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Brasil ( 3-11-09)

Amnistía Internacional siente honda preocupación porque parece no haber final para el temor, la violencia delictiva y los excesos policiales a los que se han visto condenados cientos de miles de los habitantes más pobres de Río de Janeiro.

Los informes sobre nuevos ataques de bandas de narcotráfico rivales en la favela de Vila Kennedy, en la zona oeste de Río de Janeiro, sugieren que la brutalidad que ha sacudido la ciudad durante las últimas dos semanas todavía no ha terminado.

Las violentas guerras territoriales de las bandas y las operaciones policiales militarizadas, que han caracterizado esta zona de la ciudad, han intensificado la preocupación ante el hecho de que, aparte de unos cuantos proyectos gubernamentales, queda muchísimo por hacer para garantizar que millones de residentes de las favelas pueden vivir sin peligro en sus casas.

Las luchas territoriales de las bandas fueron el detonante de la violencia, tras un intento de invadir el Morro do Macaco el 17 de octubre. Las facciones en guerra pusieron miles de vidas en peligro, desalojaron por la fuerza a familias de las favelas vecinas y expulsaron a muchas personas más, que huyeron ante el temor por su vida. Miles de niños y niñas quedaron sin ir a la escuela, mientras que a los trabajadores y propietarios de negocios les resultaba imposible acudir a sus puestos de trabajo.

Durante la invasión, los narcotraficantes, según los informes, abatieron a tiros a un helicóptero de la policía, y mataron a tres agentes. Amnistía Internacional condena las acciones de estas bandas, incluido el homicidio de estos tres policías. Este tipo de ataques contra la policía no sólo atenta contra los derechos de los agentes individuales, sino también contra los de todas las personas cuyos derechos la policía debe proteger.

A lo largo de la última semana, Amnistía Internacional ha recibido numerosas cartas de policías que expresan preocupación por su situación y piden apoyo. Estas cartas ponen de manifiesto de qué manera el Estado ha eludido su deber de garantizar los derechos y las condiciones de unos agentes que trabajan en condiciones extremas, y ha minado así los esfuerzos por proteger a las comunidades más vulnerables.

De hecho, la respuesta del Estado a estos ataques sólo ha servido para incrementar la inseguridad en muchas de estas comunidades. Amnistía Internacional lleva mucho tiempo denunciando la persistente manera en que el Estado utiliza las incursiones de tipo militar, con un uso excesivo e incontrolado de la fuerza. Estas operaciones ponen vidas inocentes en peligro, discriminan a comunidades enteras y no aportan la seguridad que los residentes piden a los encargados de proteger sus derechos humanos.

En el estallido de violencia se vieron atrapados varios transeúntes, como por ejemplo:

• Ana Cristina Costa do Nascimento, de 24 años, muerta por un disparo mientras trataba de proteger a su hija de 11 meses mientras caminaba hacia una parada de autobús frente a la favela de Kelson. La niña fue alcanzada en el brazo por la misma bala que mató a su madre, y se encuentra en estado grave en el hospital. Los familiares acusan a la policía, que llevaba a cabo una operación en la zona.

• Un muchacho de 15 años recibió un disparo en la cabeza cuando salió a sacar la basura en la favela de Mandela III. Los residentes afirman que la bala procedía de unos policías que llevaban a cabo una operación en la zona. La policía ha negado tajantemente su implicación.

• Guimarães da Costa, estudiante de 18 años que, vestido de uniforme, se encontraba ante su escuela, recibió un disparo en la espalda en Vila Cruzeiro durante una operación policial.

En la última semana, siete personas han muerto por balas perdidas. Todos estos casos deben ser investigados de forma exhaustiva e independiente.

Amnistía Internacional reconoce que, en los últimos años, el gobierno federal y el estatal han empezado a comprender la necesidad de adoptar un enfoque diferente respecto a los excesivos niveles de delincuencia armada en sus núcleos urbanos, conforme se ha visto en recientes proyectos en pequeña escala basados en la actuación policial no violenta.

No obstante, los derechos humanos y una seguridad efectiva no pueden limitarse a unos pocos proyectos. Ya es hora de que todos los gobiernos –federal, estatales y municipales– trabajen para poner a todos los ciudadanos y ciudadanas de Río de Janeiro bajo la plena protección del Estado, vivan donde vivan y sea cual sea el color de su piel. Ya no debe considerarse aceptable que trabajadores, madres, escolares o pensionistas vivan bajo el control de delincuentes armados o con temor a los mismos agentes encargados de protegerlos. Para hacer realidad su futuro, Río de Janeiro y Brasil deben hacer frente a este desafío.

Categorías: América, Violencia intercomunitaria

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