
El 28 de junio de 2005 se presentó la primera querella por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y delitos de lesa humanidad contra dirigentes del Partido Comunista Chino responsables de la represión contra el pueblo tibetano entre los años 80 y finales de los 90. Tanto el fiscal como el Juzgado Central de Instrucción, inicialmente se opusieron a la investigación de los hechos.
En 2006, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Guatemala, declaró la competencia de la jurisdicción española para conocer del caso. El juez instructor pidió información a los querellantes en relación con las torturas denunciadas y numerosas víctimas (que sufrieron tortura) ya han testificado ante el juez.
En 2008, se presentó una solicitud para la ampliación de la querella por casos de torturas ocurridos en el período 1998-2003, así como nueva querella por los hechos ocurridos en Tíbet en marzo de 2008 Ambas han sido admitidas a trámite. Los jueces españoles han enviado varias comisiones rogatorias a China con cuestionarios de interrogación que aún no han obtenido respuesta por parte de las autoridades chinas o bien éstas han informado que no procederán a dar curso a la comisión solicitada.