Londres.- Amnistía Internacional ha pedido hoy que se abra una investigación penal sobre el papel desempeñado por el ex presidente estadounidense George W. Bush y otros funcionarios en el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” contra detenidos bajo custodia secreta estadounidense, después de que el ex presidente reconociera haber autorizado su uso.
En sus memorias, publicadas ayer, y en una entrevista emitida por NBC News el 8 de noviembre de 2010, el ex presidente Bush confirmó su intervención personal en la autorización del uso de simulacros de ahogamiento (water-boarding) y de otras técnicas contra “detenidos de alto valor”.
“Según el derecho internacional, el reconocimiento por el ex presidente de haber autorizado actos que equivalen a tortura es suficiente para que Estados Unidos cumpla su obligación de investigar los hechos reconocidos y, si se corroboran, de enjuiciarle”, ha declarado Claudio Cordone, director general de Amnistía Internacional.
“Los hechos que ha reconocido ponen de relieve también, una vez más, la ausencia de rendición de cuentas por los delitos tipificados en el derecho internacional de tortura y desaparición forzada cometidos por Estados Unidos.”
En sus memorias, el ex presidente Bush se refiere expresamente a los casos de dos detenidos recluidos en el programa secreto.
Abu Zubaydah estuvo recluido en varios lugares no revelados desde abril de 2002 hasta septiembre de 2006. En agosto de 2002 fue sometido a más de 80 simulacros de ahogamiento, en los que se emplea agua para iniciar el proceso de ahogamiento.
Khalid Sheikh Mohammed fue detenido el 1 de marzo de 2003 en Pakistán y puesto bajo custodia secreta de la CIA. Ese mismo mes fue sometido a 183 simulacros de ahogamiento, según un informe del inspector general de la CIA.
Después de tres años y medio recluido en régimen de incomunicación y de aislamiento en centros secretos, Khalid Sheikh Mohammed fue puesto bajo custodia militar enGuantánamo, donde tanto él como Abu Zubayhdah siguen detenidos sin juicio, junto con más de 150 personas más.
Los simulacros de ahogamiento no fueron la única técnica que presuntamente se empleó contra Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubayhdah y otras personas recluidas en el programa secreto y que violaban la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También se utilizaron métodos como desnudez prolongada, amenazas, exposición a bajas temperaturas, posturas en tensión, agresiones físicas, uso prolongado de grilletes y privación de sueño.
“Según el derecho internacional, toda persona implicada en torturas debe responder ante la justicia, y eso no excluye al ex presidente George W. Bush. Si se corroboran los hechos que ha reconocido, Estados Unidos tiene la obligación de enjuiciarle”, afirmó Claudio Cordone. “Si Estados Unidos no abre una investigación, deben intervenir y realizarla otros Estados”, añadió.
Información complementaria
Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1994. En virtud de la Convención, todos los casos en los que existan indicios de que una persona ha cometido o intentado cometer torturas o actos que constituyen complicidad o participación en torturas, han de ser sometidos a las autoridades competentes para que sean enjuiciados.
La Convención no permite que no se enjuicie a una persona porque ésta ocupara un cargo público de cualquier rango ni por justificaciones basadas en “circunstancias excepcionales”, como estado de guerra u cualquier otra emergencia pública.
Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que no iba a formular cargos penales contra nadie por la destrucción por la CIA en 2005 de casi 100 cintas de vídeo con grabaciones de los interrogatorios de Abu Zubaydah y ‘Abd al-Nashiri, otro detenido del programa secreto de la CIA. Doce de las cintas mostraban el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas”, como simulacros de ahogamiento. ‘Abd al-Nashiri fue sometido a estos simulacros a finales de noviembre de 2002.
Una vez más, la tortura y la desaparición forzada son delitos tipificados en el derecho internacional. En este sentido, la destrucción de las cintas podría haber ocultado delitos cometidos por el gobierno.
Sin embargo, en unas breves declaraciones emitidas el 9 de noviembre de 2010, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que, después de una “investigación exhaustiva” sobre el asunto, un fiscal federal había concluido que “no formularía cargos penales por la destrucción de las cintas de interrogatorios”.
