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Desde hace casi medio siglo el conflicto armado enfrenta a las fuerzas de seguridad, que actúan solas o junto con grupos paramilitares, contra un abanico de grupos guerrilleros. Los ataques contra civiles cometidos por todas las partes enfrentadas son el sello del conflicto, y éstas siguen siendo responsables de violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

Millones de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos y torturas (incluidas violaciones y violencia sexual), sometidos a cautividad o víctimas de desapariciones forzadas. Más de 280.000 personas fueron desplazadas en 2010, lo que eleva el número de personas desplazadas en los últimos 25 años a entre 3 y 5 millones.

La magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos 45 años es espeluznante. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos de desaparición forzada cometidos en el curso de las hostilidades, aunque se cree que la cifra real de desapariciones es significantemente superior.

La no distinción deliberada y sistemática entre civiles y combatientes viene siendo una característica constante del conflicto. Todas las partes continúan empleando estrategias militares dedicadas a atacar a la población civil que consideran “enemiga”, simplemente por el lugar donde viven.