El Auto Judicial de Admisión a Trámite es un paso imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas

Madrid.- Amnistía Internacional (AI) acoge con satisfacción la decisión del Juez Baltasar Garzón de admitir a trámite las denuncias por desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el Franquismo presentadas por familiares y organizaciones, integradas en la Plataforma de Desapariciones Forzadas (PVDF).
Con esta decisión, comienza a cobrar forma la obligación del Estado español de investigar la suerte que corrieron numerosas personas y el paradero de sus restos, y representa para muchas familias y organizaciones una señal esperanzadora tras décadas de haber sido privadas del derecho a contar con un recurso efectivo.

“Más allá de los actos de homenaje y reparación moral, es tiempo de rehabilitar los derechos de las víctimas. Los familiares de quienes fueron objeto de desaparición forzada no pueden continuar viendo postergado su derecho a saber. Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Amnistía Internacional pide a todos los poderes públicos que colaboren con la justicia sin dilación. Como consecuencia de esto, las autoridades españolas deben llevar adelante de la manera más diligente  todas las actuaciones necesarias en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familiares para su inhumación de acuerdo a la voluntad presunta de la persona fallecida o en su defecto de acuerdo a lo que la familia disponga.

La organización insta una vez más a las autoridades españolas a dar respuesta a la deuda pendiente hacia las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y a hacerlo conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Las desapariciones forzadas, como reafirma en su Auto el Juez Baltasar Garzón, son un crimen contra el derecho internacional respecto al cual España tiene obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación.