El món pot canviar, pèro no canviarà sol

El Parlamento de Burundi debe reformar un proyecto de ley para el establecimiento de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CVR) que garantice que las víctimas de crímenes de derecho internacional y sus familiares puedan obtener justicia y conocer la verdad, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Cientos de miles de personas fueron víctimas de homicidio durante los años de conflicto y violencia, y todas las partes fueron responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Habiendo examinado el proyecto de ley, Amnistía Internacional pide al Parlamento de Burundi que garantice que los siguientes principios básicos y las recomendaciones correspondientes quedan reflejados en la ley antes de su adopción. Amnistía Internacional insta también al gobierno de Burundi a asegurar que el proceso del establecimiento de la CVR sea abierto y transparente, y a brindar a las organizaciones de la sociedad civil de Burundi la oportunidad de comentar el proyecto de ley.

Investigaciones y procesos penales

La función de la CVR no debe ser sustituir a los procesos judiciales para establecer la responsabilidad penal individual. Amnistía Internacional insta para que los responsables de crímenes de derecho internacional sean juzgados en un juicio justo ante un Tribunal Especial.

Según el proyecto de ley, la CVR podría recomendar procesos penales contra las personas sospechosas de graves violaciones de los derechos humanos, pero la ley debe especificar que el Tribunal Especial dispondrá de un fiscal independiente, que podrá investigar y perseguir casos distintos a los remitidos por la CVR o desestimar casos recomendados por la CVR.

La ley no menciona la forma en que un mecanismo de seguimiento aplicará las recomendaciones de la CVR. La metodología que se adjunta (sección 2.2.5) sugiere que lo mejor sería que este mecanismo fuera gestionado a nivel ministerial o presidencial. Un órgano de esas características podría carecer de la voluntad política para establecer un Tribunal Especial. Las decisiones políticas relacionadas con procesos penales por graves violaciones de derechos humanos no pueden tomarlas personas que también pueden estar implicadas en investigaciones y enjuiciamientos.

El mecanismo de seguimiento debería estar compuesto por personas sin afiliaciones políticas que no estén implicadas en violaciones de los derechos humanos.

Posible amnistía para los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio

El Parlamento debe omitir cualquier lenguaje que sugiera la posibilidad de una amnistía para los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Burundi está obligado por el derecho internacional a no conceder la amnistía o cualquier otra medida similar a los presuntos responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

El artículo 6 (3, guión 4) establece que la comisión "publicará una lista de víctimas que han concedido el perdón, así como una de los autores que se han beneficiado del mismo." El artículo 65 también establece que la CVR podrá crear un procedimiento que permita a las víctimas perdonar a los autores: "Con miras a lograr a un acercamiento y reconciliación entre las víctimas y los presuntos autores, la Comisión elaborará un procedimiento para que las víctimas puedan conceder el perdón a los autores que lo hayan solicitado y expresado su arrepentimiento. La Comisión propondrá al gobierno un programa de acciones que puedan promover la reconciliación. Tales acciones se inspirarán en los valores culturales y tendrán como objeto la formación ciudadana."

El actual proyecto de ley no define el perdón. La sección del informe que trata sobre la metodología señala que ciertos crímenes de derecho internacional no pueden ser objeto de una amnistía, pero esta precisión no aparece en el proyecto de ley. La ley debería reconocer explícitamente la obligación de Burundi de no conceder amnistías por delitos graves según el derecho internacional. El artículo 6 (3, guión 4) y el artículo 65 podrían ser omitidos en el texto para garantizar que este principio se refleja en la ley.

Composición

El artículo 12 establece que: "la Comisión estará integrada por 11 miembros de nacionalidad de Burundi, que tendrán el título de "Comisario". El artículo 14 confirma que: "Todos los miembros de la Comisión deben tener la nacionalidad de Burundi." Estos artículos no incluyen el nombramiento de comisarios internacionales.

Amnistía Internacional recomendó al Comité Técnico que el nombramiento de comisarios internacionales, así como burundeses, ayudaría a garantizar la imparcialidad e independencia de la CVR. El proyecto de ley recomienda la creación de un Consejo Consultivo Internacional (Artículos 23 a 27), pero la ley, así como el presupuesto que la acompaña (que no contempla la traducción), indican que el Consejo Consultivo Internacional tendrá un papel muy limitado.

Sus miembros deberían ser elegidos por su acreditada independencia y competencia en materia de derechos humanos. No deberían estar estrechamente relacionados – ni percibirse como tal- con ninguna persona, gobierno, partido político u otra organización que pueda estar implicada en violaciones de derechos humanos objeto de investigación o con organizaciones asociadas con las víctimas. El artículo 11 establece que la CVR es una institución independiente. Para asegurar esta independencia, la ley también debe especificar que entre los miembros de la CVR habrá representantes de grupos religiosos, organizaciones de la sociedad civil y diferentes perfiles profesionales.

Protección de testigos y víctimas

El éxito de la CVR se sustenta en su capacidad para proteger a las personas y permitirles que se sientan lo suficientemente seguras para hablar libre y abiertamente.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción que los artículos 36 y del 48 al 50, recomienden la creación de una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, incluyendo medidas especiales para ayudar a las víctimas y a los testigos, especialmente a las personas traumatizadas, niños, ancianos o víctimas de violencia sexual, a exponer sus opiniones y motivos de preocupación, hacer constar su caso, participar y dar testimonio. El proyecto de ley también especifica que víctimas y testigos deben tener apoyo psicológico y jurídico durante todo el proceso. Amnistía Internacional recomienda que la unidad esté compuesta por mujeres y hombres para gestionar más eficazmente los casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas.

Amnistía Internacional considera que la presencia de expertos internacionales en materia de protección ayudaría a fortalecer la capacidad de la CVR. Los artículos 48 a 50 deberían ser revisados para incorporar dicha recomendación.

Las víctimas y los testigos también deberían tener la oportunidad de expresar su preocupación con respecto a la CVR, si se sienten inseguros debido a su trabajo. La ley debe reflejar claramente la obligación de la CVR de tomar medidas adecuadas para abordar las preocupaciones de las personas afectadas.

Antecedentes:

En junio de 2011, se encargó a un Comité Técnico modificar la ley de 2004 sobre la CVR.

El informe final que presentó al presidente Nkurunziza el 18 de octubre de 2011 incluía un proyecto de ley. El informe se ha hecho público recientemente y será examinado por el Parlamento en breve.

El 7 de septiembre, Amnistía Internacional publicó un documento titulado Recommendations to the Technical Committee regarding the creation of a Truth and Reconciliation Commission, que está disponible en: http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR16/007/2011/en

La misión de la Comisión es la de investigar y establecer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde la independencia de Burundi el 1 de julio de 1962 hasta el 4 de diciembre de 2008, cuando el último grupo rebelde, Palipehutu-FNL (Partido para la Liberación del Pueblo Hutu- Fuerzas Nacionales de Liberación), firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Burundi.

FIN /

Fitxers:

afr160112011en_Burundi_111219.pdf