Por los derechos humanos en todo el mundo

Varios detenidos de Guantánamo han sido víctimas de simulacros de ahogamiento. © Amnistía Internacional

Londres.- El fiscal general de EE. UU. debe reconsiderar de inmediato su decisión de archivar las investigaciones sobre unos 100 casos de presuntas torturas a detenidos bajo custodia de la CIA, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Eric Holder anunció el jueves que va a abrir una investigación criminal sobre la muerte de dos detenidos bajo custodia de la CIA, pero que archivará las investigaciones sobre el trato dispensado a cualquiera de los demás casos desde 2001.

“El cierre de estos casos es una verdadera burla a la justicia. Entre los numerosos casos que quedarán archivados se encuentran algunos que presentan denuncias graves y creíbles de actos de tortura”, ha expresado Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“Aplaudimos la decisión de llevar a cabo una investigación criminal sobre las dos muertes, pero las investigaciones no deben acabar ahí. El fiscal general debe revisar inmediatamente estos casos y actuar para que Estados Unidos cumpla con el derecho internacional”, ha afirmado.

Amnistía Internacional tiene conocimiento de al menos tres casos de tortura entre los archivados. Los detenidos de Guantánamo Khalid Sheikh Mohammed, Abd al Rahim al Nashiri y Abu Zubaydah fueron víctimas de simulacros de ahogamiento durante su periodo de detención, hechos que han sido corroborados por las autoridades estadounidenses.

Según un informe de la CIA, además de la práctica de simulacros de ahogamiento, un interrogador estadounidense hizo uso de una taladradora para intimidar a Abd al Rahim al Nashiri.

“EE. UU. dice ser un país comprometido con los derechos humanos, pero el hecho de no garantizar que aquellos que han cometido violaciones de derechos humanos rindan cuentas pone inmediatamente en tela de juicio su compromiso”, ha afirmado Michael Bochenek.

“Desde el principio, la revisión de las detenciones de la CIA solicitada por el fiscal general Holder en agosto de 2009 fue demasiado limitada. Este nuevo anuncio representa otro duro golpe contra la justicia”, ha añadido.

La tortura es un delito según el derecho internacional, y Estados Unidos tiene la obligación de investigar y enjuiciar los casos que se produzcan.