En este informe, revisamos 300 planes de estudio de trece países y territorios europeos que demuestran el escaso compromiso con los derechos humanos en la educación superior tanto en España como en sus países vecinos. Sólo cuatro de los trece países y territorios europeos tomados como referencia destacan por potenciar la presencia de materias obligatorias de derechos humanos: Inglaterra, con diez; Portugal, con ocho; Bélgica, con siete; y Francia con cinco.

Este informe repasa las medidas impulsadas por los Gobiernos españoles en los últimos años para abordar la lucha contra el racismo, a la luz de las obligaciones y compromisos internacionales suscritos por el Estado español. Medidas que, en opinión de Amnistía Internacional, resultan claramente insuficientes para cumplir con los compromisos adquiridos. Tras este análisis se hacen públicas las recomendaciones de la organización a las autoridades estatales, autonómicas y locales.

El software de entretenimiento se está convirtiendo en la oferta de ocio preferida por la población española, especialmente entre adolescentes, sin que el Estado español asuma la responsabilidad que le obliga a garantizar la máxima protección de los derechos de los menores de edad.

En España, al igual que en otros países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la desprotección e indefensión de sus víctimas, en este caso las mujeres inmigrantes. La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género supuso la primera norma que reconocía su especial vulnerabilidad y establecía el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos para las víctimas, en pie de igualdad con el resto de las mujeres. Sin embargo, dos años después, el informe: “Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género", denuncia los obstáculos que encuentran estas mujeres a la hora de acceder a justicia y a los recursos especializados necesarios.

En España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos
de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida
y persistente. Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos.