El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo

Se realiza en Oviedo un reparto simbólico de periódicos chinos “censurados”

Un reparto de folletos con la apariencia de periódicos censurados, sirvió para denunciar la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en China. Mediante esta acción se llamó la atención sobre la necesidad de que los derechos humanos estén presentes en las próximas conversaciones entre la Unión Europea y China que se celebrarán en junio. AI reclama que estos encuentros sean transparentes, así como que se informe sobre su contenido y resultados a las organizaciones y sociedad civil china y europea.

    En China, los activistas de derechos humanos que tratan de informar sobre violaciones de derechos humanos, cuestionar políticas que las autoridades consideran políticamente delicadas o convocar a otros en torno a su causa, se arriesgan a sufrir graves abusos. Las autoridades usan cargos amplios y vagamente definidos, como “robo, posesión y filtrado de secretos de Estado” y “subversión” para detener arbitrariamente y procesar a activistas, periodistas y usuarios de Internet.

    Por otra parte, en China hay aproximadamente 68 delitos punibles con la muerte, varios de ellos no violentos, y se ejecuta al año a más personas que en cualquier otro país del mundo. Las estadísticas oficiales sobre condenas a muerte y ejecuciones se consideran secreto de Estado.

    No menos preocupante es la situación del pueblo uigur de China occidental, cuya identidad étnica es sistemáticamente menoscabada. Las políticas gubernamentales, incluidas las que limitan el uso de la lengua uigur, las fuertes restricciones sobre la libertad religiosa y el flujo constante de migrantes chinos de etnia “han” hacia la región están destruyendo sus costumbres y, junto a la discriminación laboral, están avivando el descontento y las tensiones étnicas.

    Durante la acción se recogieron firmas para solicitar la liberación de Yang Chunlin, quien en marzo de 2008 fue declarado culpable de “incitar a la subversión contra el poder del Estado” y condenado a cinco años de cárcel, seguidos de dos años de privación de derechos políticos. Según la información de la que dispone la organización, los cargos contra él se deben a la campaña que, bajo el lema “Queremos derechos humanos, no Juegos Olímpicos”, inició para conseguir una indemnización para los agricultores a quienes habían confiscado sus tierras y por su participación en la recogida de más de 10.000 firmas en la provincia de Heilongjiang.