La extradición de los jefes paramilitares no debe suponer el cierre de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos

La decisión del gobierno colombiano de extraditar a 14 jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos por cargos de narcotráfico no debe utilizarse como excusa para poner fin a las investigaciones sobre el papel desempeñado por los paramilitares en las violaciones de derechos humanos cometidas, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad colombianas o con su conformidad, contra miles de personas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 13 de mayo. Al tomar la decisión de extraditarlos, el gobierno alega que estos jefes paramilitares no han dicho toda la verdad sobre las violaciones de derechos humanos que han cometido, han seguido delinquiendo en prisión y han incumplido los compromisos formulados como parte del proceso de desmovilización en lo que se refiere a la reparación a sus víctimas. “El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares –por el cual supuestamente se han desmovilizado más de 31.000 de sus miembros– y el marco jurídico que lo ha acompañado han sido una auténtica farsa que, de la manera más lamentable, ni ha desmantelado el paramilitarismo en Colombia ni ha respetado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El gobierno colombiano parece ahora compartir esta opinión, que durante tanto tiempo ha negado”, ha manifestado Amnistía Internacional. La organización ha declarado que, al extraditar a estos hombres por cargos de narcotráfico sin hacer referencia alguna a las violaciones de derechos humanos, existe el peligro real de que las inciertas investigaciones que se están llevando a cabo en Colombia, especialmente por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia, se vean seriamente debilitadas. “Existe un peligro real de que el alcance completo de las violaciones de derechos humanos cometidas durante años por los paramilitares, así como el papel fundamental desempeñado en estos crímenes por las fuerzas de seguridad, funcionarios del Estado y destacadas figuras políticas y empresariales, permanezcan ocultos y, con ello, totalmente impunes”, ha manifestado Amnistía Internacional. La organización siente asimismo preocupación por la posibilidad de que ahora las denuncias sobre el apoyo de agencias estadounidenses a grupos paramilitares no se investiguen a fondo. Estados Unidos no sólo ha prestado ayuda militar a unidades del ejército colombiano que colaboran estrechamente con los paramilitares, sino que en la década de 1990 surgieron indicios de que la estructura paramilitar de “Los Pepes” –creada para atrapar al narcotrafricante Pablo Escobar– posiblemente actuaba con el apoyo de agencias de seguridad estadounidenses. Al parecer, “Don Berna” mantenía estrechos vínculos con “Los Pepes”, estructura que evolucionó para convertirse en el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. “Pese a las extradiciones, y para que las innumerables víctimas reciban un asomo de justicia, deben continuar las investigaciones criminales en Colombia sobre las atrocidades en materia de derechos humanos cometidas por estos paramilitares, y sobre los vínculos de estos grupos con las fuerzas de seguridad y con otras entidades”, ha manifestado Amnistía Internacional. “Las autoridades estadounidenses, por su parte, tienen también el deber de investigar de manera efectiva y, si hay pruebas admisibles suficientes, enjuiciar las innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos ya presentadas contra los 14 jefes paramilitares extraditados, y deben investigar cualquier vínculo posible entre estos hombres y funcionarios colombianos o estadounidenses.” Amnistía Internacional ha instado a las autoridades colombianas a que pidan a las autoridades estadounidenses, y a que éstas les confirmen, garantías de que no se impondrá la pena de muerte. Información complementaria
El gobierno colombiano ha anunciado hoy la extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares –entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias “Jorge 40”) y Diego Fernando Murillo (alias “Don Berna”)–, tras alegar que habían incumplido los compromisos del acuerdo de desmovilización. En los últimos decenios, los paramilitares, en coordinación con las fuerzas de seguridad y con el apoyo político y económico de muchas élites políticas y económicas locales y regionales, e incluso algunas nacionales, han sido responsables de algunas de las peores atrocidades imaginables, como el homicidio y la desaparición forzada de miles de civiles y el desplazamiento forzado de millones más. Los 14 jefes, junto con centenares de paramilitares más, se encontraban detenidos en Colombia en espera de ser juzgados en virtud del controvertido proceso de Justicia y Paz, por el cual los paramilitares que accedieran a desmovilizarse podrían beneficiarse de importantes reducciones de sus penas de prisión a cambio de ofrecer confesiones completas sobre las violaciones de derechos humanos que hayan cometido, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. FIN/