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VIVIENDAS ARRASADAS EN LA COMUNIDAD DE DEY KRAHAM, EN PHNOM PENH, CAMBOYA

A primera hora de la mañana del 24 de enero de 2009, unos 250 efectivos de las fuerzas de seguridad de Camboya y trabajadores encargados de la demolición utilizaron gas lacrimógeno y amenazaron con emplear la violencia para desalojar de sus hogares a cientos de familias de la comunidad de Dey Kraham, en el centro de Phnom Penh. A las seis de la mañana entraron en acción las excavadoras e hicieron desaparecer el asentamiento. Trabajadores de derechos humanos informaron de que 152 familias que vivían de forma permanente en el lugar y hasta 250 residentes temporales perdieron sus hogares. Algunas personas ni siquiera tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias.

En un principio las autoridades de Phnom Penh proporcionaron alojamiento a menos de 30 familias en un lugar designado para su reubicación, en la comuna de Cham Chao, distrito de Dangkor, a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Cuando llegaron, las familias se encontraron con que el lugar carecía de agua potable, electricidad, saneamiento y servicios básicos. La mayoría de las estructuras se encontraban en construcción y no tenían tejado.

La empresa que al parecer había comprado los terrenos de Dey Kraham retiró las ofertas de indemnización que había hecho con anterioridad.

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LOS HABITANTES DE GARDOLE, WALIA ANGOSSO, FARCHA, ATRONE Y CHAGOUA, EN YAMENA, CHAD

Desde febrero de 2008, decenas de miles de personas se han quedado sin hogar en la capital de Chad, Yamena, tras ser desalojadas por la fuerza de sus viviendas.

La primera oleada de demoliciones se produjo después del ataque armado contra Yamena perpetrado en febrero de 2008 por una coalición de grupos armados de oposición. Poco después, el 22 de febrero de 2008, el presidente Idriss Déby Itno promulgó un decreto por el que se autorizaba la demolición de lo que se denominaron edificios y construcciones levantados ilegalmente. El decreto se aplicó inicialmente a dos barrios de Yamena: Gardole y Walia Angosso. Luego el programa de demoliciones se amplió a otras zonas, como Farcha, Atrone y Chagoua.

La mayoría de los desalojos forzosos corrieron a cargo de las fuerzas de seguridad, que en algunos casos, según informes, han recurrido a la violencia. Incumpliendo abiertamente la ley y denegando el proceso debido, las autoridades no consultaron con los residentes antes de proceder a su desalojo. En muchos casos se avisó a los residentes con escasa antelación o no se les avisó en absoluto. En contadas ocasiones tuvieron la oportunidad de impugnar los desalojos a través de los tribunales.

La inmensa mayoría de las familias que han perdido su hogar no han recibido una vivienda alternativa ni ninguna otra forma de indemnización. Algunas se fueron a vivir con miembros de la familia o parientes, otras regresaron a sus aldeas de origen. Muchas se quedaron en sus barrios, a menudo para vivir entre las ruinas de lo que fue su hogar.

A finales de julio de 2009 seguían produciéndose demoliciones y cada vez hay más personas en peligro de ser desalojadas de sus hogares.

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PARA LAS MUJERES DE LOS BARRIOS MARGINALES DE NAIROBI

Más de la mitad de los habitantes de Nairobi vive en asentamientos informales y barrios marginales. Sus viviendas son inadecuadas y el acceso al agua potable, alcantarillado, atención sanitaria, escuelas y otros servicios públicos esenciales es precario.

Estas privaciones afectan sobre todo a las mujeres y las niñas, que necesitan más intimidad que los hombres para usar los baños y lavarse. Muchas mujeres tienen que recorrer a pie largas distancias para llegar a un baño, algo especialmente peligroso después del anochecer. La violencia contra las mujeres es generalizada y en su mayor parte no es castigada debido a la ineficacia de la actuación policial en los barrios marginales y asentamientos informales de Nairobi. La violencia basada en el género lleva a las mujeres a la pobreza y les impide salir de ella.

Las mujeres y niñas de los barrios marginales de Nairobi viven bajo la amenaza constante de la violencia en su vida cotidiana: en el hogar, en el trabajo y en la calle, a manos de bandas, familiares, empleadores y del personal de seguridad del Gobierno. No tienen a donde huir para estar seguras. La presencia policial es escasa o inexistente y si una mujer es víctima de la violencia, es muy poco probable que se haga justicia. El Gobierno no ha cumplido su obligación de garantizar la provisión de servicios esenciales: el alcantarillado es inadecuado, no existe alumbrado público en las calles y la actuación policial es ineficiente.

El sistema de justicia queda muy lejos de las vidas de las mujeres, debido tanto a la ausencia de policía en los barrios marginales como a los múltiples obstáculos que afrontan las mujeres en el acceso a la justicia. Las mujeres temen que las autoridades ni siquiera reconozcan que lo que les han hecho es un delito, sobre todo si el abuso se produce dentro de la familia.