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Inicio Exige Dignidad Asentamientos precarios
- Un policía levanta su escudo antidisturbios para golpear a un manifestante durante el desalojo forzoso del pueblo de Daechuri, Corea del Sur. El pueblo está sujeto a una orden de desalojo para permitir la expansión de una base militar de los EE.UU., Camp Humphreys. © KCPT
5 de octubre: Día Mundial del Hábitat
En el mundo existen cerca de 200.000 comunidades que pueden definirse como asentamientos precarios. Con distintos nombres –favelas, villas miseria, barrios populares...–, son el hogar de más de 1.000 millones de personas; una cifra que podría llegar a multiplicarse por dos en 2030, según algunas previsiones.
Como cualquier vecindario urbano, los asentamientos precarios son lugares donde la gente vive, trabaja, come, duerme y cría a sus hijos e hijas. Pero sus habitantes viven atrapados en la pobreza y soportan constantes violaciones de derechos humanos. Se les niegan servicios básicos como el agua potable, saneamiento, salud y educación. Se les trata como a criminales y se enfrentan a la violencia constante por parte de la policía y las bandas de delincuentes. Se les deniega el acceso a la justicia y sus voces son ignoradas.
Las mujeres están sobreexpuestas a los abusos en estos barrios. Son discriminadas en el derecho a la propiedad. Sufren abusos verbales, físicos y sexuales. Donde no hay servicios sanitarios, tienen que buscar zonas alejadas o esperar a que llegue la noche para tener intimidad en su higiene personal, aumentando el riesgo de agresiones o acoso sexual.
Muchos asentamientos son considerados “ilegales” o “informales”. Hasta el 50 por ciento de los residentes en áreas urbanas de países en desarrollo carecen de documentos legales que garanticen la seguridad de tenencia. Esto restringe su acceso a los créditos, al empleo formal y a la seguridad social. Incluso se les niega el derecho al voto.
Numerosas barriadas son demolidas para el desarrollo urbano, el embellecimiento de las ciudades, o la preparación de eventos internacionales. Los efectos de los desalojos forzados, que con frecuencia se producen sin aviso previo y con uso de fuerza excesiva, son catastróficos. Las víctimas son siempre las personas que sufren la pobreza. Pierden sus pertenencias, sus redes sociales y el acceso al trabajo y a la educación. Pueden quedar sin hogar y condenadas a vivir aún en peores condiciones.
Los gobiernos deben poner fin a los desalojos forzados y acabar con el grave abandono y la omnipresente violencia en los asentamientos precarios, asegurando el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y a la participación en la sociedad de quienes viven en ellos.
La vivienda es un derecho humano.