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La obligación de la UE: Proteger a los migrantes “invisibles” en los límites de Europa

Campaña SOS Europa. Acto de Amnistía Internacional en la Playa de Somorrostro en Barcelona, 24 de abril de 2013. © Amnistía Internacional
Madrid/Bruselas.- Amnistía Internacional ha presentado hoy al Parlamento Europeo una petición con cerca de 70.000 firmas instando a la Unión Europea y a los gobiernos de sus 27 Estados miembros a que dejen de poner en peligro a las personas que llegan a las costas y las fronteras de Europa. Este llamamiento, dirigido a los miembros del Parlamento Europeo, les pide cumplir con su obligación de vigilancia. Exige transparencia y rendición de cuentas a Gobiernos e instituciones en relación al trato que reciben las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a las fronteras de la UE y mayor vigilancia sobre la implementación de los acuerdos de control migratorio con terceros países.
“Hoy queremos que Europa sienta vergüenza. Miles de personas en todo el continente han expresado su alarma por lo que está ocurriendo de forma casi invisible en nuestras fronteras”, ha dicho Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. “Las fronteras son unos de los pocos lugares donde los países de la UE pueden librarse casi totalmente del escrutinio. Y las personas migrantes sufren las consecuencias de esa situación de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’”.

Cada año, miles de personas inician peligrosos viajes en precarias embarcaciones con la esperanza de llegar a Europa. Algunas huyen de los conflictos, de violaciones de derechos humanos, o de la pobreza extrema. En los últimos diez años, los países europeos se han centrado cada vez más en impedir que estas personas lleguen siquiera a poner el pie en territorio de la UE, incumpliendo sus obligaciones internacionales. Los gobiernos a menudo recurren a prácticas que obligan a las personas migrantes a utilizar peligrosas vías para llegar a Europa, a menudo con fatales consecuencias. Por ejemplo, el mes pasado seis ciudadanos sirios murieron ahogados al naufragar su embarcación en el Mar Egeo. En la nave viajaban una muchacha de 17 años embarazada y una madre con su hijo.

Mediante una gran acción ante el Parlamento Europeo con un barco de refugiados simbólico, Amnistía Internacional exige mayor transparencia y rendición de cuentas en las fronteras de Europa.

Un mensaje que también se dirige a España

Amnistía Internacional también se dirige al Estado español para pedir que se deje de poner en peligro a las personas que llegan a nuestras costas y fronteras. Algunos incidentes recientes, registrados por la organización, demuestran que se vulneran los derechos de las personas migrantes.

El pasado mes de diciembre cerca de las costas de Lanzarote, tuvo lugar un incidente entre la Patrullera de la Guardia Civil y una patera, donde resultó muerta una persona, 17 fueron rescatadas y otras seis desaparecidas. Amnistía Internacional solicitó información del caso al Fiscal General del Estado sobre el hecho en sí, al haber  informaciones contradictorias. También la organización pidió aclaración sobre la actuación de la Fiscalía de Menores, cuando tuvo conocimiento del ingreso de un menor en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco. Además, el resto de supervivientes, excepto dos imputados y el menor, fueron expulsados a Marruecos tras permanecer en el CIE, lo que pudo poner en riesgo su derecho a tutela judicial efectiva, así como su derecho a una reparación adecuada.
También el pasado año, en el mes de septiembre, Amnistía Internacional denunció la expulsión masiva de 70 personas migrantes, procedentes del islote español de Tierra, que fueron deportados a Marruecos. Con este acto se contravinieron tratados internacionales de derechos humanos que prohíben las expulsiones colectivas. Esta operación también violó la Ley de Extranjería española, al privar a esas personas de su derecho a la asistencia letrada y a intérprete.

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que:

  • Clarifiquen y rindan cuentas de lo sucedido en el incidente en la costa de Lanzarote y en la expulsión colectiva de Isla de Tierra.
  • Aseguren que los acuerdos de readmisión con terceros países recogen garantías y mecanismos de supervisión sobre el respecto de los derechos humanos.
  • Proporcionen información periódica sobre la aplicación de dichos acuerdos, así como de las operaciones de interceptación, devolución y expulsión de personas migrantes.
  • Garanticen que sus prácticas y políticas de control migratorio no provocan o contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos.

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