Reino Unido: Procedimientos que constituyen una perversión de la justicia

Londres.- Las actuaciones que se están llevando a cabo en aplicación de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad (ATCSA) en el Reino Unido constituyen una deformación de la justicia, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

La Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración dictó hoy su fallo sobre los casos de 10 ciudadanos extranjeros, 8 de los cuales llevan más de 20 meses detenidos en aplicación de la ATCSA. Dos de ellos abandonaron el Reino Unido "voluntariamente" después de su detención.

Como consecuencia de los fallos dictados, estas ocho personas podrían permanecer detenidas indefinidamente, sin cargos ni juicio, principalmente sobre la base de pruebas secretas que nunca han visto u oído y que, por ello, no tienen la posibilidad de impugnar.

Un delegado de Amnistía Internacional asistió hoy a la vista y escuchó el fallo de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración, en el que ésta manifestó que el ministro del Interior había tenido motivos razonables para formarse la opinión de que los 10 hombres eran «presuntos terroristas internacionales que representaban un riesgo para la seguridad nacional».

Resultó desconcertante que la Comisión resolviera que, en virtud de la ATCSA, la carga de la prueba que debe satisfacer el ministro del Interior para que se justifique la privación de libertad de estas 10 personas no equivale al principio penal de "más allá de toda duda razonable" sino que, por el contrario, es menor que la que se exige en una causa civil.

«La imposición de requisitos increíblemente débiles a la carga de la prueba —que la Comisión resolvió que el ministro había satisfecho— viola el derecho a la presunción de inocencia que asiste a cualquier persona sujeta a actuaciones penales. El respeto a la presunción de inocencia es fundamental para la equidad de los juicios penales», dice Amnistía Internacional.

Asimismo, Amnistía Internacional siente alarma por la posibilidad de que el fallo dictado en el día de hoy por la Comisión se haya basado en pruebas obtenidas mediante tortura. Según los informes recibidos, algunas de las pruebas secretas en las que se basó el ministro incluyen declaraciones obtenidas en la base aérea de Bagram y otros centros de detención de las autoridades estadounidenses, sobre los cuales ha habido graves denuncias de tortura. El derecho internacional establece que no se admitirá como prueba de cargo ninguna declaración obtenida mediante tortura.

«Si la Comisión se hubiera basado en pruebas obtenidas mediante tortura, ello constituiría un grave menoscabo del Estado de derecho», señala Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional se opone a la detención indefinida de personas sin que se las acuse formalmente ni se las someta a juicio. La organización sigue instando al gobierno británico a devolver la libertad a todas las personas detenidas en aplicación de la ATCSA a menos que se las vaya a acusar formalmente de un delito común reconocible y someter a un juicio independiente e imparcial cuyas actuaciones se ajusten a las normas internacionales de equidad procesal.

Información genera

Actualmente hay 16 personas —todas ellas ciudadanas extranjeras— detenidas en aplicación de la ATCSA en el Reino Unido.

En virtud de la ATCSA, los ciudadanos extranjeros a los que el gobierno considera no susceptibles de devolución y que han sido certificados por el ministro del Interior como "presuntos terroristas internacionales que representan un riesgo para la seguridad nacional" pueden ser recluidos de inmediato sin cargos ni juicio —es decir, sometidos a internamiento— durante un periodo no especificado y potencialmente ilimitado. La decisión del ministro y los fallos de la Comisión pueden basarse en pruebas secretas que el detenido y el abogado de su elección no pueden ver, oír ni impugnar.

Dado que el internamiento en estas circunstancias está reñido con el derecho a la libertad y la seguridad de la persona garantizado en disposiciones contenidas en tratados internacionales de derechos humanos que son vinculantes para el Reino Unido, el gobierno británico ha suspendido temporalmente sus obligaciones en lo relativo a estas disposiciones. En especial, el Reino Unido ha suspendido la vigencia en su territorio del artículo 5.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo) y el artículo 9 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.

En mayo, junio y julio de 2003, la Comisión vio recursos de apelación interpuestos por 10 personas contra su detención en aplicación de la ATCSA tras ser certificadas por el ministro del Interior como "presuntos terroristas internacionales que representan un riesgo para la seguridad nacional".

Un delegado de Amnistía Internacional asistió a una serie de vistas de estos recursos ante la Comisión a fin de monitorizar las sesiones públicas de las actuaciones judiciales. Tanto las actuaciones públicas como las celebradas a puerta cerrada —a las que no pudieron asistir ni los detenidos, ni sus abogados ni representantes de Amnistía Internacional y en las que se examinaron pruebas secretas— culminaron en los fallos dictados en el día de hoy.

Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que una serie de normas estipuladas en la ATCSA, así como las detenciones que se practican en aplicación de esta ley, no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho de refugiados, entre ellas disposiciones contenidas en tratados que son vinculantes para el Reino Unido.

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