República Democrática del Congo: La cumbre sobre el país que se inicia hoy debe asignar prioridad a la protección de los derechos humanos

Con ocasión del comienzo en el día de hoy, 27 de noviembre de 2003, en Pretoria (Sudáfrica), de una cumbre de jefes de Estado centrada en el acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, Amnistía Internacional insta a los jefes de Estado a que velen por que la promoción y protección de los derechos humanos ocupe un lugar prioritario en el programa de trabajo de la reunión.

En el día de hoy, en que Amnistía Internacional publica un nuevo memorándum titulado Democratic Republic of Congo - addressing the present and building a future («Abordar el presente para construir el futuro»), la secretaria general de la organización, Irene Khan, ha manifestado: «En Kinshasa [capital de la República Democrática del Congo], el gobierno de transición habla de progreso político, armonía regional y elecciones democráticas. Por su parte, los gobiernos de Ruanda y Uganda han manifestado su apoyo al gobierno de transición congoleño y su deseo de colaborar con él. Con todo, en la zona este del país siguen cometiéndose impunemente abusos contra los derechos humanos, como matanzas, violaciones, torturas y uso en gran escala de niños soldados».

«El gobierno de transición de la República Democrática del Congo y los de los países vecinos deben salvar la peligrosa distancia existente entre sus aspiraciones manifiestas de reconciliación, justicia y seguridad y la devastadora espiral de violencia y abusos contra los derechos humanos que diariamente sigue azotando el este de la República Democrática del Congo», ha advertido Irene Khan.

Amnistía Internacional insta a los participantes en la cumbre de Pretoria a que den prioridad a la adopción de medidas inmediatas para proteger a la población civil y poner fin al terrible cuadro de abusos contra los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo. La organización además hace hincapié en los siguientes puntos:
-los gobiernos congoleño, ruandés y ugandés deben retirar de inmediato todo apoyo político y militar a grupos armados responsables de la comisión de abusos contra los derechos humanos en la zona este de la República Democrática del Congo, y deben ejercer su influencia sobre tales grupos armados para que cesen los abusos;
-los gobiernos congoleño, ruandés y ugandés, con el apoyo de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) y de la comunidad internacional, deben cooperar plenamente en las actividades encaminadas a desarmar, desmovilizar y repatriar a los grupos insurgentes armados extranjeros establecidos en la República Democrática del Congo; y
- la MONUC debe desplegar lo antes posible un contingente suficiente en el este de la República Democrática del Congo que garantice la protección de la población civil, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo VII de su mandato, que dispone que la misión deberá emplear todos los medios necesarios para proteger a los civiles en peligro inminente de sufrir agresiones físicas en las regiones de Ituri y Kivu, en el este del país.

Como parte de estas medidas inmediatas, los participantes deben estudiar soluciones enérgicas de conjunto para atajar la explotación económica de los recursos naturales y el tráfico de armas. El deseo de controlar y saquear los recursos naturales de la República Democrática del Congo ha sido el elemento causante del conflicto y sigue alimentando la comisión de abusos contra los derechos humanos en gran escala.

Los gobiernos regionales deben respetar el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU en julio de 2003 a la zona este de la República Democrática del Congo, y la MONUC debe asegurar de la manera más estricta posible el cumplimiento de esta prohibición.

En el memorándum publicado hoy por Amnistía Internacional se abordan asimismo las reformas concretas que el gobierno de transición de la República Democrática del Congo debe efectuar necesariamente para la protección de los derechos humanos, con el respaldo de la comunidad internacional. Se señala, en concreto, que el gobierno congoleño:
-respaldado por la MONUC y otros órganos de la ONU, debe elaborar un plan coherente para la creación del nuevo ejército de la República Democrática del Congo, que garantice que todas las fuerzas integradas quedan supeditadas a una clara cadena de mando;
-respaldado por los Estados donantes de ayuda al país y la ONU, debe elaborar con carácter urgente un programa sistemático, dotado de recursos suficientes, para el desarme y la desmovilización de fuerzas que se prevea que no estarán integradas en el ejército; y
-los países donantes de ayuda que asuman costear y respaldar el establecimiento y funcionamiento de instituciones de transición en el país deben asegurarse de que entre los dirigentes del nuevo ejército, la nueva policía y las nuevas instituciones civiles de promoción de los derechos humanos no figuren personas sospechosas de haber cometido u ordenado la comisión de abusos contra los derechos humanos.

En el memorándum se aborda asimismo la necesidad apremiante de administrar justicia y acabar con la impunidad en el país. En los abusos generalizados que se cometen en la República Democrática del Congo están implicadas a un gran número de personas, entre ellas, algunas que ocupan actualmente puestos de poder. En el memorándum se exponen varias soluciones distintas para administrar justicia a nivel nacional e internacional por delitos excluidos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
«Los gobiernos congoleño, ruandés y ugandés deben adoptar medidas enérgicas para garantizar que se investiga y se hace comparecer ante la justicia a toda persona sospechosa de haber perpetrado crímenes de guerra y otros abusos graves contra los derechos humanos en el curso del conflicto librado en la República Democrática del Congo», ha instado Irene Khan.
«La verdadera prueba de la validez del proceso político en la República Democrática del Congo no estribará en las elecciones previstas para dentro de dos años, sino en la buena disposición y la capacidad de los gobiernos congoleño, ruandés y ugandés para adoptar de inmediato medidas para frenar a los grupos armados y poner fin a los abusos contra los derechos humanos en la zona este del país», concluía la secretaria general de la organización.

Información general
En octubre de 2003, una delegación de Amnistía Internacional, encabezada por la secretaria general de la organización, Irene Khan, visitó la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda para reunirse con defensores de los derechos humanos y miembros de organizaciones humanitarias y para celebrar conversaciones de alto nivel con las autoridades de estos países y altos funcionarios de la ONU. Además de visitar la capital de estos tres países, en la República Democrática del Congo la delegación se desplazó hasta Goma, en la provincia de Kivu Septentrional, y Bunia, capital de la provincia de Ituri, en el este del país.

La visita de Amnistía Internacional se planificó a fin de que coincidiera con los nuevos acontecimientos políticos en la capital, Kinshasa, tras la retirada oficial del territorio congoleño de las fuerzas gubernamentales de Ruanda y Uganda y el establecimiento, en junio de 2003, de un gobierno de transición integrado por representantes del anterior gobierno, grupos políticos armados, partidos políticos de la oposición y miembros de la sociedad civil congoleña. Con la visita se pretendía hacer hincapié en la función y responsabilidades del nuevo gobierno, los grupos políticos armados y los gobiernos de Ruanda y Uganda en la promoción y protección de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, poniendo especial énfasis en las regiones de Ituri y Kivu, en el este del país, regiones que continúan envueltas en la violencia y los abusos contra los derechos humanos.

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