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Una soga colgando desde el techo en la prisión de Abu Ghraib. © APGraphicsBank

Las autoridades iraquíes deben detener la ejecución inminente de 15 hombres, ha manifestado hoy Amnistía Internacional tras los informes que indican que la presidencia de Irak ratificó las condenas a muerte el pasado martes.

Según información recogida por los medios de comunicación, la presidencia iraquí afirmó que los 15 hombres serían ejecutados tras la fiesta musulmana de Eid al Adha, celebrada el domingo.

Al parecer, los 15 son miembros de grupos armados y fueron declarados culpables de asesinar a decenas de personas y de violar a mujeres y niñas en una boda celebrada en una localidad cercana a Al Tayi, al norte de Bagdad, en junio de 2006. El 16 de junio de 2011, el Tribunal Penal Central de Irak los condenó a muerte, tras emitirse las “confesiones” de varios de ellos en el canal de televisión iraquí Al Iraqiya.

Según se cree, es posible que los hombres no hayan sido objeto de un juicio justo conforme a las normas internacionales y que las “confesiones” televisadas hayan sido obtenidas bajo coacción.

“Aunque el gobierno iraquí tiene la obligación de llevar ante la justicia a los responsables de delitos graves, la pena de muerte es una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe aplicarse ni siquiera para los delitos más atroces”, ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Existen además fundados motivos de preocupación para creer que estos hombres quizás no hayan sido juzgados conforme a las normas internacionales sobre juicios justos. No deben ser ejecutados. Las autoridades iraquíes deben conmutar estas condenas de muerte, y todas las demás, y declarar la suspensión inmediata de las ejecuciones.”

Según informes, los 15 hombres pasaron varias semanas recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a sus abogados ni a sus familias. Muchas personas han sido condenadas a muerte en Irak tomando como base “confesiones” obtenidas bajo tortura mientras estaban en prisión preventiva, recluidas en régimen de incomunicación y sin acceso a abogados de su elección. Algunas han sido ejecutadas a raíz de esas “confesiones”.

En algunos casos, posiblemente en todos, no se informó a las familias de los hombres del comienzo del juicio, lo que también constituye motivo de gran preocupación. Como consecuencia, las familias no pudieron consultar con los acusados para designar a abogados de su elección, derecho garantizado por las normas internacionales sobre juicios justos.

Antes siquiera de que hubiera finalizado el juicio, varias autoridades del gobierno iraquí pidieron públicamente la ejecución pública de los 15 hombres, lo que puso en peligro su derecho a un proceso con las debidas garantías.

Según los informes, el 14 de junio, dos días antes de que los 15 hombres fueran declarados culpables, el presidente del Consejo Judicial Supremo manifestó en una rueda de prensa que serían “ejecutados en cuanto la Presidencia ratifique sus condenas de muerte”.

La pena de muerte dejó de aplicarse durante un tiempo tras la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos, pero su uso se reanudó en agosto de 2004. Desde entonces, centenares de personas han sido condenadas a muerte y muchas han sido ejecutadas.