Mientras las violaciones de derechos humanos van en aumento, la necesidad de que la comunidad internacional busque una solución a la crisis política se hace cada vez más urgente.
Las fotos y los testimonios fueron recogidos por una delegación de Amnistía Internacional que se entrevistó con muchas de las 75 personas detenidas en la Jefatura Metropolitana nº 3 de Tegucigalpa después de que la policía, respaldada por el ejército, disolviera el 30 de julio una manifestación pacífica.
La mayoría de los detenidos sufría lesiones a consecuencia de los golpes propinados por la policía con porras y de las piedras y otros objetos que les arrojaron. Cuando los detuvieron, no les dijeron a dónde los llevaban, por qué motivo los detenían o cuáles eran los cargos en su contra. Todos quedaron en libertad al cabo de unas horas.
“Las detenciones arbitrarias en masa y los malos tratos a manifestantes son hoy día motivo de honda y creciente preocupación en Honduras”, ha manifestado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.
“Las detenciones y malos tratos de manifestantes se están empleando como forma de castigo contra quienes se oponen abiertamente al Gobierno de facto, y son un elemento disuasorio para quienes contemplan la posibilidad de echarse a la calle para mostrar pacíficamente su descontento con la agitación política que vive el país”, ha declarado Esther Major.
Entre los detenidos el 30 de julio se encontraban 10 estudiantes. A todos ellos, la policía los golpeó con porras en la espalda, los brazos y la parte posterior de las piernas. Uno dijo: “La policía tiraba piedras, nos acorralaron, nos tiraron al piso bocabajo y nos golpearon. Robaron las cámaras, nos golpearon si levantábamos las cabezas, nos golpearon cuando subimos a los carros de la policía”.
Varias de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que, durante la manifestación, los policías no llevaban identificaciones visibles. Según afirmaban, algunos policías les dijeron: “no nos miren, hijos de puta”. Otros llevaban el rostro tapado con un pañuelo.
F.M., maestro de 52 años detenido también el 30 de julio, dijo a Amnistía Internacional: “nosotros veníamos pacíficamente. De repente, la policía venía, y yo empecé de correr. Me agarraron y me gritaron: ‘¿Por qué apoyan al Gobierno de Zelaya?’. Me golpearon. No me han informado la razón por la cual estoy detenido”.
“El uso de fuerza excesiva y de detenciones arbitrarias en masa como política para reprimir la disidencia sólo sirve para inflamar aún más las tensiones, y provoca violaciones graves de derechos humanos”, ha manifestado Esther Major. “La fuerza sólo debe utilizarse en las circunstancias más extremas, y desde luego no como método para impedir el derecho legítimo de la población a manifestarse pacíficamente”.
Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por el acoso y la intimidación a que se somete a quienes defienden los derechos humanos, y observa con inquietud los límites impuestos a la libertad de expresión y el número de ataques contra periodistas, que incluyen el cierre de medios de comunicación, la confiscación de equipo y materiales, y agresiones físicas contra periodistas y operadores de cámaras que informan de los sucesos.
Fuera de Tegucigalpa, se cree que la situación de los derechos humanos es igual o incluso más grave. Los controles a lo largo de las carreteras principales de Honduras están ahora al cargo de militares y policías que, a menudo, retrasan o impiden la entrada de las organizaciones de derechos humanos a las zonas en las que, según los informes, se están cometiendo violaciones de estos derechos.
Información complementaria
La preocupación por los derechos humanos en Honduras se ha intensificado desde que el presidente, elegido democráticamente, José Manuel Zelaya Rosales fue depuesto el 28 de junio y expulsado del país por un grupo de políticos respaldado por el ejército y encabezado por Roberto Micheletti, ex dirigente del Congreso Nacional. Desde el golpe de Estado ha habido disturbios generalizados en el país, con frecuentes enfrentamientos entre la policía, el ejército y los manifestantes civiles. Al menos dos personas han muerto por disparos durante las protestas.
Para más información, véase el informe:
Honduras: Human rights crisis threatens as repression increases, Amnistía Internacional, agosto de 2009
