El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo

El 21 de mayo de 2004, sobre las 4 de la tarde, Alexandra Hidalgo fue secuestrada a punta de pistola mientras salía con su vehículo de las oficinas del Banco Central de Venezuela, situadas en la capital del país, Caracas, donde trabajaba como becaria. La sacaron a rastras del vehículo y la metieron a empujones en la parte trasera de una furgoneta. Entonces, le vendaron los ojos y la llevaron hasta un lugar aislado donde, durante aproximadamente siete horas y media, un grupo de hombres la violó en repetidas ocasiones y la torturó. Alexandra distinguió entre sus agresores a su ex esposo.

Menos de dos meses antes de que se produjera la agresión, Alexandra, después de 14 años de matrimonio, se había divorciado de su esposo, Iván Sosa Rivero, que en aquel entonces era teniente coronel del ejército venezolano. Durante el tiempo que estuvieron casados, Alexandra había sido sometida reiteradamente a abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte de su esposo.

En julio de 2004 se acusó a Iván Sosa Rivero de secuestro, violación y complicidad en un robo de vehículo con agravantes y se lo detuvo en diciembre de 2004. Estuvo detenido durante más de cuatro meses en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, una prisión militar situada en el estado de Miranda, pero nunca compareció ante un tribunal. Su representación letrada pospuso 14 vistas judiciales. En abril de 2005, quedó en libertad condicional, e inmediatamente se escondió. Tras una nueva decisión judicial, en junio de 2005 se emitió otra orden de detención en su contra.

Dos de los otros cinco agresores fueron declarados culpables de secuestro y violación y condenados a ocho años de prisión, lo que se debió en parte a las pruebas que obtuvo Alexandra del teléfono móvil de su esposo. Otros dos de los presuntos agresores fueron declarados no culpables y el quinto se encuentra escondido.

Iván Sosa Rivero no fue expulsado del ejército hasta agosto de 2008, pese a los cargos que se le imputaban en relación con la agresión cometida contra Alexandra y a haberse ocultado durante más de tres años. La razón que se alegó para expulsarlo fue que no había respondido a los cargos presentados en su contra por el ejército que todavía tenía pendientes. Finalmente, en julio de 2011 fue detenido y actualmente se encuentra a la espera de juicio, previsto para finales de febrero.

Alexandra ha hablado en varias ocasiones a los medios de comunicación sobre su caso. Ha organizado marchas ante la Fiscalía General de la República y ha asistido a reuniones en universidades para hablar de su caso. Espera que, al contar lo que le sucedió, contribuya a sensibilizar a la opinión pública sobre la violencia ejercida contra las mujeres y a evitar que se cometan agresiones parecidas contra otras mujeres, así como a animar a las que sufren abusos a que denuncien las violaciones.

Durante el tiempo que su ex-esposo ha permanecido huido de la justicia, Alexandra ha temido por su vida y por la de sus tres hijos. Su madre ha recibido amenazas telefónicas en las que se le dice que matarán a su hija. 

El grupo de Tenerife de A.I. ha estado recogiendo firmas y solicitando a sus simpatizantes el envío de llamamientos para la protección de la seguridad de Alexandra Hidalgo y sus hijos. Por el momento, y a la espera de la celebración del juicio a su ex-esposo, no se requieren más acciones.