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Un acuerdo como primer paso hacia un proceso de adquisición de las tierras ancestrales de la comunidad.
Las autoridades estatales, los propietarios de las tierras privadas y la
comunidad Sawhoyamaxa han firmado un acuerdo como primer paso hacia un
proceso de adquisición de las tierras ancestrales de la comunidad. Los
propietarios están dispuestos a vender la tierra y el Estado la adquirirá.
Además de devolver las tierras a la comunidad el Estado está obligado por
la Corte Interamericana de derechos humanos a crear un programa y un fondo
de desarrollo comunitario de un millón de dólares. Carlos Marecos, el
líder de la comunidad, ha manifestado que este acuerdo es muy esperanzador
y ha instado al gobierno a cumplirlo y a tomar todas las medidas
necesarias para evitar retrasos innecesarios. Este es el primer paso para
que la comunidad pueda regresar a su tierra después de muchos años de
lucha.
Por su parte, la comunidad indígena Yakye Axa ha aceptado una oferta de
tierras alternativas. Sus representantes legales están en conversaciones
con las autoridades estatales pertinentes y esperan que se produzcan
avances en esta oferta. Amnistía Internacional respeta y apoya cualquier
decisión de la comunidad relativa a la aceptación de tierras alternativas,
dadas las dificultades que enfrentan y su situación de alta vulnerabilidad
que viven. Amnistía Internacional ha recomendado que cualquier propuesta
de tierras alternativas se realice garantizando el respeto del proceso de
toma de decisiones de la comunidad, proporcionándoles toda la información,
conforme a los requisitos de consentimiento libre, previo e informado.
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