Vidas en peligro mientras los Gobiernos niegan protección a las personas refugiadas en Europa

Londres / Madrid.- En el Día Mundial del Refugiado, las puertas de Europa se cierran y se pasan por alto los derechos de quienes buscan refugio, y Amnistía Internacional advierte que los gobiernos europeos están poniendo vidas en peligro al negar protección a las personas refugiadas.  
“Las personas refugiadas arriesgan su vida para encontrar seguridad y lo único que se encuentran al llegar a Europa es que las devuelven”, ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. “Los gobiernos tienen que dejar de poner vidas en peligro y comenzar a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger a estas personas vulnerables”. Países limítrofes del espacio europeo están mostrando una absoluta indiferencia hacia sus obligaciones internacionales con respecto a las personas refugiadas:

• Los acuerdos bilaterales que mantiene España con diversos países africanos se utilizan para justificar la detención arbitraria, la reclusión y la expulsión de inmigrantes y posibles solicitantes de asilo.

• Italia está interceptando a personas extranjeras en aguas internacionales y, sin evaluar su necesidad de protección internacional, las está trasladando a Libia, donde las personas inmigrantes y solicitantes de asilo corren peligro de sufrir malos tratos y de ser devueltas a países en los que corren peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

• Turquía continúa sin reconocer como refugiadas a las personas procedentes de países no europeos, lo que significa que a miles de personas se les niega la protección que necesitan.

• Grecia envía a las personas a la frontera terrestre y marítima con Turquía sin evaluar primero sus solicitudes de asilo. Quienes entran en el país se encuentran con numerosos obstáculos jurídicos para obtener protección.

En el Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional recuerda a los Estados de la UE que su actuación está socavando la protección de los refugiados, no sólo en sus propios países sino en todo el mundo, al enviar un peligroso mensaje sobre el trato a estas personas. Todos los países deben cumplir sus obligaciones relativas a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, no sólo dentro de sus fronteras, sino también en cualquier lugar donde ejerzan control efectivo.

España: una carrera de obstáculos para los solicitantes de asilo Las políticas de la UE en materia de inmigración y asilo se han convertido en los últimos años en auténticas barreras que dificultan o impiden que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos, puedan llegar a Europa y obtener protección internacional.

España es un claro ejemplo de esta tendencia restrictiva. El traslado de la responsabilidad sobre el control migratorio a países como Marruecos, Mauritania o Senegal y el endurecimiento de las políticas de control migratorio, en especial en la frontera sur (Islas Canarias, Ceuta, Melilla), ha llevado a que muchas personas que intentan llegar a España huyendo de violaciones de derechos humanos no hayan podido llegar y pedir asilo o no hayan sido identificadas como personas necesitadas de protección internacional. Además, aumenta el riesgo de que las víctimas sufran nuevas violaciones de derechos humanos durante el viaje, en los países en tránsito o en la frontera.

El próximo 25 de junio se discutirá en pleno en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria. El texto introduce mejoras para aquellas personas que puedan solicitar asilo como el reconocimiento de la persecución por motivos de género, un título específico sobre “Menores y otras personas vulnerables”, un capítulo sobre la obligación de proporcionar servicios sociales y de acogida a los solicitantes, la regulación de la protección complementaria y el compromiso de que España participará en los programas de reasentamiento de refugiados del ACNUR con un cupo anual.

Sin embargo, el proyecto restringe considerablemente el mero hecho de poder acceder al derecho de asilo; es decir, a su solicitud como un derecho humano universal. En este momento, ya resulta muy preocupante el reducido número de estatutos de refugiado solicitados y concedidos en los últimos años. El 2008 se ha cerrado con unas 4.000 solicitudes de asilo y tan sólo unos 100 estatutos de refugiados concedidos, la cifra más baja de concesiones durante el periodo 2001-2008. Y el actual proyecto limitará aún más el acceso de víctimas de violaciones de derechos humanos a solicitar protección internacional.

Amnistía Internacional ha trasladado a los grupos parlamentarios, así como al Gobierno la grave preocupación que suscitan algunos artículos de este Proyecto, ya que suponen una reducción sustancial de las garantías de las víctimas a la hora de solicitar protección. En este sentido, Amnistía Internacional quiere destacar:

• La exclusión del derecho a solicitar asilo de los europeos comunitarios. Esta limitación es contraria a la Convención de Ginebra que debe ser la piedra angular de todo sistema de asilo. Ésta, en su artículo 3 prohíbe expresamente la discriminación por nacionalidad, ya que esto implicaría poner en peligro el carácter universal del “derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”; un derecho reconocido en la propia Constitución Española (artículo 13.4).

• La desaparición de la posibilidad actual de pedir asilo ante una embajada o consulado españoles. Lo cual, ante la actual tendencia a aumentar los obstáculos para acceder al procedimiento en territorio español, constituye una medida injustificada y de especial gravedad.
• La incorporación de fórmulas jurídicamente imprecisas, tales como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad”, que vienen a engrosar la lista de causas de exclusión a la hora de solicitar protección internacional, y que exceden la Convención de Ginebra.
• La creación de diferentes procedimientos de tramitación que contribuyen a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección, de tal manera que, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán más dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado.

Después de analizar el texto final del Proyecto de Ley que se debatirá el próximo 25 de junio en el Congreso, Amnistía Internacional lamenta que España no aproveche esta oportunidad de avanzar en la protección de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo. Por este motivo, esperamos que el texto de la nueva ley todavía sufra modificaciones en el trámite parlamentario o, de lo contrario, supondrá un paso atrás respecto a la Ley de Asilo actual y un retroceso en las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, asilo y refugio.