Por los derechos humanos en todo el mundo

Hemos sido 20.334 firmantes

Esta acción ha finalizado. Desde Amnistía Internacional nos hemos dirigido al Gobierno español y a la Unión Europea para que en sus relaciones con Nicaragua incluyan en la agenda este tema. También seguiremos trabajando y haciendo presión sobre el Gobierno de Nicaragua para que deje de criminalizar a las mujeres, las niñas y el personal sanitario.

¡Gracias a las mas de 20.000 personas que habéis apoyado esta acción!

Petición original:

“Yo tenía un bebé de él a quien tenía que aceptar. Muchas veces he sentido ganas de suicidarme.”

M tenía 17 años cuando un familiar la violó brutalmente tres veces. Como consecuencia de la violación, quedó embarazada y casi pierde la vida por complicaciones en el embarazo.

Antes, la legislación nicaragüense permitía que se practicara el aborto a mujeres y niñas cuya vida o cuya salud peligrara con el embarazo y, en algunos casos, a supervivientes de violación.

El Código Penal reformado, que entró en vigor en julio de 2008, derogó estas excepciones. Desde entonces, la práctica del aborto es ilegal en Nicaragua y se penalizan todas las formas de aborto, con independencia de las circunstancias en las que se solicite, se obtenga o se practique.

La prohibición total supone incluso la ilegalización de la interrupción de embarazos que pueden causar daños permanentes y la muerte de la mujer. Según cifras oficiales, treinta y tres niñas y mujeres han muerto durante el embarazo en el transcurso de las primeras 19 semanas de 2009, frente a las 20 muertes ocurridas en el mismo período del año pasado. Es probable que estos datos no reflejen la realidad ya que el propio Gobierno ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados.

El Código Penal llega a castigar también a niñas y mujeres que han sufrido un aborto involuntario, ya que en muchos casos es imposible distinguir el aborto espontáneo del aborto inducido.

Esta ley también prevé penas de prisión para los trabajadores y trabajadoras de la salud que involuntariamente causen lesiones al feto durante la administración de un tratamiento médico prescrito a las mujeres y niñas embarazadas. El personal de la salud que trabaja en los hospitales y clínicas nicaragüenses ya no puede proporcionar el apoyo y la atención que consideran adecuados a las mujeres y las niñas.

Exige al presidente de Nicaragua que no criminalice a las mujeres, niñas o personal médico por solicitar, someterse o practicar un aborto.