
La deficiente regulación del mercado global de armas y municiones convencionales alimenta los conflictos, agrava la pobreza y da lugar a la comisión de abusos contra los derechos humanos. Cada día, miles de personas pierden la vida, sufren lesiones, son violadas y se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de las transferencias irresponsables de armas.
A estos problemas se suma el de la creciente globalización del comercio de armas: los componentes se obtienen en distintas partes del mundo y la producción y el montaje se realizan en diferentes países, a veces con escaso control.
La regulación estatal del comercio de armas no se ha adaptado a estos cambios. Las normas existentes a nivel nacional, subregional y regional son importantes, pero no han resultado suficientes para poner freno a las transferencias irresponsables de armas y municiones entre países.
Conforme al derecho internacional, los Estados pueden comprar, vender y poseer armas legalmente para atender a sus necesidades legítimas en materia policial, de seguridad y de defensa. Al mismo tiempo, deben cumplir con las obligaciones que les imponen las normas internacionales cuando llevan a cabo actividades de importación, exportación o transferencia de armas.