
Tras el mes de disturbios que sacudió al país de Túnez y que obligó a Zine El Abidine Ben Ali a huir y renunciar a la presidencia, se formó un gobierno provisional. En ese momento decisivo, Amnistía Internacional acogió con satisfacción la promesa del gobierno de poner en libertad a todos los presos políticos y su anuncio de creación de una comisión independiente para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidos el uso excesivo de la fuerza y el empleo de medios letales. Sin embargo, recordó que hacen falta con carácter urgente otras medidas por parte de las autoridades tunecinas y presentó a las nuevas autoridades del país una Agenda de derechos humanos para el cambio.
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