Por los derechos humanos en todo el mundo

Esta acción ha finalizado. El Presidente del Gobierno ha recibido más de 6.000 firmas para que también España rinda cuentas por el uso que la CIA hizo del territorio español para sus prácticas ilegales como las entregas extraordinarias y las denuncias sobre el traslado de detenidos a Guantánamo desde bases militares españolas. Las personas firmantes también han pedido a las autoridades españolas una investigación exhaustiva e independiente sobre los interrogatorios de los policías españoles en Guantánamo  y que no autoricen expulsiones o extradiciones de personas presuntamente vinculadas con actividades terroristas a lugares en los que pueden ser víctimas de tortura u otros malos tratos, tal y como prevé la Convención contra la Tortura.

Las investigaciones en la Audiencia Nacional sobre los prácticas ilegales de la CIA en territorio español y los vuelos a Guatánamo desde bases militares españolas siguen abiertas. En diciembre de 2008 se supo que las autoridades españolas autorizaron en 2002 el uso de aeropuertos militares para el traslado ilegal de detenidos a Guantánamo. Los vuelos a esta base militar de EEUU que hicieron escala en España empezaron en el 2002 y terminaron en el 2007. Amnistía Internacional sigue reclamando al Gobierno español la colaboración su colaboración plena y sin dilación con las investigaciones criminales en curso. Esto pasa no sólo por responder a los requerimientos del juez sino por impulsar investigaciones independientes y exhaustivas y sus resultados sean públicos.

Gracias a todas las personas que han participado en esta acción.

Petición orginal:

La llamada “Guerra contra el Terror” liderada por Estados Unidos ha tenido impacto en España . Durante más de cuatro años el territorio español ha sido utilizado para las entregas extraordinarias, detenciones secretas y otras prácticas ilegales lideradas por Estados Unidos. Además, policías españoles participaron en interrogatorios ilegales en Guantánamo aprovechándose de las condiciones coercitivas de la base naval estadounidense.

Por otra parte, España incumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al permitir extradiciones y expulsiones de personas a lugares en los que existe un riesgo fundamentado de que serán torturadas, en contra de la prohibición absoluta de la tortura y el principio internacional de no devolución.

Pídele al Gobierno español que impulse y/o colabore plenamente con investigaciones independientes e imparciales sobre estos asuntos y lleve a cabo todas las medidas necesarias para impedir que España vuelva a facilitar violaciones de derechos humanos en el contexto de la "guerra contra el terror".