República Democrática del Congo: Parar la espiral de violencia económica

Londres.-Con ocasión del comienzo del debate sobre la República Democrática del Congo en el Consejo de Seguridad de la ONU, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha manifestado que no se debe hacer caso omiso de las importantes recomendaciones que el Grupo de Expertos encargado de examinar la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo Grupo, presidido por el Sr. Kassem, ha formulado para poner fin a la espiral de explotación económica y a los terribles abusos que se están cometiendo contra los derechos humanos.

En el informe final del Grupo de Expertos se documenta sistemáticamente cómo particulares y empresas han participado y continúan participando en la explotación de los recursos naturales de una manera que da pábulo al conflicto y es causa de abusos sistemáticos contra los derechos humanos.

A la vista de las conclusiones del Grupo de Expertos, Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad que continúe velando por que se investiguen exhaustivamente y se resuelvan estas cuestiones. En concreto, la organización lo ha instado a crear un mecanismo para examinar periódicamente la aplicación de las importantes recomendaciones del Grupo de Expertos. Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de la OCDE y de la región que apliquen de inmediato medidas específicas para poner freno a la explotación de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, en particular del oro y los diamantes. El Banco Mundial debe imponer como condición para la concesión de futuros préstamos a la industria extractiva el cumplimento de las normas internacionales de derechos humanos.

Tras una visita de diez días a la República Democrática del Congo, la secretaria general de Amnistía Internacional pidió al Consejo de Seguridad que garantizara que el embargo de armas impuesto en virtud de su Resolución 1493 estaba respaldado por fuertes medidas de vigilancia de su cumplimiento a fin de romper los lazos entre el suministro internacional de armas, la explotación económica y los abusos contra los derechos humanos.

“Al documentar los lazos entre la explotación económica, el tráfico de armas y el conflicto, las recomendaciones del Grupo de Expertos ofrecen la oportunidad de abordar las causas fundamentales de un conflicto que se ha cobrado más de tres millones de vidas desde 1998 —ha manifestado Irene Khan—. Estos lazos crean y dan pábulo a la continua inseguridad y al clima de impunidad de la región.”

Asimismo, la secretaria general de Amnistía Internacional ha señalado: "Ahora más que nunca es preciso reforzar y continuar la importante labor iniciada por el Grupo de Expertos. La comunidad internacional en su totalidad debe seguir sus conclusiones y recomendaciones”.

En 1999 y 2000, la producción de coltán por empresas poco escrupulosas destruyó la base agrícola del este de la República Democrática del Congo. Como señala el Grupo de Expertos, la desorganización social consiguiente fue causa de graves violaciones de derechos humanos, rayanas en la esclavitud. El Grupo de Expertos sólo pudo investigar a 119 de las 157 empresas y personas mencionadas por su posible participación en la explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, pero su trabajo ha tenido ya importantes consecuencias en lo que a poner de manifiesto la responsabilidad de las empresas se refiere.

Basándose en su reciente visita a la República Democrática del Congo, la secretaria general de Amnistía Internacional ha instado enérgicamente a la comunidad internacional, incluidas las instituciones bilaterales y multilaterales, a apoyar la creación de una administración de aduanas efectiva, reforzar las funciones de auditoría y contabilidad del gobierno central del país, prestar apoyo material y de otras clases para reformar el sistema de justicia penal de manera que cumpla las normas internacionales y ponga fin a la impunidad de los abusos contra los derechos humanos y mejorar la capacidad de la sociedad civil y las ONG congolesas para mantener bajo observación tales abusos.

"Las recomendaciones del Grupo de Expertos son decisivas para fomentar y reforzar el proceso de paz —ha añadido Irene Khan—. La comunidad internacional debe aprovechar esta oportunidad, porque, de lo contrario, la población de la República Democrática del Congo continuará expuesta a sufrir constantes abusos contra los derechos humanos.”

Información general

Desde su último informe, el Grupo de Expertos ha podido investigar a 119 de las 157 empresas y personas (el 75 por ciento del total) mencionadas por posibles violaciones de derechos económicos y sociales. Aunque su mandato le impide hacer juicios de culpabilidad, el Grupo de Expertos documenta claramente de quedan muchas cuestiones sin resolver, habiendo empresas que sólo han llegado a soluciones provisionales (categoría II), otras sobre las que hace falta más información o investigación (categorías III y IV) y, lo peor de todo, otras que no han respondido en absoluto (categoría V, con 38 en total). Asimismo, el Grupo de Expertos ha remitido unos 13 expedientes de 18 empresas a los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE en Bélgica, Alemania y el Reino Unido, y también de empresas y personas de la categoría IV a los gobiernos de los países donde tienen su sede para que realicen más investigaciones. Amnistía Internacional recomienda que los respectivos gobiernos garanticen que se llevan a cabo tales investigaciones y pide al Consejo de Seguridad de la ONU que vigile las realizadas sobre los casos de las categorías II a V hasta que se resuelvan completa y satisfactoriamente.

El Grupo de Expertos ha determinado también que hay 12 Estados de la región a través de los cuales podrían estar pasando productos procedentes de la República Democrática del Congo. De todos ellos, sólo cuatro — Ruanda, Uganda, Zambia y Zimbabue— han dado una respuesta adoptando medidas para poner freno a la explotación. El Grupo de Expertos menciona a otros ocho — Angola, Burundi, Congo, Kenia, Mozambique, República Centroafricana, Tanzania y Zambia— que no han respondido a sus preguntas.

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