El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo

Estados Unidos es uno de los tres países de máxima prioridad para la Sección española, no solamente por todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en otros países o con su complicidad en el marco de sus políticas en el contexto la “Guerra contra el Terror” sino también en relación a la situación de los derechos humanos en su interior.

Dentro de EEUU, además del trabajo permanente sobre la pena de muerte, existen otras preocupaciones para Amnistía Internacional, como son los abusos contra mujeres indígenas, abusos contra colectivos LGBT, y la utilización de armas Tasser por sus cuerpos de seguridad.

De cara al 29 de junio, día internacional contra la tortura, Amnistía Internacional quiere poner énfasis en la lucha contra la tortura, medio ya institucionalizado por la política de Estados Unidos en su particular “guerra contra el terror”.

La utilización de técnicas de interrogatorio que incluyen posturas en tensión, aislamiento, privación sensorial, uso de capuchas, retirada de toda clase de artículos de uso personal, (incluidos los religiosos), despojo de ropa, afeitado forzoso y explotación de fobias particulares de los detenidos, como el miedo a los cánidos, todo ello para provocar tensión violan los estándares mínimos de protección al detenido cristalizados por el derecho internacional. Además las palizas, privación del sueño, desnudez forzada, exposición a temperaturas extremas de frío y calor y restricción prolongada con grilletes, todas estas técnicas de interrogatorio han sido la rutina de cientos de detenidos.

En fechas recientes, el 8 de marzo de 2008, el presidente George W. Bush vetó un proyecto de ley que habría obligado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a utilizar únicamente las técnicas de interrogatorio autorizadas por la edición revisada del Manual de Campo del Ejército. El manual prohíbe, por ejemplo, una forma de tortura con agua, el “waterboarding” o simulacro de ahogamiento, que el gobierno estadounidense afirma que era legítima cuando fue autorizada en 2002 y 2003, y que podría ser autorizada de nuevo si se considera que las “circunstancias” lo justifican.

Esta práctica consiste en hacer sentir al detenido que se está ahogando. Su utilización por el ejército estadounidense viola la Ley sobre el trato a los detenidos de 2005, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cualquier detenido bajo custodia. A pesar de dicha ley, una interpretación sesgada del artículo, niega que esta práctica sea tortura, incurriendo en una violación del derecho internacional.

Nadie ha rendido cuentas por las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el contexto del programa de detención decreta de Estados Unidos. De hecho, en una vista celebrada en el Congreso el 7 de febrero de 2008, se preguntó al fiscal general, Michael Mukasey, en relación con la cuestión de la tortura si estaba “dispuesto a abrir una investigación criminal para determinar si el uso confirmado del waterboarding por agentes de Estados Unidos era ilegal”. El fiscal general respondió: “No, no lo estoy”, y dio a entender que, dado que el Departamento de Justicia había autorizado esta técnica como parte del programa de la CIA, “no puede ser objeto de una investigación criminal, o del Departamento de Justicia,  porque eso significaría que el mismo departamento que autorizó el programa consideraría ahora la posibilidad de procesar a alguien que siguió esa recomendación”.

La permanente negativa de Estados Unidos a aplicar las definiciones internacionales de la tortura y otros malos tratos, y su permanente recurso a la detención indefinida sin cargos, la negación del “hábeas corpus” y la detención secreta, implican que hay mucho trabajo por hacer para garantizar el respeto del derecho internacional y de los principios de derechos humanos y para proteger a los detenidos bajo custodia de Estados Unidos frente a la tortura y otros malos tratos.

Además de los temas anteriormente enumerados el Programa de Acción por Paises de EE.UU. está trabajando, en especia, dos casos particulares: el de Omar Khadr y Dr. Sami Al-Ariam

CASO DE OMAR KHADR.

Omar Khadr, de nacionalidad canadiense, tenía 15 años cuando fue detenido por el ejército estadounidense acusado de ser “combatiente enemigo” tras un enfrentamiento armado en Afganistán. Se cree que pudo ser reclutado por Al Qaeda cuando sólo tenía 10 años, desde entonces ha permanecido en situación de detención indefinida y actualmente se enfrenta a un proceso ante una comisión  militar que no cumple con los principios y legalidad internacionales.

Según la versión de Omar Khadr, estando herido por los ataques aéreos estadounidenses dirigidos contra el recinto donde se encontraba, fue víctima de una ejecución sumaria por la cual recibió dos disparos en la espalda por parte de un miembro del comando de asalto de la armada estadounidense. Posteriormente fue llevado a la base aérea de Bagram, en Afganistán, donde fue interrogado mientras estaba hopitalizado con heridas de muerte. La explotación del dolor que le producían sus heridas fue una de las formas por las que se consiguió su cooperación. El maltrato fue frecuente tanto en Bagram como posteriormente en Guantánamo.

En estos momentos se solicita que el gobierno Canadiense pida su repatriación para así evitar que comparezca ante una Comisión Militar, donde será juzgado con leyes que no cumplen los parámetros mínimos de legalidad internacional y como un adulto.

DR. SAMI AL-ARIAM

Dr. Sami Al-Ariam, profesor universitario con residencia permanente en EE.UU., fue declarado culpable en 2006 de los cargos de proveer soporte no violento a la Jiha Islámica Palestina y por ello fue sentenciado a 57 meses de prisión. Después de cumplir su condena, Dr. Al-Ariam continuó detenido al negarse a testificar ante el Gran Jurado en Virginia, hecho por el cual le sentenciaron a 18 meses de prisión por desacato a la Corte. A pesar de haber cumplido ambas condenas, el Dr. Al-Ariam continúa detenido.

Durante su reclusión de cumplimiento de condena, Dr. Al-Ariam declaró que sufrió un duro trato en un número de ocasiones. También fue agredido verbalmente y maltratado por los guardias. Además le fue denegada ropa adecuada mientras era transportado entre instituciones.

Dr Sami Al-Ariam ha estado en prisión más de un año después de haber cumplido su sentencia original, que debió acabar en abril del 2007.  El objetivo de Amnistía Internacional es el exigir al departamento estadounidense del interior que cite inmediatamente al Dr. Sami Al-Ariam a una vista completa y justa ante la corte de inmigración para determinar su expulsión. En el caso de que se confirmara, debería ser trasladado a un país de su elección, voluntariamente y como resultado de consentimiento informado.

Mientras tanto, el gobierno de EEUU debería abstenerse de detenerlo indefinidamente y tratarle humanamente, proporcionándole tratamientos médicos adecuados, mientras permanece bajo custodia. Es urgente que se la permita inmediatamente acceso a materiales de lectura y escritura, a un Corán, que se le permitan tener visitas regulares y llamadas telefónicas de su familia.