Las promesas incumplidas de las autoridades ponen en peligro el legado olímpico

Madrid.- Las autoridades chinas han roto su promesa de mejorar la situación de los derechos humanos en el país y han traicionado los valores básicos de las Olimpiadas, según ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, cuando faltan diez días para que comiencen los Juegos Olímpicos.
“Al seguir persiguiendo y castigando a quienes se pronuncian en favor de los derechos humanos, las autoridades chinas han perdido de vista las promesas que formularon cuando se les concedieron los Juegos Olímpicos, hace siete años”, ha manifestado Amnistía Internacional. “Las autoridades chinas están empañando el legado de los Juegos. Deben poner en libertad a todos los activistas pacíficos encarcelados, permitir a los periodistas nacionales y extranjeros que informen libremente, y avanzar hacia la eliminación de la pena de muerte.”

El informe de Amnistía Internacional, “La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. Promesas incumplidas”, evalúa la actuación de las autoridades chinas en cuatro áreas relativas a los valores básicos de las Olimpiadas: la persecución de los activistas de derechos humanos, la detención sin juicio, la censura y la pena de muerte.

El documento concluye que, en la mayoría de estas áreas, los derechos humanos han seguido deteriorándose en el periodo previo a las Olimpiadas. Durante la preparación de los Juegos, las autoridades chinas han detenido, puesto bajo arresto domiciliario y trasladado a la fuerza a personas que consideran que pueden amenazar la imagen de “estabilidad” y “armonía” que quieren presentar al mundo.

En 2001, cuando se nombró a China como anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2008, Wang Wei, secretario general del Comité de la Candidatura Olímpica de Pekín, declaró: “Daremos a los medios de comunicación libertad total para informar cuando vengan a China [...] Estamos convencidos de que la concesión de los Juegos a China no sólo promoverá nuestra economía sino que también mejorará todos los problemas sociales, incluidos la educación, la salud y los derechos humanos”.

Principales conclusiones del Informe

·    Muchos defensores y defensoras de los derechos humanos permanecen recluidos en prisiones de todo el país y en arresto domiciliario; otros son sometidos a estrecha vigilancia por la policía para asegurarse de que no alteran las Olimpiadas de ninguna manera.

·    Las autoridades chinas han ampliado el uso de la detención administrativa punitiva –incluidas la “reeducación por el trabajo” y la “rehabilitación forzosa de drogodependientes”– para “limpiar” Pekín antes de que comiencen las Olimpiadas y para asegurarse de que los activistas se mantienen fuera de la vista durante los Juegos.

·    Las normas temporales para los medios de comunicación que se suponía que iban a permitir una mayor libertad de información a los medios de comunicación extranjeros no se han puesto plenamente en práctica. El Club de Corresponsales Extranjeros de China informó de 260 casos de presunta interferencia desde el 1 de enero de 2007. Las normas no se aplican a los periodistas chinos, que siguen sin poder publicar historias sobre cuestiones consideradas delicadas por el gobierno.

·    La pena de muerte sigue utilizándose para unos 68 delitos, algunos de ellos no violentos, como los de índole económica o relacionados con las drogas. Pese a las afirmaciones de que el número de ejecuciones ha disminuido desde que el Tribunal Supremo Popular reinstauró el sistema de revisión, las autoridades chinas no han hecho públicas las cifras reales.

Casos individuales
Amnistía Internacional considera que los activistas locales y los periodistas que trabajan sobre cuestiones de derechos humanos en China corren especial peligro de sufrir abusos durante los Juegos.

Hu Jia, activista de derechos humanos y escritor, sigue cumpliendo su condena por “incitar a la subversión” por escribir sobre los derechos humanos y conceder entrevistas a los medios de comunicación extranjeros. Hu Jia sufre una enfermedad hepática a causa de una infección de hepatitis B, pero las autoridades han impedido a su familia que le proporcione medicinas en prisión.

Liu Jie, activista rural, fue detenida en Pekín y enviada a 18 meses de “reeducación por el trabajo” en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, donde, según fuentes locales, sufrió abusos físicos por organizar una carta abierta en la que instaba a las autoridades a introducir reformas políticas y legales, como la abolición de la “reeducación por el trabajo”.

En junio de 2008, la policía detuvo a Huang Qi, activista de derechos humanos radicado en Sichuan, como sospechoso de “adquirir ilegalmente secretos de Estado”. Huang Qi había contribuido a ayudar a las familias de cinco alumnos de enseñanza primaria a entablar una acción judicial contra las autoridades locales. Los cinco alumnos habían muerto cuando la escuela se derrumbó en el terremoto de Sichuan, en mayo.

Responsabilidad del COI
El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, declaró recientemente que la discreta diplomacia del COI había logrado varias reformas en materia de derechos humanos, incluida una nueva normativa sobre medios de comunicación extranjeros.

“Nos satisface que el COI reconozca de su papel en materia de derechos humanos pero, dada la realidad actual, nos sorprende su confianza en que los medios de comunicación extranjeros podrán informar libremente y en que no habrá censura de Internet”, ha manifestado Amnistía Internacional. “Y el COI debe pronunciarse cuando las autoridades violan los principios olímpicos generales.”

Responsabilidad de los gobiernos extranjeros
“Además, los dirigentes mundiales que asistan a los Juegos deben alzar públicamente la voz en favor de los derechos humanos en China y deben apoyar a los activistas individuales de derechos humanos de China. Si no lo hacen, transmitirán el mensaje de que es aceptable que un gobierno sea anfitrión de los Juegos Olímpicos en una atmósfera de represión y persecución”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Petición al Gobierno español
La sección española de Amnistía Internacional ha pedido al gobierno español una declaración pública, tal y como han realizado otros países como Francia y Alemania, para que envíe un mensaje inequívoco a las autoridades chinas de respeto a los derechos humanos.

Los puntos clave de esta declaración pública deben ser: pedir la puesta en libertad inmediata y sin condiciones de los defensores y defensoras de derechos humanos que permanecen recluidos en todo el país; abogar porque terminen las detenciones arbitrarias; solicitar que se implanten mejoras legislativas hacia la abolición de la pena de muerte; recordar que las autoridades chinas deben permitir el libre acceso de información dentro y fuera del país, tanto a periodistas nacionales como extranjeros; y recalcar que las autoridades chinas deben informar sobre todas las personas que fueron detenidas o perdieron la vida tras los sucesos de marzo pasado en Tíbet.

Firma en www.actuaconamnistia.org para pedir un legado positivo tras las Olimpiadas
Amnistía Internacional sigue recogiendo firmas para pedir un legado positivo tras los Juegos Olímpicos en su página web www.actuaconamnistia.org. Actualmente, se han recogido 175.000 en España. El pasado 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, la organización entregó 140.000 firmas en la embajada de China de Madrid y desde entonces se han sumado casi 35.000 firmas nuevas.