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El 28 de mayo se cumplían 50 años desde que el abogado Peter Benenson escribía el artículo ‘Los prisioneros olvidados' publicado en el diario ‘The Observer'.
En su escrito hacía un llamamiento a la amnistía de varios presos de conciencia. Fue ésta la primera acción del incipiente movimiento pro derechos humanos. Esa acción configuró tiempo después lo que ahora es Amnistía Internacional (AI), una organización que cuenta ya con 3 millones de miembros y simpatizantes en más de 150 países. El sábado 28 AI cumplía su medio siglo de vida y en Extremadura el cumpleaños también ha comenzado a celebrarse. En la Plaza de España de Mérida unas pancartas recordaban la efeméride al mismo tiempo que invitaban a los ciudadanos a dejar plasmada su firma para luchar contra las vulneraciones de los derechos humanos (DDHH). Recordaba este viernes el coordinador de AI en Cáceres, Alejandro Corchado, los trabajos en pro de los derechos humanos que esta organización ha realizado a lo largo de estos años. Trabajos a favor de la liberación de las personas encarceladas por motivos de conciencia, la lucha emprendida para abolir la pena de muerte o las labores realizadas para lograr una verdadera justicia universal, entre otras tareas. En España la organización trabaja en numerosas actividades, una de ellas, la relacionada con las víctimas del franquismo y la Guerra Civil. Este año AI trabajó bajo el lema "El mundo puede cambiar pero no va a cambiar solo". Señalaba la coordinadora de la AI en Badajoz, Ángela Rivera, que, tal y como indicaban los primeros postulados de AI, "más vale encender una vela que no maldecir la oscuridad", es decir, más vale actuar que quedarse sentado sin hacer nada. Bajo ese lema se engloban diversas campañas en las que la organización trabajará estos meses. Retos con miras internacionales que tienen su plasmación en lo local. Entre ellos destaca la defensa de la libertad de expresión y la recuperación de la dignidad de las personas, no solo sus derechos civiles o políticos sino también económicos, sociales y culturales. Los retos son muchos y muy ambiciosos como lograr por fin la extinción de la pena de muerte, conseguir la seguridad de la mano de los derechos humanos, luchar por los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas o garantizar la justicia internacional.
MÉRIDA.
En Mérida se recogían firmas a favor de dos proyectos concretos. Uno persigue exigir responsabilidades a las empresas. En este sentido, desde AI pretenden hacer rendir cuentas a los responsables de las empresas petroleras que operan en el delta del Níger. También las rúbricas servirán para alzar la voz contra la opresión en Oriente Medio y en África del Norte donde gobiernos como el sirio o el libio atacan con crudeza a su población. Son solo éstos algunos de los puntos en los que trabaja actualmente AI. La información también es clave para esta organización internacional. Información que permita a los ciudadanos reclamar sus derechos exigirlos, no solos los civiles también los económicos y sociales, reiteraba Rivera, como puede ser todo lo relacionado con la vivienda. La educación es otro foco de atención de AI. Explicaba Ángela Rivera que desde AI pretenden también fomentar el que la asignatura ‘Derechos Humanos' sea obligatoria en las universidades y hacer un seguimiento de la materia ‘Educación para la Ciudadanía'.
AI está presente en el mundo en 150 países y cuenta con millones de miembros. En España la organización obtuvo en el año 2010 unos ingresos superiores a los siete millones de euros. Tan sólo en este país dispone de 63.000 socios y otros 85.000 miembros trabajan en la Red de Acciones Urgentes. Los activistas dedican entre 3 y 5 horas semanales a colaborar y tienen entre 35 y 45 años. En total se ha trabajado en más de 350 casos individuales desde el año 1982, 200 de ellos eran presos de conciencia. Además, en España se ofrece protección en la actualidad a cerca de 50 defensores de derechos humanos. Defensores como José Goyes, un indígena colombiano integrante de la Comisión Internacional de la Minga de resistencia Social y Comunitaria de Colombia y del Consejo Indígena del Cauca. José reside actualmente en Madrid, es refugiado. Hace unos años, en 2008, sufrió un atentado cuando era gobernador del Cabildo Indígena de Honduras. Recibió dos disparos que le han dejado secuelas. Ahora no puede acceder a sus comunidades rurales debido a las amenazas. Desde 2008 hasta ahora los grupos paramilitares han asesinado a 30 indígenas en la comunidad de José.
Este viernes ha contado su historia en Mérida, una historia de lucha y superación que le ha obligado a dejar su país, su tierra, simplemente por defenderla. Es objetivo militar y las cicatrices en su cuerpo dan fe de ello. "En Colombia desde hace más de 50 años existe un conflicto armado interno de grupos armados, guerrilleros, paramilitares y fuerzas militares del Gobierno", explicaba José. "Nosotros defendemos los derechos de la gente, defendemos la madre tierra y por eso somos amenazados por grupos paramilitares que obedecen a intereses económicos de empresas trasnacionales y apoyados logística, militar e ideológicamente por el Gobierno de Colombia", sentenciaba José Goyes.
Según cálculos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) más de 1.400 hombres, mujeres y niños indígenas fueron víctimas de homicidio a causa del conflicto entre los años 2002 y 2009. Durante ese periodo de tiempo se registraron, además, más de 4.700 amenazadas colectivas contra comunidades indígenas, 90 secuestros y 195 desapariciones forzadas. Según esta organización, tan solo en 2009 murieron, al menos, 114 personas y miles fueron desplazados internamente, la mayoría a causa del conflicto. Es la prueba de que aún falta mucho por hacer. AI cumple ya su medio siglo de vida en la lucha por la defensa de los derechos humanos, pero el camino es largo y casos como el de José ponen de manifiesto que la meta aún no se vislumbra cerca.
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