10 años de avances importantes, riesgo de retroceso en la actualidad

Madrid- La víspera del X Aniversario de la detención de Augusto Pinochet en Londres, Amnistía Internacional conmemora este hito en la lucha contra la impunidad instando a todos los países del mundo, incluida España, a asegurarse de que no se convierten en refugio seguro para quienes violan los derechos humanos.
La detención de Pinochet marcó una nueva era para los derechos humanos. Por un lado, en Chile llevó la esperanza de la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar y a sus familias. Y por otro, en todo el mundo, los principios jurídicos afirmados por los tribunales en ejercicio de la jurisdicción universal se han convertido en piedras angulares de la lucha de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.
El procesamiento de Pinochet ha inspirado toda una serie de causas judiciales contra violaciones de los derechos humanos durante la década transcurrida desde la detención del ex presidente chileno. Varios presuntos responsables de violaciones de derechos humanos han sido o están siendo investigados o procesados sobre la base de la jurisdicción universal en países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza.“Antes del procedimiento judicial contra Pinochet, los responsables de abusos contra los derechos humanos se sentían a salvo bajo la protección de leyes de amnistía, disposiciones de prescripción o concesiones de inmunidad. Diez años después, delitos como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales ya no se consideran un problema político que debe ser resuelto por los diplomáticos”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional.
“En varios países, -continúa Beltrán,- se está investigando y procesando a ex jefes de Estado. Los responsables de violaciones de derechos humanos que gozan de protección en su propio país pueden ser procesados en otros países, que actúan en nombre de la comunidad internacional.”
Pese a lo conseguido, queda mucho camino por recorrer para acabar con la impunidad. La Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales sólo pueden hacer rendir cuentas de sus actos a algunos de los responsables de violaciones de los derechos humanos. En opinión de Amnistía Internacional, los Estados, como agentes de la comunidad internacional, deben hacer valer el régimen de derecho construido internacionalmente y en consecuencia perseguir e investigar los delitos y crímenes contra el derecho internacional.
Nuevo Informe “ESPAÑA: Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad”
España exhibe una experiencia acumulada en el ejercicio de la jurisdicción universal que la distingue respecto de otros países. En la última década, hasta donde llega el conocimiento de Amnistía Internacional, se han presentado en nuestro país 17 demandas judiciales basadas en jurisdicción universal. De ellas, once han sido admitidas a trámite, sea en fase de instrucción o con auto de procesamiento: Chile (Pinochet y otros), Argentina (solicitud de extradición de 40 personas y caso Cavallo), Guatemala, China (Tibet y Falun Gong), Sahara Occidental, caso Couso, Ruanda, campos de concentración nazis y Palestina / Israel. En un caso –Scilingo, Argentina-, se ha llegado a celebrar un juicio oral que ha terminado en un sentencia condenatoria.

El camino recorrido permite identificar obstáculos y amenazas. Estas son las cuestiones que se abordan en el informe ESPAÑA: Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad, perteneciente a la serie de documentos de investigación “Estrechando el cerco” que Amnistía Internacional inicia con este informe.

Este documento analiza los obstáculos que a nivel legislativo, judicial y de acción del Gobierno que dificultan una efectiva aplicación del principio de jurisdicción universal en España y hasta amenazan con poner en riesgo el futuro mismo de dicho principio. Los obstáculos identificados son incompatibles con las normas internacionales y por tanto pueden comprometer la responsabilidad internacional de España.

Entre los obstáculos más importantes se encuentran la interpretación restrictiva del principio de jurisdicción universal legalmente previsto, la prescripción de algunos delitos de derecho internacional, la falta de voluntad política de cooperar con los tribunales de justicia que ejercen su jurisdicción de conformidad al derecho interno y al derecho internacional, y la injerencia de criterios políticos que pueden afectar las decisiones de la justicia.

Para superar estos obstáculos, Amnistía Internacional ha incluido varias recomendaciones a las autoridades españolas, como la derogación de los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 18/2003 de Cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) y una reforma del Código Penal que garantice  que todo delito de derecho internacional sea correctamente tipificado de acuerdo a las normas internacionales y sancionado de acuerdo a su gravedad.

Para la organización, los citados artículos de la Ley de Cooperación con la CPI,  son contrarios al principio de complementariedad, base del funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Dicho principio consagra que, de cometerse alguno de los crímenes competencia de la CPI –genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra- en el territorio de un Estado parte o por algunos de sus nacionales, no corresponderá a la CPI intervenir en primera instancia, sino que es un deber de los Estados parte ejercer en primer término su propia jurisdicción penal. Los artículos citados consagran, sin embargo, la regla opuesta.

En cuanto a la reforma del Código Penal, Amnistía Internacional estima que es necesaria debido a la práctica de los tribunales españoles de recurrir al derecho internacional sólo como fuente de interpretación -mostrándose reacios a la aplicación directa del mismo.

Todo esto hace que mientras el derecho nacional no tipifique como delito las conductas prohibidas por el derecho internacional, las misma podría quedar impunes. La organización considera especialmente grave el hecho de que el ordenamiento jurídico español no haya definido conforme al derecho internacional el delito de tortura y no haya tipificado adecuadamente los delitos de desaparición forzada de personas, las ejecuciones extralegales y sumarias y los crímenes de índole sexual.

Una ciberacción para actuar a favor de la jurisdicción universal
Amnistía Internacional también lanza hoy una ciberacción dirigida  a las autoridades españolas con el objetivo de asegurar el ejercicio eficaz de la jurisdicción universal por sus tribunales y la colaboración efectiva con otros tribunales nacionales e internacionales en la lucha contra la impunidad.

Esta acción, accesible en Internet en www.actuaconamnistia.org, consiste en el envío de mensajes al Ministerio de Justicia apoyando las reformas legislativas citadas. Amnistía Internacional anima a la ciudadanía a sumarse a esta inicitativa.

Información complementaria sobre el caso Pinochet e impactos de la jurisdicción universal  en la lucha contra la impunidad
Más de 1.100 personas desaparecieron, más de 2.000 fueron ejecutadas extrajudicialmente y varios miles fueron torturadas durante las casi dos décadas de gobierno militar en Chile. El general Augusto Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, sobre la base de una solicitud de extradición presentada por un juez español. La Cámara de los Lores británica resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad procesal como ex jefe de Estado. Además, en este proceso se afirmaron otros importantes principios jurídicos, como el alcance de la jurisdicción universal. Aunque Pinochet pudo regresar a Chile por motivos de salud en el año 2000 y el procedimiento de su extradición se anuló, las decisiones recientes de los tribunales chilenos han posibilitado la reapertura de casos de “desaparición” y ejecución extrajudicial.
Desde entonces, algunos ex jefes de Estado, como Alberto Fujimori en Perú y Hissène Habré en Senegal, están siendo juzgados por tribunales nacionales, mientras otros, como el ex presidente liberiano Charles Taylor, están siendo procesados en tribunales internacionales.