Los cinco hombres formaban parte de una patrulla civil entrenada por el ejército que rodeó y mató a 268 indígenas maya achí en Plan de Sánchez, cerca de la población de Rabinal —a 100 kilómetros al norte de la capital— en julio de 1982. El fallo de culpabilidad —dictado por una corte penal de la ciudad de Guatemala— es el último de un serie de sentencias recientes que abordan decenas de homicidios masivos y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en poblaciones indígenas y rurales durante los 36 años de conflicto armado interno que sufrió el país.
Además de las penas de prisión —cuya duración es simbólica, para reflejar el carácter horrendo de los crímenes de lesa humanidad cometidos—, la corte ha ordenado a los ministerios de Educación y de Cultura de Guatemala que encarguen la realización de documentales para honrar a las víctimas.
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En la madrugada del 18 de julio de 1982, dos granadas de mortero cayeron sobre Plan de Sánchez cuando los campesinos se dirigían al mercado de Rabinal. Esa tarde, unos 60 hombres vestidos con uniformes del ejército y armados con rifles de asalto entraron en el pueblo y empezaron a rodear a sus habitantes, indígenas maya achí.Los asaltantes llevaron a unas 20 muchachas de entre 12 y 20 años a una casa donde las sometieron a abusos, las violaron y las mataron. Otros niños murieron a golpes, mientras algunos adultos fueron encerrados en una casa donde las tropas dispararon indiscriminadamente contra ellos y les atacaron con granadas de mano.
Algunos lugareños fueron llevados a chozas de paja donde los rociaron con gasolina y les prendieron fuego; sus cadáveres fueron arrojados después a fosas comunes.
El 23 de marzo se cumplen 30 años desde que, en 1982, Ríos Montt asumió, en un golpe de Estado, el poder en Guatemala, que ocupó hasta agosto de 1983, cuando fue derrocado por otro golpe de Estado. La mitad de todas las violaciones de derechos humanos documentadas del conflicto armado interno de Guatemala se cometieron en esos años.
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