
El 14 de septiembre de 2006 se presentó una querella contra 13 personas (gobernantes, militares y otras autoridades marroquíes responsables del mantenimiento del orden en el territorio del Sahara Occidental) por un delito de genocidio, en concurso con asesinatos, lesiones y torturas, contra ciudadanos saharauis entre 1976 y 1988. Fue admitida a trámite en octubre de 2007. Se realizó una diligencia (comisión rogatoria) ante las autoridades judiciales del Reino de Marruecos para saber si los hechos que se recogían en la querella fueron o están siendo investigados y conocer el resultado de la investigación. Desde entonces se han practicado diferentes declaraciones testificales de víctimas denunciantes de los delitos, principalmente de víctimas de tortura.
El procedimiento sigue en curso y se ha solicitado la colaboración de Argelia, país en el que actualmente viven varios testigos-víctimas, para que conteste a la petición de comisión rogatoria con el fin de tomar las declaraciones de estas personas.