Amnistía Internacional insta a todos los Estados a aprobar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

No debe haber más demoras en la aprobación definitiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tratado de vital importancia que hace mucho tiempo que debería haberse aprobado. Amnistía Internacional se suma a las organizaciones indígenas de todo el mundo que están pidiendo a todos los Estados que apoyen la aprobación de la Declaración, por considerar que constituye una medida decisiva para poner fin a las violaciones de derechos humanos que sufren en todo el mundo los pueblos indígenas. El recién formado Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Declaración el 29 de junio de 2006, por lo que se espera que se presente a la Asamblea General para su aprobación final en cuestión de semanas. En la Declaración se pide a los Estados que colaboren estrechamente con los pueblos indígenas para garantizar la protección de los derechos relativos a cuestiones como la libre determinación, la educación, la identidad cultural y el uso de las tierras, los territorios y los recursos esenciales para el sustento y el modo de vida de los pueblos indígenas. Amnistía Internacional acoge con satisfacción que la Comisión Africana de Derechos Humanos haya aprobado recientemente una opinión consultiva en la que se confirma que la Declaración “es conforme a la jurisprudencia de la Comisión Africana sobre la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas”. Esta decisión es particularmente importante dado que la incertidumbre de muchos Estados africanos con respecto a la Declaración ha sido una de las principales razones de la decisión de aplazar su aprobación definitiva hasta el final del actual periodo de sesiones. Amnistía Internacional insta a todos los Estados africanos a que tengan en cuenta la opinión experta de la Comisión Africana y confirmen su intención de apoyar la aprobación de este instrumento esencial contra la discriminación. Un grupo de siete Estados –Australia, Canadá, Colombia, Federación Rusa, Guyana, Nueva Zelanda y Surinam– han pedido públicamente que se entablen nuevas negociaciones para volver a redactar las disposiciones principales de la Declaración. Tal proceso no sólo provocaría inaceptables demoras en la aprobación de la Declaración, sino que también entrañaría el riesgo de que no se aprobara en absoluto o de que se debilitaran y menoscabaran sus disposiciones hasta el punto de negar a los pueblos indígenas la protección que necesitan y a que tienen derecho. La elaboración de la Declaración en la ONU ha durado más de dos decenios. Durante todo este tiempo, los órganos internacionales de derechos humanos han ido reconociendo cada vez más la necesidad de tomar medidas urgentes para abordar la enajenación de bienes, empobrecimiento y marginación que sufren los pueblos indígenas en todo el mundo.