Colombia: La tortura, en aumento.
Nuevo informe de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos

En un nuevo informe sobre la tortura en Colombia, Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento al gobierno colombiano para que aumente sus esfuerzos por combatir esta horrible práctica y poner fin a la impunidad.

El informe se presenta a la vez que el Comité contra la Tortura, de la ONU, da a conocer sus observaciones finales sobre la situación de la tortura en Colombia.

Amnistía Internacional ha documentado información que indica que el fenómeno generalizado de la tortura a manos de las fuerzas de seguridad colombianas, sus aliados paramilitares y los grupos armados de oposición va en aumento en el país.

Los últimos datos relativos a la tortura indican que, entre julio de 1996 y junio de 2001, fueron torturadas más de 1.200 personas, a más del 88 por ciento de las cuales mataron posteriormente.

Según informes, en alrededor del 55 por ciento de los casos, la tortura es cometida por paramilitares respaldados por el ejército; en el 11 por ciento, directamente por las fuerzas de seguridad, y en casi el 7 por ciento, por grupos armados de oposición. En los casos restantes se ignora de quién es la responsabilidad.

Durante 2002 fueron víctimas de homicidio por motivos políticos más de 4.000 civiles, “desparecieron” más de 1.000 personas, se vieron desplazadas más de 400.000 y fueron secuestradas al menos 2.700, alrededor 1.500 de ellas por grupos armados de oposición o paramilitares.

A Amnistía Internacional le preocupa que la política del gobierno tenga por objeto reforzar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos (incluidas torturas), ocultar tales violaciones a la opinión pública nacional e internacional y hacer callar a los sectores que las denuncian e investigan.

En este contexto, el gobierno está creando las condiciones necesarias para que la tortura continúe, e incluso aumente.

El nuevo informe de Amnistía Internacional contiene numerosos ejemplos de tortura, entre ellos los casos de las personas siguientes:

José Amancio Niasa Arce, estudiante de 15 años que fue obligado a apearse del autobús en el que viajaba por tropas del Batallón Manosalva Flórez. Su cadáver, que, según informes, presentaba marcas de tortura, apareció días más tarde vestido con un uniforme de estilo militar.

Varios miembros de la Organización Femenina Popular (OFP) que habían denunciado casos de tortura y trato cruel, inhumano y degradante de jóvenes y mujeres a manos de grupos paramilitares respaldados por el ejército, ocurridos en Barrancabermeja, departamento de Santander, y en las comunidades circundantes en 2002.

Juan Carlos Celis González, defensor de los derechos humanos. El 11 de diciembre de 2002, unos policías irrumpieron en su casa, lo esposaron, lo tiraron al suelo de un empujón, lo apuntaron con un arma, le cubrieron la cabeza con una chaqueta y lo obligaron a admitir que era “El Ingeniero”, personaje supuestamente responsable de colocar coches bomba en Bogotá.

Juan Carlos Celis, así como otros presos de la cárcel de Cómbita, departamento de Boyacá, a los que han dejado a la intemperie durante largos periodos. Según informes, les han dado alimentos podridos o que parecían haber sido contaminados.

Información general

Al presentar, hoy, sus observaciones finales en Ginebra, el Comité contra la Tortura ha reiterado una vez más su preocupación por el uso generalizado que las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Estado hacen de la tortura en Colombia.

El Comité ha destacado también su preocupación con respecto a la nueva legislación antiterrorista que se está aprobando o se halla en proceso de ser adoptada en Colombia, pues justifica el uso de la tortura.

En dicha legislación se proponen medidas como conceder atribuciones judiciales a las fuerzas militares y suspender la pena a los grupos armados que se desarmen voluntariamente, aunque estén acusados de delitos de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. De este modo se fomentará aún más la impunidad.

El informe del Comité finaliza con una serie de recomendaciones a las autoridades colombianas, entre ellas que tomen medidas efectivas para poner fin a la impunidad en los casos de tortura y realizar con prontitud investigaciones imparciales y exhaustivas para llevar ante la justicia a los torturadores.

Consulta el informe completo

Más información
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