando de la pena de muerte. En 2011, el ritmo de las ejecuciones en los países en donde se llevaron a cabo fue alarmante, aunque el número de Estados que aplican la pena capital se ha reducido en más de un tercio durante los últimos 10 años.

Durante el pasado año, se ejecutó o condenó a muerte a personas por diversos delitos como el adulterio y la sodomía en Irán, la blasfemia en Pakistán, la brujería en Arabia Saudí, el tráfico de huesos humanos en la República del Congo y delitos relacionados con las drogas en más de 10 países. Al concluir 2011 había en torno a 18.750 personas condenadas a muerte, y al menos 676 fueron ejecutadas en todo el mundo durante ese año.

Esta cifras no incluyen las miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China, que mantiene los datos en secreto. Ni tampoco reflejan el posible alcance de la aplicación de la pena de muerte en Irán. Una vez más, Amnistía Internacional ha emplazado a las autoridades chinas a publicar información sobre personas condenadas a muerte y ejecutadas. En Oriente Medio se registró un notable aumento de las ejecuciones, hasta casi un 50 por ciento más que en el año anterior. El 99 por ciento se registraron en Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen.

Estados Unidos fue una vez más el único país de América y único miembro del G8 que ejecutó a presos, un total de 43 en 2011. En Europa y países de la antigua Unión Soviética ya no se aplica la pena capital, salvo en Bielorrusia, que ejecutó a dos personas. Oceanía siguió siendo una zona sin pena de muerte, a excepción de cinco condenas a muerte impuestas en Papúa Nueva Guinea.

En la mayoría de los países donde se condenó a muerte o ejecutó a personas, los juicios no cumplieron las normas internacionales sobre garantías procesales. Pero en 2011 se registraron algunos avances. Así por ejemplo, en China el gobierno eliminó la pena de muerte para 13 delitos, fundamentalmente de índole económica. En Estados Unidos, el número de ejecuciones y nuevas condenas a muerte disminuyó drásticamente con respecto a las registradas hace 10 años.

Cuba: Brusco aumento del acoso y los ataques contra activistas y periodistas

Nos trasladamos ahora hasta Cuba, donde el acoso y las detenciones contra disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros en el país han experimentado un brusco aumento en los últimos 24 meses. Es la principal conclusión del último informe de la organización sobre el país. Dicho documento revela las nuevas tácticas de las autoridades cubanas para castigar a las personas a las que consideran opuestas al régimen después de las liberaciones colectivas de presos de conciencia en 2011.

Las autoridades de Cuba no toleran ninguna crítica a las políticas del gobierno realizada fuera de los mecanismos oficiales establecidos bajo control gubernamental. Las leyes sobre “desorden público”, “ultraje”, “desacato”, “peligrosidad” y “agresión” se utilizan para procesar a quienes se oponen al gobierno. No hay ninguna organización política o de derechos humanos a la que se haya permitido obtener el reconocimiento jurídico. Desde marzo de 2011, más de 65 periodistas independientes han sido detenidos, la mayoría en más de una ocasión.

Los activistas de derechos humanos o periodistas independientes detenidos suelen permanecer recluidos en comisarías o centros de detención durante periodos que oscilan entre unas horas y varios días. En ese tiempo son sometidos frecuentemente a interrogatorios, intimidaciones, amenazas y, ocasionalmente, palizas. En muchos casos, las autoridades no informan a sus familiares de los motivos de la detención ni del lugar donde se encuentran recluidos sus seres queridos.

Los activistas de derechos humanos Antonio Michel y Marcos Máiquel Lima Cruz permanecen encarcelados desde diciembre de 2010, cuando fueron detenidos por agentes del Departamento de Seguridad del Estado por cantar canciones en las que criticaban la falta de libertad de expresión en el país. Tras un juicio sumario, fueron condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, por “ultraje a los símbolos de la patria” y “desórdenes públicos”.

Amnistía Internacional ha adoptado a los dos hermanos como presos de conciencia, y ha pedido a las autoridades su liberación inmediata e incondicional. La organización también ha adoptado como presos de conciencia a Yasmín Conyedo Riverón y su esposo, Yusmani Rafael Álvarez Esmori, detenidos por cargos falsos de “atentado” contra un agente del Estado.

África: Los residentes de asentamientos precarios en toda África dicen a los gobiernos: "aquí vive gente"

Miles de residentes de asentamientos precarios e informales de todo el continente africano se han congregado durante una semana de acción organizada por Amnistía Internacional y organizaciones asociadas para hacer que los ministros de vivienda y los jefes de Estado oigan su voz.

Las concentraciones y reuniones públicas celebradas en Chad, Ghana, Kenia, Nigeria, Egipto y Zimbabue han reunido a miles de algunas de las personas más pobres y más desfavorecidas del mundo para pedir a sus gobiernos que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo cual significa que no deben desalojarlas forzosamente de sus casas y que deben proporcionarles servicios mejores, como agua no contaminada y escuelas.

Casi tres de cada cuatro residentes de ciudades o pueblos africanos al sur del Sáhara viven en asentamientos precarios o informales. Sin embargo, al realizar la planificación urbana, las autoridades siguen ignorándoles. La organización ha pedido a los gobiernos que escuchen lo que estos millones de personas tienen que decir.

La mayoría de los residentes de los asentamientos precarios cumplen con sus responsabilidades como ciudadanos. Sin embargo, la mayoría apenas tienen acceso a saneamiento, agua no contaminada, educación y una atención médica adecuada. Los gobiernos deben elaborar políticas de vivienda que se centren en las necesidades de los residentes de asentamientos informales y que garanticen sus derechos.

Las concentraciones y reuniones en todo el continente han coincidido con la Conferencia Ministerial Africana sobre Vivienda y Desarrollo Urbano. A la sociedad civil no se le ha brindado la oportunidad de participar en esta conferencia crucial, y por ello Amnistía Internacional ha invitado a los residentes de asentamientos informales con los que ha trabajado en Kenia, Nigeria, Ghana y Zimbabue a una reunión paralela en el mismo lugar de celebración para que representen a sus comunidades y expongan sus principales preocupaciones y demandas.

Mali: El golpe anuncia un periodo de incertidumbre para los derechos humanos

Terminamos nuestro boletín en Mali. Amnistía Internacional señala que los líderes del golpe militar contra el gobierno del presidente Amadou Toumani Touré deben dejar en libertad al primer ministro y los demás políticos detenidos y tomar medidas para proteger los derechos humanos.

El jueves 22 de marzo fueron detenidos al menos tres miembros del gobierno: el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Administración Territorial. Se cree que se hallan recluidos en la base militar de Kati, a 20 kilómetros de la capital. También han sido detenidos el presidente del Consejo Económico y Social y el presidente del Consejo Superior de Comunidades Territoriales.

Según la organización, con la suspensión de todas las instituciones legales y el toque de queda impuesto, todas las salvaguardias básicas que garantizan el respeto de los derechos humanos están en suspenso. Tres personas han muerto en el centro la capital a causa de balas perdidas de soldados. A lo largo del día 22, los soldados saquearon tiendas y confiscaron vehículos.

El golpe se ha producido en el contexto de dos meses de rebelión de grupos armados tuareg en el norte del país. Desde el estallido de este conflicto, unas 200.000 personas han huido de sus hogares, entre ellas alrededor de 100.000 que han buscado refugio en países vecinos, como Níger, Argelia, Mauritania y Burkina Faso.

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En el boletín de esta semana hablaremos de la visita a España de Salili Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, con el objetivo de plantear una agenda de derechos humanos al Gobierno para la legislatura 2011-2015. Celebraremos el Día Mundial contra el Racismo, en el que Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades españolas que acaben con los controles policiales de identidad basados en perfiles raciales. Hablaremos también de Libia, donde es preciso realizar una investigación exhaustiva e independiente de las muertes de civiles causadas por los ataques aéreos de la OTAN. Terminaremos este boletín en Brasil, donde se ha abierto la primera causa penal contra un militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar entre 1964 y 1985. Desaparecieron más de 475 personas y millares sufrieron tortura.

Salil Shetty: “La crisis económica no debe derivar en una crisis de derechos humanos”

Arrancamos en España, que la semana pasada acogió la visita del secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, con el objetivo de plantear una agenda de derechos humanos al Gobierno español. En varias reuniones con las autoridades españolas, Shetty urgió al Ejecutivo a tomar las riendas para que la crisis económica no derive en una crisis de derechos humanos. Esta y otras recomendaciones relativas a los derechos humanos estaban incluidas en la Agenda de Derechos Humanos para la X Legislatura en España, que fue presentada a los responsables de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial durante la visita de Shetty.

Al final de su estancia en España, el secretario general de Amnistía Internacional valoró positivamente el compromiso del Gobierno de poner en marcha una estrategia de derechos humanos para esta legislatura. La organización espera que esta actitud dé como resultado acciones concretas y oportunas.

Entre los retos que debe afrontar las autoridades españolas, Shetty destacó: poner fin a la situación de personas que no tienen acceso a la atención sanitaria y a los desahucios sin alojamiento alternativo adecuado. Otro de los retos importantes que debe afrontar el Ejecutivo es la lucha contra la discriminación en todas sus formas. Shetty considera intolerable que la policía realice identificaciones en la calle únicamente basadas en el perfil racial de las personas.

Además, durante las reuniones mantenidas, el secretario general de Amnistía Internacional ha instado al Gobierno a no dejar de lado otras asignaturas pendientes, como la lucha contra la tortura y los malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad, o la eliminación del régimen de incomunicación.

Sobre la situación de los centros de detención de inmigrantes, la organización ha dado la bienvenida al compromiso del Gobierno de desarrollar un reglamento que regule su funcionamiento. Reglamente que ya debería existir, tal y como establece la Ley de Extranjería.

En el ámbito internacional, Amnistía Internacional ha recordado al Gobierno la importancia de que los derechos humanos sean la hoja de ruta de la política exterior española y la necesidad de apoyar en Naciones Unidas un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que sea sólido.

Amnistía Internacional ha apreciado que el Gobierno siga de cerca la situación en Siria, y en el norte de África y Oriente Medio en general. Sin embargo, el Ejecutivo debe reorientar su política exterior situando el respeto y la protección real y efectiva de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales.

Día Mundial contra el racismo: ¡Parad el racismo, no a las personas!

Continuamos hablando de retos del Gobierno. Coincidiendo con el Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial, Amnistía Internacional ha solicitado, junto con otras cuatro organizaciones, el fin de la práctica policial de seleccionar a personas para comprobar su identidad basándose exclusivamente en las características étnicas o raciales y su posterior traslado en numerosas ocasiones a comisaría.

Esta práctica es discriminatoria y vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las minorías y las personas migrantes. En el año 2009, España fue condenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por discriminación racial en el caso Rosalind Williams, a quien la Policía Nacional pidió la identificación en la estación ferroviaria de Valladolid en 1992. De todas las personas que viajaban en el tren, la petición se dirigió sólo a ella, afroamericana de nacionalidad española. Sin embargo, casi tres años después de la histórica decisión de Naciones Unidas, España no ha puesto en marcha ninguna medida para garantizar que sus funcionarios públicos no incurren en este comportamiento.

Al contrario, la organización denuncia que algunos agentes reciben órdenes para llevar a cabo un número determinado de controles de identidad a personas que parecen migrantes. Tienen que alcanzar unas “cuotas de detenciones” y, a efectos estadísticos, detener a un inmigrante “sin papeles” cuenta lo mismo que detener a alguien acusado de un delito.

Los controles de identidad alimentan los prejuicios contra las minorías, porque quienes los presencian dan por sentado que las personas a las que la policía pide la identificación han cometido un delito. Sin embargo, estar en situación irregular no es delito. Además del fin de esta práctica, las organizaciones han solicitado el cese la intimidación de quienes observan o documentan pacíficamente los controles de identidad, que han sido objeto de acusaciones y multas por parte de los agentes de policía. Asímismo, también han solicitado la elaboración de un reglamento de los CIES, que garantice los derechos de las personas internas.

Libia: Es preciso investigar adecuadamente las muertes de civiles por ataques aéreos de la OTAN

Nos trasladamos ahora hasta Libia, donde la OTAN no ha investigado los homicidios de decenas de civiles en ataques aéreos lanzados en el país por sus fuerzas. Así lo señala un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado un año después de las primeras incursiones aéreas. Según este documento, decenas de civiles libios no implicados en los combates murieron, y muchos más resultaron heridos, la mayoría en sus casas.

Amnistía Internacional ha denunciado que la OTAN no ha llevado a cabo las investigaciones necesarias, y ni siquiera ha tratado de establecer contacto con los supervivientes y con los familiares de los fallecidos. La organización ha declarado que deben llevarse a cabo investigaciones adecuadas, y debe proporcionarse plena reparación a las víctimas y a sus familias. Según la OTAN, la “responsabilidad principal” de investigar recae en las autoridades libias.

La OTAN parece haber hecho esfuerzos considerables por minimizar el riesgo de causar bajas civiles: entre otras cosas, ha utilizado munición guiada de precisión y, en algunos casos, ha lanzado advertencias previas dirigidas a los habitantes de las zonas en el punto de mira. Pero eso no la exime de investigar adecuadamente los ataques que han causado la muerte o heridas a decenas de civiles, y de proporcionar reparación a las víctimas y a sus familias.

Las investigaciones deben examinar si las bajas civiles han sido resultado de violaciones del derecho internacional. De ser así, los responsables deben comparecer ante la justicia. La organización ha documentado 55 casos de civiles identificados, entre ellos 16 menores y 14 mujeres, muertos en ataques aéreos en Trípoli, Zlitan, Majer, Sirte y Brega. Muchas de las muertes fueron consecuencia de ataques aéreos lanzados contra domicilios particulares.

Brasil: Procesamiento histórico desafía arraigados crímenes militares

Concluimos este boletín en Brasil. La decisión de presentar cargos contra el coronel retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura por cinco desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura en el país es el primer reto serio a decenios de impunidad. La Fiscalía ha manifestado que los secuestros se cometieron durante una operación militar dirigida por Curió en la que presuntamente, se secuestró, agredió y ejecutó a guerrilleros de izquierdas, violando claramente las normas de derechos humanos.

Se trata de la primera causa penal abierta contra un militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Brasil en el periodo comprendido entre 1964 y 1985. Se cree que, durante estos años, desaparecieron más de 475 personas y millares sufrieron tortura. El anuncio de estos cargos brinda la oportunidad de que el sistema judicial brasileño alinee a Brasil con los países de la región que han comenzado a abordar las terribles violaciones de derechos humanos del pasado.

Los autores de violaciones de derechos humanos llevan más de 30 años disfrutando de impunidad por los delitos cometidos antes de 1979, cuando se aprobó la ley de amnistía de Brasil. Sin embargo, los fiscales han determinado que, puesto que en este caso jamás se han encontrado los cuerpos de las víctimas, el delito de secuestro se extiende más allá de 1979. Por consiguiente, la ley de amnistía no ofrece protección a los responsables.

En noviembre de 2011, la presidenta Dilma Rousseff aprobó una ley por la que se crea una comisión de la verdad para investigar centenares de denuncias de tortura y desaparición cometidas durante la dictadura militar de Brasil. Según Amnistía Internacional, Brasil debe abordar los crímenes del pasado y garantizar justicia a las víctimas.

Más información en www.actuaconaministia.com