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Los abusos contra los derechos humanos podrían malograr el legado olímpico

  • Cuenta atrás para los Juegos Olímpicos
Londres.- Comienza la cuenta atrás de un año y se acaba el tiempo para que el gobierno chino cumpla su promesa de promover los derechos humanos como parte del legado de las Olimpiadas, según manifestó el 6 de agosto la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan.

“Si las autoridades chinas no adoptan medidas urgentes para poner fin a las violaciones de derechos humanos a lo largo del próximo año, corren el peligro de empañar la imagen de China y el legado de las Olimpiadas de Pekín” afirmó Irene Khan.

En la última evaluación que ha hecho Amnistía Internacional de los progresos de China en relación con las mejoras prometidas en materia de derechos humanos con antelación a los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín, la organización concluye que varios activistas con base en Pekín siguen sometidos a “detención domiciliaria” y a fuertes medidas de vigilancia policial, y que activistas de otras partes de China se enfrentan a patrones reforzados de abuso mientras la atención se centra en los preparativos de las Olimpiadas en Pekín. En su informe, Amnistía Internacional pone asimismo de relieve la continuidad de una campaña represiva contra periodistas que, en los últimos tiempos, se ha extendido a la clausura de ciertas publicaciones chinas sobre desarrollo y sociedad civil.

“Las medidas represivas contra defensores de los derechos humanos y medios de comunicación nacionales siguen ensombreciendo las reformas positivas relacionadas con la pena de muerte y la cobertura de los medios de comunicación extranjeros en China. No sólo vemos que no se cumple la promesa de que las Olimpiadas contribuirán a mejorar la situación de los derechos humanos en China, sino que además la policía utiliza el pretexto de los juegos olímpicos para ampliar el uso de la reclusión sin juicio.”

El informe pone asimismo de relieve el uso continuado de la detención sin juicio como parte de las operaciones “de limpieza” de Pekín con vistas a los Juegos Olímpicos de 2008, a pesar de que la reforma sustancial o abolición de métodos de detención arbitraria como la “reeducación por el trabajo” ocupa desde hace muchos años un lugar en el programa de reformas de China.

En su informe, Amnistía Internacional acoge con satisfacción las recientes declaraciones de representantes del Tribunal Supremo Popular en las que expresaban la necesidad de una mayor transparencia sobre la pena de muerte y de unificar criterios para imponer esta pena. No obstante, la organización pide a las autoridades que profundicen en este planteamiento aumentando el acceso a la información sobre personas que afrontan una condena a muerte, especialmente para abogados y familiares, y publicando estadísticas nacionales completas sobre sentencias de muerte y ejecuciones.

“La aplicación de la pena de muerte en China, que es el máximo ejecutor mundial, sigue rodeada de secreto” aseguró Irene Khan.

“Es absolutamente necesaria una transparencia absoluta para impedir posibles errores judiciales y proporcionar a la población china la información suficiente para alcanzar conclusiones informadas sobre la pena de muerte. Nada que sea inferior a la publicación de estadísticas nacionales completas sobre la aplicación de la pena capital en China será suficiente” afirmó Irene Khan.

El informe de Amnistía Internacional China: La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: Un año para cumplir las promesas en materia de derechos humanos se centra en cuatro áreas clave de derechos humanos relacionadas con los juegos olímpicos: la pena de muerte, la reclusión sin juicio, el activismo de derechos humanos y la libertad de prensa.

En su última evaluación, la organización de derechos humanos llegaba a las siguientes conclusiones:

Pena de muerte
Continuaban dictándose condenas a muerte y realizándose ejecuciones por delitos no violentos, y seguían sin hacerse públicas las estadísticas nacionales sobre pena de muerte, si bien las autoridades afirmaron que la aplicación de la pena de muerte había descendido un 10 por ciento a partir del restablecimiento de la función revisora del Tribunal Supremo Popular el 1 de enero de 2007.

Había pruebas de que los compromisos oficiales de introducir mayor transparencia en todos los niveles judiciales podían no estar siendo cumplidos, y seguía negándose a familiares y abogados el acceso a las personas condenadas a muerte, así como información sobre su situación.

Existía la confirmación oficial reciente de que a menudo la pena de muerte se imponía arbitrariamente, y de que los tribunales aplicaban criterios diferentes en una u otra zona del país.

Reclusión sin juicio
Había aumentado el uso de la detención sin juicio para “limpiar” Pekín con vistas a los juegos olímpicos, incluida la “Rehabilitación Forzosa de Drogadictos” y la ampliación de categorías de delitos menores a los que se aplica  la “reeducación por el trabajo”.

Activistas de derechos humanos
Se habían intensificado los abusos contra activistas de derechos humanos en otras partes de China, incluida la muerte de Chen Xiaoming, activista del derecho a la vivienda galardonado con un premio, ocurrida en Shanghai el 1 de julio, poco después de salir de prisión en libertad condicional por razones de salud; según informes, había sido torturado bajo custodia.

Existía persecución de abogados y asesores letrados que trabajaban en favor de víctimas de violaciones de derechos humanos, incluido el caso de la presunta paliza recibida por el invidente Chen Guangcheng, asesor legal encarcelado, que le propinaron compañeros reclusos el 16 de junio siguiendo las órdenes de los guardias penitenciarios. A Chen lo encarcelaron en la provincia de Shandong al intentar exigir responsabilidades a las autoridades locales por presuntas prácticas de obligar a mujeres a someterse a operaciones forzosas de aborto y esterilización para cumplir las cuotas de nacimientos;

Existía persecución de activistas que intentaban llamar la atención sobre los desalojos de personas como consecuencia de los proyectos de construcción relacionados con las Olimpiadas; un caso es el de Ye Guozhu, encarcelado, a quien los informes indican que aplicaron descargas eléctricas con porras a finales del año pasado.

Libertad de prensa

Continuaba la campaña represiva contra el periodismo nacional: encarcelamiento de periodistas y escritores, despido forzoso de personal empleado en medios de comunicación y clausura de publicaciones.

Persistía la censura sobre Internet, que supuso el cierre de sitios web y varios intentos recientes de silenciar las protestas en una ciudad, Xiamen, mediante nuevas disposiciones legales para obligar a los usuarios de Internet a registrarse con su nombre auténtico.

Amnistía Internacional ha enviado su última actualización a las autoridades chinas y al Comité Olímpico Internacional (COI) señalando que estos asuntos son directamente pertinentes a la organización de los Juegos Olímpicos en Pekín y a los principios básicos consagrados en la Carta Olímpica.

“Las continuas violaciones graves de derechos humanos en China constituyen una afrenta a los principios básicos de la Carta Olímpica relacionados con la “conservación de la dignidad humana”.  Y el “respeto por los principios éticos fundamentales universales”. El COI debe promover un legado positivo de las Olimpiadas basado en el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho” ha manifestado Irene Khan.

“Cuando sólo falta un año, se acaba el tiempo para que los Juegos Olímpicos de Pekín se vean manchados de manera irreversible por la falta de respeto de los derechos humanos por parte de China. Las autoridades chinas deben impulsar el cumplimiento de sus promesas de mejorar los derechos humanos para que, cuando llegue agosto de 2008, la población pueda sentirse orgullosa en todos los aspectos de lo que su país puede ofrecer al mundo.”

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