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Periodista tunecino acusado de “dañar la moral pública” por criticar al gobierno

© Naser Nouri
Las últimas detenciones de periodistas y activistas en Túnez son una muestra más del riesgo de que los derechos humanos se vean restringidos en este país, ha advertido Amnistía Internacional.

El 5 de agosto, el periodista y activista Sofiene Chourabi fue detenido junto con dos amigos por beber alcohol en una playa de Kebilia, en el noreste de Túnez, donde estaban acampando.

La víspera de su detención, Chourabi había convocado una protesta frente al Ministerio del Interior contra las, en su opinión, iniciativas del partido Ennahda, que encabeza el actual gobierno, encaminadas a imponer un número creciente de restricciones sobre las libertades públicas. El partido es conocido por su programa de conservadurismo religioso.

“Hay indicios crecientes en Túnez de que el nuevo gobierno está aumentando las restricciones de las libertades fundamentales”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Es más que probable que la detención de Sofiene Chourabi fuera desencadenada por su convocatoria de protesta, así como por su activismo en general contra el gobierno.”

Chourabi, que se hizo muy popular tras criticar las políticas del ex presidente Zine El Abidine Ben Ali antes de la rebelión en la que fue derrocado, declaró a Amnistía Internacional que hacia las 3 de la madrugada, 10 policías les despertaron a él, al periodista Mehdi Jlassi y a una amiga, y les esposaron mientras registraban sus tiendas.

Después los llevaron a una comisaría de policía de la que fueron puestos en libertad al día siguiente.

Sofiene Chourabi y Mehdi Jlassi han sido acusados de estar “embriagados en público” y de “dañar la moral pública”. Esperan que en septiembre se fije fecha para comparecer ante un tribunal.

Amnistía Internacional cree que se están utilizando las políticas del gobierno sobre moral pública para sofocar la libertad de expresión.

“Aunque la protección de la moral pública o el orden público a veces es una razón legítima para restringir la libertad de expresión, estas restricciones sólo podrían imponerse en el caso de que fueran absolutamente necesarias, y aun entonces deberían adoptarse las medidas menos restrictivas posibles”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.

Las detenciones se produjeron días después de que Ennahda presentara ante la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano encargado de redactar la nueva Constitución de Túnez, un proyecto de ley que penaliza las ofensas contra valores “sagrados” mediante palabras, imágenes o actos con penas de hasta dos años de prisión o el pago de una multa.

El proyecto de ley considera “sagrados” a “Dios, sus profetas, los libros sagrados, la Kaaba, las mezquitas, las iglesias y las sinagogas”.

“En un momento en el que Túnez debería estar avanzando hacia un mayor respeto a los derechos humanos, este proyecto de ley es un decepcionante paso en dirección contraria e introduce nuevas restricciones a la libertad de expresión”, añadió Hassiba Hadj Sahraoui.

“Las autoridades tunecinas deberían abandonar este proyecto de ley”.
La libertad de expresión, amenazada

En los últimos meses las restricciones a la libertad de expresión han aumentado.

En junio se organizaron protestas contra una exposición de arte que algunas personas consideraban ofensiva para el islam y en la que, según noticias, los manifestantes destruyeron varias de las obras exhibidas.

En junio de 2011, varios grupos de personas atacaron el cine África durante la exhibición de una película sobre el laicismo titulada Ni Alá, ni amo.
El pasado mes de octubre, grandes grupos de personas atacaron la sede de la emisora de televisión Nessma después de que ésta emitiera la película francesa de animación Persépolis, doblada al árabe tunecino.

Posteriormente, se impuso a Nabil Karoui, el propietario de Nessma TV, una multa de 2.400 dinares turcos (1.500 dólares estadounidenses) por emitir la película, que fue criticada por blasfema por mostrar una representación de Dios.

En los últimos meses se vienen empleando reiteradamente los cargos de “perturbación del orden público” y “violación de valores sagrados”, en aplicación del artículo 21 del Código Penal tunecino, que castiga la distribución de material impreso que perturbe el orden o la moral públicos.

El Código prevé una pena de entre seis meses y cinco años de prisión, y una multa de entre 120 y 1.200 dinares tunecinos (entre 80 y 800 dólares estadounidenses).

En abril, un tribunal declaró a Ramzi Abcha culpable de “atacar mezquitas” y “atacar rituales religiosos” por profanar el Corán en varias mezquitas, y le condenó a cuatro años de prisión.

Con anterioridad, Ghazi Beji y Jabeur Mejri habían sido declarados culpables de publicar material susceptible de perjudicar el orden público o la buena moral, por perjudicar a terceros mediante estas publicaciones y por atentar contra la moral pública mediante la publicación en Internet de unos dibujos y textos considerados ofensivos para el islam y los musulmanes.

En marzo, el editor del diario en lengua árabe Attounissia fue declarado culpable de “difundir información que puede perturbar el orden público” y multado con 1.000 dinares tunecinos (650 dólares estadounidenses) después de que el periódico publicase la fotografía de un futbolista germano-tunecino que tapaba con las manos los senos desnudos de su novia.

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