Por los derechos humanos en todo el mundo

El 17 de octubre de 2006, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la entrada en vigor de la Ley sobre Comisiones Militares,  que convirtió una mala política del gobierno en una mala legislación nacional y permitió a la administración estadounidense seguir evitando el examen judicial exhaustivo de las detenciones en el contexto de la “guerra contra el terror”.

Denegación del derecho a impugnar la detención
Entre otras cosas, la Ley sobre Comisiones Militares deja a los tribunales sin jurisdicción para ver recursos de habeas corpus de cualquier persona de nacionalidad extranjera que permanezca recluida en calidad de “combatiente enemigo”, en Guantánamo o en cualquier otro lugar.

Ante los Tribunales que revisan los casos de los detenidos de Guantánamo para decidir si han sido “recluidos adecuadamente” como “combatientes enemigos” o no, los detenidos no tienen acceso a las pruebas secretas utilizadas contra ellos y no pueden contar con asistencia letrada.
 
Privados del mecanismo de protección que ofrece el habeas corpus, los detenidos han sufrido desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, detenciones y transferencias secretas, así como detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas estadounidenses.

Incompatibilidad con el derecho internacional
La Ley sobre Comisiones Militares es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Con esta Ley, el gobierno de Estados Unidos no respeta el Estado de derecho ni los principios fundamentales de derechos humanos en sus prácticas y políticas de seguridad y antiterroristas.

Amnistía Internacional trabaja para que la Ley sobre Comisiones Militares sea derogada o reformada sustancialmente y para que los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente sean eliminados. Amnistía Internacional es una de las numerosas organizaciones que, en agosto de 2007, presentaron informes ante la Corte Suprema, pidiendo que reconozca el derecho a habeas corpus de los detenidos en Guantánamo. Está previsto que la Corte Suprema escuche los argumentos orales en la causa el 5 de diciembre de 2007 y emita su decisión en 2008.

Conoce más sobre las Comisiones Militares descargándote un resumen de nuestro informe ¿Justicia postergada y también denegada? (marzo de 2007) en el que Amnistía Internacional explica por qué las Comisiones Militares violan normas internacionales.