El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo

El pasado sábado 15 de octubre el Grupo local de Vallecas realizó en el apeadero de Entrevías de Renfe una exitosa recogida de firmas por el caso del japonés Iwao Hakamada, que lleva 43 años en el corredor de la muerte. Decenas de vecinos y vecinas de Entrevías firmaron una petición al gobierno japonés para que no ejecute a Iwao Hakamada y revise su caso y mostraron su solidaridad fotografiándose con un cartel que expresa su rechazo por la pena de muerte.

Este ciudadano nipón fue condenado a muerte en 1968 tras ser declarado culpable en un juicio injusto del asesinato del jefe de la fábrica donde trabajaba, su mujer y sus hijos. Iwao confesó su culpabilidad tras ser interrogado durante 20 días, sin contar con la presencia de un abogado. Más tarde se retractó y declaró que fue golpeado y amenazado por la policía para que firmara la confesión. Al parecer, algunas pruebas presentadas en el juicio adolecían de deficiencias (por ejemplo, el cuchillo que se dijo que se utilizó en el asesinato era demasiado pequeño para causar heridas mortales).

Desde entonces, y como consecuencia de los 43 años que lleva recluido, algunos en régimen de aislamiento, Iwao Hakamada padece una enfermedad mental. Le está prohibido hablar con otros presos o ver la televisión, entre otros beneficios personales. El riesgo de ejecución es constante a menos que reciba el indulto del ministro de Justicia o se le conceda la celebración de un nuevo juicio.

Japón es uno de los dos países altamente industrializados que mantienen y aplican la pena de muerte (el otro es Estados Unidos). Los presos son informados de la ejecución el mismo día y sus familiares después de la misma. El método utilizado es la horca. Actualmente hay en Japón más de 100 personas condenadas a muerte. Todo el sistema está rodeado de un gran hermetismo.

El caso de Iwao Hakamada es el mejor reflejo de cómo la pena de muerte puede ser la peor de las torturas. Diversos órganos y mecanismos de la ONU han determinado que, en ciertas circunstancias, la angustia de estar condenado a muerte, las condiciones de reclusión y el secreto que rodea al uso de la pena de muerte constituyen trato cruel, inhumano y degradante, algo que el derecho internacional también prohíbe.