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- Quema de gas en la exploración de petróleo en el delta del Níger, febrero de 2008. La industria del petróleo en el delta del Níger ha hundido en la pobreza a muchas personas. © Kadir van Lohuizen
La globalización ha dado a las empresas un poder sin precedentes y ha facilitado su acceso a nuevos territorios más allá de sus fronteras.
Pero la regulación de sus actividades no ha seguido el mismo ritmo y si violan los derechos humanos, a menudo gozan de impunidad debido a que los Estados no pueden o no quieren prevenir y castigar sus acciones. Quienes viven en la pobreza pagan en mayor medida las consecuencias de los abusos y malas prácticas empresariales.
Las negociaciones con los Gobiernos no suelen ser transparentes, no se facilita información a las comunidades afectadas, o bien éstas no saben que la información está disponible, o no pueden siquiera leerla.
Las denuncias de abusos contra los derechos humanos son especialmente elevadas entre las industrias extractivas. Esto no resulta sorprendente, dado el impacto que tienen: comunidades enteras pueden ser expulsadas de sus tierras y sus medios de subsistencia verse amenazados o destruidos.
Los pueblos indígenas y las mujeres son especialmente vulnerables y tienen menos oportunidades de acceder a la justicia.
En muchos de los países más ricos en recursos naturales la pobreza hace presa en la población. Una combinación paradójica. La actividad extractiva debería respetar los derechos humanos y contribuir al desarrollo sostenible. Pero en numerosas ocasiones alimenta los conflictos y abusos e incrementa la pobreza.
En nombre de la eficiencia económica, los Estados privatizan servicios públicos fundamentales para el disfrute de derechos como la educación, la salud y el agua. La supervisión por los Estados es cada vez más laxa y las empresas pueden adoptar prácticas discriminatorias o predatorias.
Todos los Estados deben adoptar regulaciones en el ámbito de la energía, tanto en el nivel estatal como internacional, con el fin de garantizar que las empresas no violan los derechos humanos. En el caso de que estas incurran en abusos, los Estados deben exigirles que rindan cuentas por ello y asegurar que las víctimas obtienen reparación.
Es inadmisible que las empresas vulneren impunemente los derechos humanos.