Londres.- El homicidio de una jueza a manos de hombres armados cerca de Río de Janeiro pone de manifiesto los profundos problemas que la ciudad tiene con la corrupción policial y la delincuencia organizada. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La jueza Patrícia Acioli se encontraba en su auto ante su casa de Niterói, al otro lado de la bahía de Río de Janeiro, la noche del jueves 11 de agosto cuando unos encapuchados se le acercaron en varios vehículos y le dispararon 21 tiros a quemarropa, según los informes forenses iniciales.
Se está llevando a cabo una investigación para determinar quién estaba tras ese ataque, pero Acioli había recibido amenazas de policías y bandas delictivas, y su nombre figuraba en una lista de 12 personas –junto con los de otros jueces y fiscales– señaladas como objetivos mortales por una milicia local dirigida por ex policías. A causa de amenazas anteriores, durante un tiempo estuvo bajo protección policial, pero la protección se le retiró en 2007.
“El brutal homicidio de Patrícia Acioli saca a la luz una situación profundamente inquietante, en la que, hoy día, la corrupción y la delincuencia organizada controlan grandes áreas de la vida en zonas de Río de Janeiro”, ha manifestado Patrick Wilcken, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.
“El homicidio de una jueza que se limitaba a realizar su trabajo constituye un duro golpe para el Estado de derecho y el sistema judicial en Brasil. Las autoridades deben emprender una investigación exhaustiva e independiente para llevar a los responsables ante la justicia.”
“Pero deben hacer mucho más. Las autoridades federales, estatales y municipales deben adoptar medidas coordinadas para cortar de raíz la delincuencia organizada en la ciudad, al tiempo que brindan protección adecuada a quienes participan en la investigación y el procesamiento de los policías corruptos y las bandas delictivas.”
Acioli era conocida como una jueza inquebrantable que llevaba mucho tiempo investigando casos de implicación policial en escuadrones de la muerte, milicias y bandas de narcotráfico que actúan en la región metropolitana de Río de Janeiro. Durante la última década había condenado a unos 60 policías implicados en escuadrones de la muerte y grupos de milicia: mafias que utilizan la violencia y la extorsión para intimidar y controlar a las comunidades.
A finales de 2008, el Parlamento del estado de Río de Janeiro encabezó una investigación dirigida a combatir a los grupos de milicia.
Pese a que desde entonces se ha detenido a más de 500 milicianos y se han celebrado juicios destacados de policías corruptos, apenas se ha hecho nada para abordar las actividades económicas ilegales que alimentan a estos grupos.
“Las autoridades policiales, municipales y estatales hacen la vista gorda ante las enormes redes de servicios de transportes, gas y telecomunicaciones gestionadas por milicias que siguen operando impunemente en todo Río”, ha manifestado Patrick Wilcken.
“Un paso importante para combatir el poder de la delincuencia organizada en Río de Janeiro debe ser la plena aplicación de las recomendaciones de la investigación parlamentaria de 2008 sobre las milicias, que la propia Patrícia Acioli respaldó. Esto incluye tomar medidas contundentes contra la economía negra que sustenta y afianza la corrupción policial y la delincuencia organizada.”
