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Amnistía Internacional presenta el informe "España: ¿Somos
todos iguales ante la ley?"
Se mantienen graves limitaciones en los derechos de refugiados,
solicitantes de asilo y personas inmigrantes
Madrid.- Recientemente, los dos partidos políticos
mayoritarios en el Congreso español, el Partido Popular
(PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han llegado
a un acuerdo sobre un conjunto de enmiendas presentadas por el
PSOE para reformar la actual ley de extranjería. Para Amnistía
Internacional (AI), este acuerdo contiene algunas mejoras respecto
al proyecto inicial presentado por el Gobierno; pero aún
se mantienen graves limitaciones en los derechos humanos de las
personas inmigrantes, de los refugiados y solicitantes de asilo,
lo que aumenta el riesgo de tener una justicia de dos clases.
"Las autoridades españolas están obligadas
a garantizar la protección de los derechos humanos de todas
las personas que se encuentran en su territorio, tengan éstas
o no el status legal de residente o nacional. Esta reforma de la
legislación de extranjería es una nueva oportunidad
para que las autoridades españolas cumplan con su obligación
de garantizar los derechos humanos de los refugiados, solicitantes
de asilo y personas migrantes", ha afirmado Esteban Beltrán,
director de la AI en España.
El informe:"ESPAÑA: ¿Somos todos iguales ante
la ley?", que la organización de derechos humanos presentó hoy
26 de septiembre recoge con preocupación que la desigualdad
ante la ley de todas las personas que se encuentren en territorio
español pueda profundizarse con esta nueva reforma.
Preocupaciones Generales al proyecto de reforma
de la ley de extranjería
Amnistía Internacional lamenta que
la nueva reforma:
- Siga sin garantizar el derecho a la asistencia letrada
gratuita de los extranjeros con independencia de su situación
administrativa, incluidos polizones; pese a la sentencia del pasado
mes de mayo del Tribunal Constitucional en la que se reconocía
este derecho para los inmigrantes indocumentados en los mismos
términos que para los españoles.
- No recoja garantías de protección para
las mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia
doméstica, ya que son ellas las que más obstáculos
encuentran para acceder a las redes de protección integral.
- No contemple la posibilidad de otorgar visados
a quienes necesiten salir de su país para pedir asilo. Al igual que
tampoco recoge que la exención de visado se pueda aplicar
a aquellas personas que no pueden volver a su país para
regularizar su situación debido a la existencia de un
conflicto armado.
- No reconozca el derecho de reunión, asociación,
manifestación y derecho a huelga de todos los extranjeros
sean o no residentes; cuando todos los instrumentos internacionales
de derechos humanos prevén que todas las personas podrán
gozar de estos derechos, sin tener en cuenta nacionalidad, raza,
sexo o cualquier otro motivo de discriminación.
- Incorpore la caducidad del empadronamiento
de los extranjeros en España al cabo de dos años, lo que limita el único
cauce existente hasta el momento para visualizar a las personas
que habitan en un determinado municipio, y permitirles con ello,
el acceso a los derechos fundamentales como sanidad, educación
o ayudas sociales de emergencia.
Amnistía Internacional también reconoce ciertas
mejoras en la reforma en curso como el permiso de residencia independiente
para las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género
que han llegado vía la reagrupación familiar, la
autorización de residencia por motivos humanitarios o por
colaboración con la justicia sin necesidad de visado, y
la creación de un Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia.
Sin embargo, AI en el informe presentado
hoy realiza una serie de recomendaciones que pretenden ayudar
a las autoridades españolas
a garantizar una protección efectiva de los derechos humanos
de los refugiados, solicitantes de asilo y personas inmigrantes.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
AI no se opone al derecho de los Estados
a controlar su inmigración
y reconoce que tienen derecho a regular la entrada de los extranjeros
en su territorio. Sin embargo, le preocupa que el control de la
inmigración pueda impedir que los refugiados soliciten asilo
y que, por tanto, obtengan protección para no ser devueltos
a un país donde corren el riesgo de ser víctimas
de violaciones de derechos humanos. Por ello, la organización
recomienda que:
- se ratifique la convención internacional sobre
la protección de todos los trabajadores y trabajadoras
migrantes y de los miembros de su familia.
- se incorpore una garantía
expresa del derecho a la asistencia letrada de los extranjeros.
- se reconozca expresamente el derecho
de reunión, asociación
y manifestación de todos los extranjeros sean o no residentes.
- se arbitren mecanismos
para proteger a las mujeres inmigrantes victimas de violencia
de género.
- desaparezcan
los obstáculos que se imponen a las personas migrantes
para
- acceder al padrón.
- se elabore un plan estatal de
lucha contra el racismo.
- no se impongan sanciones a las compañías
transportistas que traigan solicitantes de asilo.
- que se establezcan garantías adecuadas de protección para
las personas beneficiarias de protección internacional.
La organización de derechos humanos espera que todas estas
recomendaciones puedan subsanarse durante el tramitación
del proyecto de la nueva reforma de la Ley de Extranjería
en las Cortes Generales.
Más
información
» Gabinete de prensa de la Sección
Española de Amnistía Internacional:
91 310 12 77
» Centro de Documentación
de AI: web.amnesty.org/library/eslindex
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