En este nuevo informe de la organización se aborda también la manera discriminatoria en que se aplica a menudo la pena de muerte, imponiendo un número desproporcionado de condenas a personas pobres y a miembros de minorías y comunidades raciales, étnicas y religiosas en diversos países del mundo. Ya sea en Nigeria, Estados Unidos, Irán o Arabia Saudí, la capacidad para pagarse una buena defensa, para tener acceso a sectores influyentes de la sociedad, o incluso para retribuir a los familiares de las víctimas para que accedan al indulto, se convierte en la clave para poder eludir el patíbulo. Tanto es así, que en muchos casos el estatus socioeconómico del acusado determina las posibilidades de ser ejecutado o no. Por ejemplo, el coste de la defensa de Pablo Ibar, español condenado a muerte en Estados Unidos, ronda los 400.000 dólares sólo en la fase de apelación ante el tribunal que le condenó inicialmente. La pobreza puede estar asociada a otros factores agravantes, como ser trabajador inmigrante, como ocurre en Arabia Saudí, país en el que muchos de los ejecutados son inmigrantes de países pobres. Es frecuente que estos acusados no tengan abogado defensor ni traductor y no puedan seguir siquiera las acusaciones del tribunal en árabe, así como que tampoco tengan dinero ni acceso a figuras influyentes, como autoridades o jefes de tribu, factores cruciales para conseguir el indulto. En varios países islámicos, a la cuestión de la defensa se suma la de la legislación que permite conseguir el indulto si la familia de la víctima acepta a cambio una indemnización económica que debe pagar la familia del acusado y que suele ser muy elevada. En Irán, por ejemplo, la ley sobre asesinato y lesiones físicas basada en qisas (castigo equivalente al delito cometido) y diyat (“dinero de sangre” en forma de indemnización económica) es discriminatoria en la práctica, ya que solo las personas ricas y poderosas suelen tener medios para conseguir el perdón de la familia de la víctima y la libertad del condenado. Si la baja calidad de la defensa de oficio es un factor agravante en muchos países, en otros, los más pobres, la defensa prácticamente no existe. Es el caso de Nigeria, donde al menos 40 personas fueron condenadas a muerte en 2008 y alrededor de 735 estaban pendientes de ser ejecutadas, entre ellas 11 mujeres. Este país cuenta con un sistema de justicia penal corroído por la corrupción, la negligencia y una carencia de recursos, que afecta mayoritariamente a las personas pobres al no proporcionarles un juicio justo. España y la pena de muerte
El Gobierno español anunció en junio de 2008 una iniciativa contra la pena de muerte cuyo objetivo es lograr una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo en 2015. Meses después, en septiembre de 2008, el Presidente Rodríguez Zapatero lanzó esta iniciativa a nivel mundial durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con ocasión de la celebración de este Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que dé un nuevo impulso a su iniciativa durante los próximos meses. Además, la organización ha pedido al presidente Rodríguez Zapatero que en su reunión con su homólogo estadounidense Barack Obama el próximo 13 de octubre, le inste a apoyar la próxima resolución por una moratoria internacional en el marco de Naciones Unidas. Durante el periodo en que España asuma la Presidencia de la Unión Europea será fundamental el impulso del Gobierno español para que en el otoño de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas logre recoger los apoyos necesarios para aprobar una nueva Resolución contra la pena de muerte, que permita seguir avanzando hacia un mundo libre de ejecuciones. Españoles condenados a muerte
Pablo Ibar lleva preso desde 1994 y se encuentra en el corredor de la muerte de Florida (Estados Unidos) desde el año 2000. En estos momentos, su caso está pendiente de un recurso presentado por su abogado para que se repita el juicio y de la investigación entorno a un posible sospechoso de los crímenes que se le imputan a Pablo.
Nabil Manakli, ciudadano español de origen sirio, fue detenido en 1997 en Yemen y condenado a muerte en 2003. Está pendiente de que se cumpla su anunciado traslado a España, en virtud del Convenio sobre el traslado de personas condenadas, firmado por España y Yemen en 2007 y ratificado por el presidente yemení en 2008. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido el traslado, al parecer porque el presidente de Yemen no ha firmado aún el decreto para conmutar su pena de muerte por otra que pueda cumplir en España. Para más información, véase:
- Informe "Pena de muerte: ¿una pena en vías de extinción?", Amnistía Internacional, octubre de 2009