Derechos Humanos bajo cero

Madrid.- Con motivo de la visita que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin realiza a España los próximos días 8 y 9 de febrero, la Sección Española de Amnistía Internacional (AI) hace públicas sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Rusia. La organización ya ha enviado por carta estas preocupaciones a la Casa Real, al Presidente del Gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores de España, y ha pedido al ejecutivo español que estas cuestiones formen parte de la agenda de la visita y sean transmitidas al Presidente Putin. Pese a que las autoridades rusas mantienen que se están tomando importantes medidas en cuanto al respeto de los derechos humanos en la Federación Rusa, el pasado mes de septiembre en una visita de Amnistía Internacional al país, se comprobó que las mejoras eran insignificantes. Por ello, las preocupaciones de la organización  en la Federación Rusa siguen siendo: el control de la sociedad civil a través de la nueva ley que regula la actividad de las organizaciones  independientes  rusas, los abusos que se cometen en el marco del conflicto de Chechenia, el mal funcionamiento del sistema judicial, la falta de investigación en casos de delitos cometidos por motivos racistas, o la falta de atención a las mujeres víctimas de violencia familiar, cuando en este país una mujer muere cada hora a manos de su pareja o ex pareja. Hostigamiento a la sociedad civil independiente
Amnistía Internacional ha denunciado un incremento del clima de hostilidad hacia las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) bajo el Gobierno de Putin. Además, AI ha documentado una preocupante tendencia de las autoridades rusas a hacer blanco de extremos niveles de acoso, que llegan a la “desaparición”, a ONG, defensores, activistas y periodistas independientes especializados en derechos humanos. Este fenómeno es especialmente intenso en todo lo relativo a Chechenia, y un buen ejemplo es la Sociedad de Amistad Ruso-Chechena, que padece una campaña de acoso al parecer coordinada por las autoridades rusas para clausurar la organización.
El 20 de enero de 2005, unos agentes del Servicio de Seguridad Federal (FSB) llevaron a cabo una redada en la oficinas de la asociación, apoderándose de los periódicos, documentos de registro y otros documentos internos. Antes de esto, Stanislav Dmitrievsky, vicepresidente de la organización y editor jefe del periódico Human Rights Defense, sufrió un proceso criminal contra él por hablar de la situación que se vive en Chechenia. Por escribir dos artículos sobre este tema, el 3 de febrero de 2006 ha sido condenado a cuatro años de libertad vigilada con fuertes restricciones como son: información a las autoridades rusas de cualquier cambio de residencia, de cualquier plan de viaje, y tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades locales.
Amnistía Internacional considera lamentable que el presidente Putin haya firmado este mes la entrada en vigor de las polémicas enmiendas a las leyes que regulan la actividad de las organizaciones de la sociedad civil en Rusia. Una ley que suscita gran preocupación respecto a la libertad de asociación en este país. La organización no se opone a los intentos de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta ley otorga excesivos poderes discrecionales y de escrutinio a las autoridades para vigilar a las organizaciones y tomar decisiones relativas a su registro y clausura. Todas las organizaciones de la sociedad civil sin excepción, que trabajan en áreas tan diversas como el medio ambiente, la educación y los derechos humanos, verán obstaculizado su trabajo. Abusos en relación con el conflicto checheno
En relación con el conflicto checheno, Amnistía Internacional ha documentado casos de “desaparición”, ejecución extrajudicial, tortura (incluida violación) y malos tratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, y de homicidio indiscriminado de civiles a manos de miembros de los grupos armados de oposición. En Chechenia se registran al menos 31.000 desplazados y 5.000 desaparecidos en los últimos seis años. En junio del 2005, 11 hombres “desaparecieron”, y al menos uno de 77 años, Magomaz Mogomazov, fue asesinado durante una incursión del Batallón Vostok de las fuerzas de seguridad rusa, en la ciudad de Borozdinovskaya en Chechenia. La intervención militar provocó un éxodo de unos 1.000 vecinos de esta ciudad. Uno de los miembros del Batallón Vostok fue condenado a  tres años de inhabilitación por “exceso de autoridad”, el pasado mes de octubre. Durante el periodo de tiempo que dura el conflicto en Chechenia, las autoridades rusas han intentado restringir la información sobre la situación de los derechos humanos allí. Las organizaciones de derechos humanos, los activistas, los abogados, los periodistas independientes y los ciudadanos siguen desempeñando un papel decisivo en la documentación de los abusos contra los derechos humanos. Los medios de comunicación, salvo excepciones, no pueden bajo ningún concepto informar sobre el conflicto de Chechenia. Igualmente, los grupos armados de oposición chechenos son responsables de numerosos abusos dirigidos contra civiles. Juicios injustos y tortura
La mayoría de estos abusos se comenten con impunidad, y las víctimas que se atreven a pedir justicia presentando una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se exponen a sufrir graves represalias por ello. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de demandantes y  familiares suyos que han sido asesinados, han “desaparecido” o han recibido amenazas y sufrido agresiones físicas. En algunos de ellos, los autores de los abusos dijeron explícitamente a las víctimas que las trataban así para obligarlas a retirar la demanda. En mayo de 2005, antiguos miembros de la compañía petrolera y de gas YUKOS, Mikhail Khodorkovskii y Platon Lebedev fueron condenados a nueve años de prisión por evasión de impuestos y fraude. Se denunció que el juicio tenía motivaciones políticas y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa nombró un relator para investigar el caso. El relator denunció la existencia de graves violaciones de procedimiento, y puso en tela de juicio la justicia, imparcialidad y objetividad de las autoridades. Así como las malas condiciones en las que se encontraban los detenidos, y el uso de tortura y malos tratos para conseguir confesiones. Rasul Kudaev permanece detenido desde octubre de 2005, tras pasar dos años recluido sin cargos ni juicio en Guantánamo y al año de su vuelta a Rusia. Ha sido objeto de torturas y otros tipos de malos tratos, incluidas palizas y descargas eléctricas, por parte de las fuerzas de seguridad rusas. Tampoco se le ha facilitado el tratamiento médico que necesita para sus dolencias cardiacas y hepáticas. Ni su familia ni su abogado saben si ha sido acusado de algún delito, dado que se les deniega el acceso a él y al sumario de su causa. Violencia por motivos racistas y discriminación
Se produjeron agresiones racistas selectivas contra minorías étnicas y nacionales y contra ciudadanos extranjeros, entre los cuales había estudiantes y solicitantes de asilo. El Centro Sova de Información y Análisis informó de 28 asesinatos y 365 asaltos cometidos por motivos racistas durante el año 2005. También se recibieron informes sobre ataques a templos y cementerios judíos. Las investigaciones relativas a agresiones racistas suelen ser infructuosas y culminan en cargos menores de vandalismo y no en cargos de racismo, de carácter más grave.
La discriminación contra los chechenos siguió siendo común en toda la Federación Rusa. Las autoridades los sometían arbitrariamente a controles de documentación y registros. Tras el atentado con explosivos del metro de Moscú de febrero de 2004 y la toma de rehenes de Beslán de septiembre de ese mismo año, los grupos de derechos humanos informaron de un aumento del número y la gravedad de las agresiones a chechenos y a otros caucasianos en Moscú y en otras ciudades. A pesar de que las autoridades declaran lo contrario, se sigue negando la ciudadanía y la inscripción en los registros oficiales a los mesjetios que residían en el territorio de Krasnodar, por lo que sufrían discriminación en casi todas las vertientes de la vida cotidiana, como la educación, el empleo y la atención médica. Violencia contra las mujeres
En la Federación Rusa, la violencia contra las mujeres es uno de los abusos contra los derechos humanos más generalizados y, sin embargo, más ocultos. Una mujer muere cada hora en el país. Según los  trabajos de investigación independiente, el 70 por ciento de las mujeres casadas han sufrido alguna forma de violencia a manos de sus esposos. En informes oficiales se reconoce la muerte de 9.000 mujeres sólo en el 2003. Se intenta justificar y disculpar esta violencia: la policía, los jueces y, a menudo, las propias mujeres la achacan al alcohol, la pobreza y los problemas de vivienda, y muchas personas, incluso las víctimas de la violencia, no reconocen que es un delito punible.  Aunque están empezando a denunciar estas situaciones, muchas mujeres no se atreven aún a revelar su identidad por temor no sólo a las represalias de sus esposos, sino también al ostracismo público. El Estado tiene que tomar medidas efectivas para prevenir la violencia en el ámbito familiar y castigar a quienes la cometen. Es motivo de preocupación la aparente falta de voluntad política para poner fin a escala federal a la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Muchos centros de apoyo y organizaciones de mujeres corren peligro de cierre por habérseles retirado los fondos y el apoyo oficial, aunque sólo hay una casa refugio para cada 9.000 mujeres. La Federación Rusa es parte en tratados internacionales y regionales de derechos humanos, todos los cuales obligan al gobierno a proteger, respetar y hacer realidad los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, incluidas las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar.