Por los derechos humanos en todo el mundo

Miembros de un grupo de apoyo de supervivientes de violencia sexual en Colombia. © Corporación Sisma Mujer

“La condena de Raúl Muñoz da testimonio de la perseverancia de las familias de las víctimas y sus abogados. Es poco habitual que los autores de abusos contra los derechos humanos comparezcan ante la justicia en Colombia, y más cuando son miembros de las fuerzas de seguridad y cuando el delito es de violencia sexual”, declaró Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

Amnistía Internacional califica la condena de un suboficial del ejército colombiano por el asesinato y la violación de una niña, como una victoria poco habitual para quienes hacen campaña contra la impunidad por los delitos sexuales cometidos durante las décadas de conflicto armado en Colombia.

El subteniente Raúl Muñoz Linares ha sido condenado por un tribunal civil a 60 años de prisión por la violación y el asesinato de Jenni Torres, de 14 años, así como por el asesinato de los hermanos de ésta –Jimi, de nueve años, y Jefferson, de seis– y por la violación de otra niña, todo ello ocurrido en Tame, en la región de Arauca, noreste de Colombia, en octubre de 2010.

Antecedentes

Cuando los tres menores asesinados desaparecieron en Tame en octubre de 2010, el ejército se negó a ayudar a buscarlos. Más tarde, cuando se encontraron los cadáveres, las autoridades locales se negaron a recuperar los restos.

El caso contra el subteniente se demoró repetidamente por las dudosas tácticas dilatorias de sus abogados defensores –que provocaron las críticas de la juez encargada del caso–, y se caracterizó por la negativa del batallón local del ejército a ayudar a las familias de las víctimas.

Pese a las reiteradas quejas de la comunidad local respecto a que los soldados estaban constantemente cometiendo abusos sexuales y violando a mujeres y niñas de la zona, el ejército trató de culpar de las violaciones y homicidios a los residentes locales, a bandas delictivas y a las guerrillas.

En marzo de 2011, el caso se transfirió a la capital, Bogotá, por motivos de seguridad después de que la jueza encargada del caso, Gloria Constanza Gaona, fuera asesinada a tiros en Saravena, Arauca. La familia Torres recibió amenazas que la obligaron a abandonar la zona, y también hubo amenazas contra una organización de derechos humanos que ayuda a las familias de las víctimas.

Categorías: América, Conflictos armados, Mujeres